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Por cuenta de varias declaraciones que parecieran ir en contravía por parte del Gobierno, el futuro de los jóvenes detenidos por acciones cometidas en el marco de la protesta social ha generado confusión. Por eso los ministros del Interior, Alfonso Prada; Justicia, Néstor Osuna, y Defensa, Iván Velásquez, así como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, han tenido la tarea de aterrizar la propuesta del presidente Petro sobre otorgar libertad a varios de ellos para que aporten en la construcción de paz.
Así las cosas, tras varias especulaciones, se conocieron los nombres de los primeros jóvenes que participarán como voceros de paz y apoyarán al Gobierno con la política de “paz total”, aprobada por el Congreso a través de la Ley 2272 de 2022. Se trata de dos mujeres y cinco hombres, entre indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas. Según el ministro Osuna, fueron capturados por delitos menores relacionados con la protesta social, como la afectación del bien público o privado, obstrucción de vías o irrespeto a la autoridad.
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Se trata de Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, quienes fueron sugeridos al presidente por la comisión de ministros luego de revisar más de 200 perfiles. “El presidente los acogerá mediante una resolución y eso deberá ser notificado a los jueces”, señaló Prada, quien también argumentó que el Ejecutivo no está metiendo mano en la división de poderes. “Este gobierno respeta la protesta social, pero no nos involucramos en los procesos judiciales. Los jóvenes deberán seguir sometidos a la justicia y, si son condenados, tendrán que pagar sus penas”, dijo.
A ojos de expertos, que el Gobierno no haya sido claro desde el principio fue una equivocación, sin embargo, para la profesora María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, “es una propuesta audaz”, igualmente “es interesante que hayan escogido a jóvenes que están respaldados por organizaciones sociales, eso quiere decir que tienen liderazgo”. Precisamente, desde el Gobierno dicen que escogieron perfiles de acuerdo con “la utilidad para la reconciliación y que con su labor puedan ayudar a restablecer el tejido social, que se ha roto por la protesta, la pobreza y dificultades del país”.
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¿Cuál será el papel de los jóvenes?
Si bien, al principio, el presidente dijo que serían “gestores de paz”, lo cierto es que esa figura solo puede ser aplicada para integrantes de grupos armados organizados que vayan a ser mediadores en diálogos. Por eso, quienes fueron capturados durante las protestas serán “voceros de paz”, un mecanismo que quedó en la Ley de Paz Total, recientemente aprobada. De acuerdo con la norma, puede ser vocero “una persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado, participa en los procesos, diálogos, negociaciones y acuerdos”.
El Gobierno también aseguró que no hay que confundir esta figura con otro programa anunciado por Petro para entregar un incentivo de $1 millón mensual a 100 mil “gestores para la vida”: serían jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia, pero no quienes fueron judicializados por la protesta. De acuerdo con información oficial, los últimos serán parte de una propuesta concebida como “la paz del barrio” y no recibirán un salario.
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Para claridad, el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico), quien lidera en el Congreso la comisión accidental sobre las personas capturadas durante la protesta, dijo a El Espectador que cumplirán un papel similar al de los gestores de convivencia, que funcionan en Bogotá para las manifestaciones. “Ellos no tendrán nada que ver con la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), pues no son representantes de grupos armados, son voceros de organizaciones sociales que pueden contribuir al proceso de paz”, señaló.
“Es una medida sobre cómo ellos pueden trabajar por la comunidad en el restablecimiento de relaciones que han sido rotas (…) veníamos de una visión en la que los muchachos que protestan hay que meterlos a la cárcel. Pero esta es una visión que respalda que sí cometieron unos hechos, no se van a desconocer, pero habrá medidas restaurativas”, dice Zapata.
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¿Qué sigue generando dudas?
De acuerdo con el profesor Egoitz Antón, director de posgrados en Resolución de Conflictos de la Javeriana, “hay un esfuerzo consciente y claro para que la iniciativa funcione. (…) Los jóvenes capturados conocen los tejidos sociales de los barrios mejor que el Gobierno. Por lo tanto, son agentes claros para acometer esa tarea”, sin embargo, agrega que “faltará ver lo que ocurre con esa propuesta de aquí en adelante”, pues todavía no son claras las tareas y el control de las mismas.
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Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de los jóvenes, pero de acuerdo con el representante Uribe, “están dispuestos a aportar a la paz y la voluntad ha sido verificada” por la comisión que él preside, con la que han visitado las cárceles y ayudaron a recoger el censo en compañía de los familiares.
Por otro lado, el Gobierno asegura que para garantizar que cumplirán con sus tareas, tendrán que firmar un acta de compromiso con el comisionado de Paz, Danilo Rueda, así como tomar un diplomado virtual en construcción de paz y resolución de conflictos sociales. Para ese momento, según Osuna, se asignarán unas “labores específicas” Al respecto, la profesora Zapata concluye que es importante preguntarse “cómo se va a hacer seguimiento a los acuerdos firmados y cómo se van a demostrar evidencias de lo que se está haciendo”.
Por Laura Duarte Sandoval
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