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A los múltiples intentos por proteger la reserva Thomas Van der Hammen de obras como la extensión de la avenida Boyacá hacia el norte, se suma un nuevo recurso judicial, que se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el que se busca equilibrar la carga ambiental en la zona de protección. Se trata de una acción popular que radicó el concejal José Cuesta (Pacto Histórico), en conjunto con líderes ambientales.
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La prolongación de la avenida irá desde la calle 183 hasta la calle 235, parte de la cual estará financiada por el proyecto Lagos de Torca, el complejo inmobiliario en construcción, que proyecta habilitar 135.000 viviendas en el norte de Bogotá. A finales del año pasado el Distrito entregó las obras correspondientes al tramo entre la calle 170 a calle 183. No obstante, la licencia ambiental para el tramo que atraviesa la Van der Hammen fue demandada por el Ministerio de Ambiente el año pasado, en cabeza de la entonces ministra Susana Muhammad.
El conflicto radica en que para hacer el corredor se autorizó la sustracción de 20,8 hectáreas de las 1.395 que conforman la reserva. Aunque parece poco, pues apenas representa 1,4 % del total de la zona protegida, líderes ambientalistas y de las localidades Usaquén y Suba consideran que la sustracción afectaría radicalmente la reserva por pasar por el corazón de esta. Por su parte, Lagos de Torca, ha manifestado que la extensión se realizará bajo los principios de “respeto, armonización con el medio ambiente, desarrollo sostenible y participación ciudadana”.
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Sobre la demanda de la exministra Muhamad, Lagos de Torca se pronunció el año pasado indicando que la obra sigue, pues no hubo ninguna medida cautelar sobre las actividades planeadas, y la licencia que otorgó la CAR en 2023 sigue en firme. Está en manos del Consejo de Estado dar un concepto sobre la licencia. Ahora, con la nueva acción popular del concejal Cuesta, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tendrá que aclarar si hay motivos suficientes para discutirla a fondo o no.
¿Qué busca la Acción Popular?
El concejal José Cuesta, quien radicó la acción legal, explicó a El Espectador que el documento es el resultado de 10 meses de trabajo en conjunto con líderes y lideresas ambientales. Su motivación viene de tiempo atrás, en particular, porque a sus ojos, la obra de la Boyacá se estructuró “en beneficio del negocio inmobiliario”.
Aunque reconoce que su objetivo es tumbar la sustracción de las hectáreas, el equipo de ambientalistas que apoyó la formulación de la acción, dice que ya es tarde para evitarlo y mencionan que buscan armonizar las obras, para evitar desastres ambientales como lo que ocurre en la Autonorte, que se inunda cuando llueve a cántaros.
“Cuando era subsecretario de Gobierno en 2013 comenzó mi vínculo con la Van Der Hammen”, señaló Cuesta. “Aquí lo que hemos visto es que se sacrifica esa conectividad ecosistémica para permitir que fluya la conectividad vial, que es la que requiere el gran capital inmobiliario en la ciudad de Bogotá. Por ello, me di la tarea, juiciosamente y en silencio, desde el inicio del nuevo periodo como concejal en el año 2024, a construir una pieza jurídica. Esta acción, que no podía ser express, implicó maduración técnica, científica y jurídica de 10 meses”, indicó el cabildante.
Lina Prieto, lideresa ambiental y quien preside comisiones en defensa de los Cerros Orientales y otras zonas de reserva, recientemente estuvo liderando las mesas para formular la acción popular. Según ella, el documento busca que las obras adopten los sistemas necesarios, para evitar la fragmentación de la reserva, es decir, no buscan frenar toda la obra. “Yo sí quiero la obra, pero bien. La acción popular es nuestro recurso público para intentar obtener de este proceso un buen impacto ambiental, una mitigación y también que las comunidades se apropien del proyecto que se va a ejecutar”, dijo.
En concreto la acción popular tiene cuatro pretensiones: Primero, que se proteja el derecho colectivo a un ambiente sano, así como la defensa del patrimonio; segundo, ordenar a la Sociedad Fiduciaria Bogotá S.A, a la CAR de Cundinamarca, a la Alcaldía de Bogotá y a la Administradora del Fidecomiso Lagos de Torca cesar la “puesta en peligro del derecho a un ambiente sano”, y tercera, armonizar las obras con los criterios de evaluación del impacto ambiental, de lo contrario, “suspender toda obra que pueda afectar la reserva”.
Por último, proteger la conectividad ecológica y ambiental de la Van Der Hammen ante “la falta de aplicación de un plan de manejo ambiental, al utilizar un modelo de construcción tradicional sin contar con las medidas especiales para intervenir los suelos de protección de clase agrológica II y III, lo que causaría daños graves al ecosistema integral, puesto que este tipo de suelos son irremplazables”, dice el texto.
Para el concejal Cuesta, la “admisión de la demanda ya es un triunfo gigantesco. Cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite esa pieza sólida, conceptualmente hablando, desde el punto de vista ambiental y jurídico, me permitió también asistir a la primera audiencia pública como el responsable de la Acción Popular, para que los señores de la fiduciaria del Largo de Torca presenten una propuesta de compensación”. Propuesta a la que también se opuso el cabildante, según informó y que habla de la compensación de más de 64 hectáreas por las 20 sustraídas.
María del Pilar García Pachón, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, quien fue directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente (2009-2023), apunta que para llegar al licenciamiento de esta obra, otorgado por la CAR, se dispuso de este ‘contrapeso’, para compensar lo que se planea retirar de la reserva y que el concepto de la CAR fue concluyente.
“Imaginando que había que tomar medidas estrictas a la Alcaldía, esta compensación se estableció de 1 a 3, cuando normalmente es de 1 a 1, por la relevancia del impacto del proyecto en su conjunto. Para poder hacer la vía, se tiene que tramitar la licencia ambiental ante la CAR. Corresponde a esta entidad analizar el impacto ambiental del proyecto”, señala García.
La experta dice haber conocido el concepto que emitió la corporación y “lo que se puede ver es que el ecosistema natural está afectado, ya existe una afectación previa por actividades humanas. Según la CAR, la afectación de la sustracción no representa la totalidad de los bosques y no afecta una parte sustancial de la reserva, es el concepto técnico. Pero más allá de toda discusión creo que habría que encontrar un equilibrio entre las necesidades de la mejora de la movilidad y las de conservación”.
La ampliación de la avenida Boyacá continúa
Con una inversión de más de $190.430 millones, las obras continúan para llevar la Boyacá de la calle 183 a la 235, o como lo denomina el plan Lagos de Torca, las avenidas San Antonio y Polo, una prolongación de 4,6 kilómetros. El avance, según el semáforo del proyecto va en 24,08 % (debería ir en 46,67 ).
Esta obra, además de conectar el norte de la ciudad con la sabana y de paso ser alimentadora del proyecto inmobiliario, es presentado como una solución de movilidad para aliviar los traumas de la salida al norte de Bogotá, que hoy están colapsadas.
Tendrá un perfil vial de 69 metros, de los cuales solo se intervendrá el 47%. “La cimentación de la vía se hará con columnas de grava, un material granular que permite el paso del agua. Se construirán redes matrices de acueducto, sanitarias y un colector de aguas lluvias que desemboca en el río Bogotá”, aclaró desde el inicio de las obras Lagos de Torca.
“Diseñada con los más altos estándares de calidad, esta extensión no solo aliviará el tráfico, sino que también mejorará las condiciones sanitarias en la zona noroccidental de la ciudad, con la construcción de redes matrices de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, lo cual mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. Además, el proyecto plantea la construcción de redes sanitarias que hoy no existen, permitiendo el direccionamiento correcto de las aguas residuales a la planta de tratamiento del Salitre”, señalaron.
Sobre las reservas ambientales, el proyecto afirma ser diseñado con el fin de “respetar y conservar los activos ambientales de la zona, como el humedal Torca Guaymaral y la reserva Thomas Van der Hamen. Desde Lagos de Torca, estamos trabajando en la recuperación y reconformación del humedal y esperamos potenciar el papel fundamental que juega la reserva en términos ecosistémicos”.
La Secretaría de Ambiente ha afirmado que durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se han aumentado en 30 % el número de hectáreas a restaurar en la Van der Hammen. Adriana Soto jefe de esta cartera, indicó: “la reserva Van der Hammen se declaró en el 2011 como tal y en 14 años, se han restaurado un poco más de 55 hectáreas de las 1.395. Eso es cerca del 3.7% de la reserva. En solo dos años, hemos realizado procesos de restauración en 15 hectáreas nuevas, lo que representa casi un 30 % adicional frente a lo restaurado en los 11 años anteriores. Es decir, se avanzó en dos años lo que antes tomó más de una década. En el marco de este esfuerzo, ya se han sembrado 5.187 árboles y arbustos nativos en la reserva”, señaló la cartera.
Adicional, la cartera destaca el nuevo mecanismo “transferencia de derechos de construcción” que permite que los dueños privados de la reserva, que son el 95% de toda su extensión, puedan ceder el predio a la Secretaría voluntariamente para su conservación y restauración y a cambio obtiene certificados de edificabilidad en la ciudad para construir vivienda de interés social. Con corte a julio de este año, ya había 200 procesos para transferencias.
En suma, la protección de la Van der Hammen es un proceso colectivo que continúa nutriéndose y siendo un punto de suma importancia y debate de conservación ecológica en el norte de la capital, así como de veeduría a Lagos de Torca. Y mientras avanza el proyecto vial, por lo menos, hasta una nueva notificación del Tribunal de Cundinamarca sobre esta nueva acción popular, habrá que ver si este nuevo recurso surtirá efectos.
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Por Juan Camilo Parra
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