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Jaque a la justicia

Rodolfo Arango
19 de septiembre de 2012 – 06:00 p. m.

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¿Qué tienen en común la reelección del procurador y las negociaciones de paz? Para algunos la asociación podría resultar disparatada. Pero no lo es tanto. La reelección del señor Ordóñez involucra clientelismo entre funcionarios deseosos de preservar puestos, “administrar” procesos judiciales y disciplinarios (en particular el de la Dirección Nacional de Estupefacientes) y promover agendas ideológicas en calidad de tribuno popular.

 En el otro extremo, los negociadores de paz responden por la esperanza de superar el conflicto armado que comparten millones de colombianos. Ambos episodios, aparentemente tan diversos, ponen en jaque a la justicia. En el caso del procurador, la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos políticos es burlada con reparto de burocracia por quien pretende reelegirse. Se ofende gravemente la justicia en el acceso a cargos oficiales cuando quien ya ejerce la autoridad y teniendo en mente su reelección nombra a familiares de sus potenciales nominadores, en este caso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Que la ley no prohíba la argucia es un mal argumento. No todo lo que la ley no prohíbe es acorde con la moralidad pública como valor constitucional. Quien posa de “adalid de la moral” debería saberlo. El César no sólo debe ser honesto, sino parecerlo…

Por el lado de la negociación de paz, Temis, la diosa justicia, parece depender ahora de las conveniencias políticas. Así lo ha adelantado el presidente Santos en la posesión de su alto consejero de Paz, Sergio Jaramillo: será el Congreso el encargado de trazar el límite entre justicia y paz. El supremo bien de la paz justifica grandes sacrificios del lado de la justicia. Es ciertamente un costo alto que racionalmente tendríamos que estar dispuestos a pagar, más si pensamos en el sufrimiento y la violación de derechos de otros que nos ahorraríamos en caso de alcanzar un acuerdo que motive a las partes a deponer definitivamente las armas. Pero lo racional no siempre es razonable. Si los negociadores quieren que los ofensores renuncien para siempre a sus métodos violentos tendrían que asegurar los mecanismos para permitirles recobrar el sentido de la justicia, responder por sus actos y avergonzarse del sufrimiento y de la humillación causados a tantos inocentes.

Los dos sucesos arrojan enseñanzas para el diseño de una comunidad justa. Una sociedad que opaca la virtud de la justicia torna la vida humana —como dice Hobbes— en peligrosa, brutal, solitaria y corta. El país sería un mejor país si quienes ocupan posiciones de poder entendieran que su mejor servicio público es dar un intachable ejemplo, lo cual excluye intercambios de favores para acceder a o mantenerse en el poder. Una paz duradera, por su parte, debe construirse no sólo mediante acciones estratégicas. La ley no es simple pacto de mayorías; según Martha Nussbaum, es el repertorio emocional de la sociedad. Un marco legal justo exige atender los sentimientos de las víctimas, en especial contribuir a calmar el rencor y a apaciguar la indignación. Para ello es indispensable asumir la culpa y trabajar la vergüenza, no simplemente buscar ventajas con base en autojustificaciones de los actores en conflicto.

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