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Que tenga que decir el presidente del Congreso que hay que blindar a nuevos partidos políticos para que puedan opinar, como forma de participación democrática, lejos de presiones de organismos de control, es para preocuparse en un país que se dice garantista como el nuestro.
Que sea el procurador el que salga a respaldar la llamada “Ley Lleras 2.0”, a pesar de denuncias por constreñimiento a la libertad de expresión al impedir retransmisión de señales televisivas o a la de educación, como han documentado el senador Robledo y el programa Justicia Global, es para levantar alertas.
Pero que el mismo día salga el fiscal general a confirmar que abrirá investigación penal por comentarios homofóbicos (e irresponsables) de la emisora Los 40 Principales arrasa con todo, desde el sentido común hasta la fe en la patria.
¿Qué nos pasó? ¿Desde cuándo olvidamos los problemas fundamentales para ensañarnos con los derechos y libertades, cuyos pilares son la opinión, la posibilidad de expresión y el acceso a la información, y que avivan la esperanza de una nación digna?
Nadie discute que haya que establecer responsabilidades en medio de disensos y de respeto. Que quienes opinen estén dentro de la ley, claro; que se respeten derechos de autor y de empresa, claro; que la emisora pida perdón, como lo hizo, por su craso error, claro; ese es un tipo de rectificación. Y hace falta más, claro… Como una profunda reflexión sobre la calidad de contenidos radiales, especialmente en la mañana… Claro que sí.
Pero la sanción autoritaria, o su sombra, no pueden ser paradigma de una sociedad que, se dice, en reconciliación. Menos aún, cuando hay voces que piden reglamentaciones, códigos y límites a la libertad de información acerca del proceso de paz. Hay que perder el miedo a la libertad, como diría Erich Fromm, en medio de la autorregulación. Tenemos que aprender.
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