La subasta del 4G

La situación de Comcel-Claro es especialmente crítica. En razón de su posición dominante en la telefonía celular, representada por una participación del 65% en el mercado, y de su enorme capacidad de inversión, el acceso al G-4 la colocaría en condiciones de repetir el juego en todas las bandas anchas, en particular en internet y la televisión. Muy pocos estarían en capacidad de soportar la rivalidad. La solicitud de los senadores de excluir a Claro-Comcel de la subasta está fundamentada en la misma normatividad oficial que declaró la empresa en posición dominante, sin mayores repercusiones prácticas. Es lo mínimo que se puede hacer para evitar que persista y se afiance el estado irregular.

Laserna justifica su posición diciendo que nadie defiende los monopolios y el ministro de Comunicaciones, Diego Molano, señala que el Gobierno propiciará la competencia incluyendo a los mejores en la licitación. Las diferencias, aparentemente irreconciliables, tienen un alto grado de semántica. El error del ministro se origina en la mistificación de la competencia, que se asimila al bien común. En los sectores que operan con costos decrecientes, la competencia conduce a poderes monopólicos que se emplean para obtener la máxima ganancia a cambio de lesionar a las grandes mayorías. Por eso es conveniente restringirla.

Como bien lo reconoce Robledo, la solución de la subasta no es suficiente. En efecto, plantea avanzar en un proyecto de ley que impida las prácticas monopólicas en el sector de las comunicaciones; en particular, sugiere una norma que limite la participación de los operadores a un porcentaje máximo, como ocurre en el sector eléctrico.

Hace quince años, cuando participé en la comisión de privatización de Telecom, sostuve que la venta de las empresas públicas de telecomunicaciones significaba el traslado del poder monopólico al sector privado, con el agravante de que su control está expuesto a toda clase de dificultades prácticas. Hoy en día las comisiones de regulación, e incluso el Ministerio, no tienen los medios institucionales para enfrentar los grandes poderes de los consorcios dominantes. La verdad es que en el mercado de las telecomunicaciones el interés común no será posible sin una amplia presencia del Estado en la forma de empresas públicas que sirvan de contrapeso y de referencia para regular las empresas privadas y orientar el sistema dentro de un marco de equidad, eficiencia e innovación.