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Al momento de escribir esta columna, la alcaldesa Claudia López ha anunciado que pedirá permiso al Gobierno nacional para volver a una cuarentena estricta, puesto que la ocupación de las unidades de cuidado intensivo (UCI) en Bogotá está cercana al 70 %. Esto después de, por enésima vez, implicar que el Gobierno nacional no le ha entregado los ventiladores que tanto se necesitan para ampliar las UCI hospitalarias.
El gobierno local parece haber diseñado una solución que depende exclusivamente del Gobierno nacional para lograr ampliar las UCI. ¿Por qué el gobierno distrital no salió a buscar, como fuese y donde fuese, ventiladores adicionales a los que prometió el Gobierno nacional? ¿Por qué no lo ha hecho ahora? ¿Por qué decide una cuarentena estricta con aún el 30 % de la capacidad disponible? No es por falta de recursos. Bogotá es una ciudad con plata, por lo menos con la suficiente para poder adquirir unos ventiladores que tanta falta le hacen a la ciudad, tres meses después de que inició el aislamiento preventivo obligatorio.
Y lo peor de todo es que encerrar de nuevo a la ciudadanía en una cuarentena generalizada probablemente sería catastrófico. Hay varias razones que se deben considerar antes de tomar una decisión tan drástica como esta.
La primera es una de asimetría estadística, por llamarlo de alguna forma. La obsesión por seguirle el pulso a la pandemia del COVID-19 ha hecho que se tengan datos en tiempo real, visibles de manera inmediata, sobre contagios, recuperados y ocupaciones hospitalarias, entre otras. Sin embargo, la ciudadanía sigue padeciendo otras dolencias, unas ampliadas de manera profunda por el encierro, pero que no tienen estadísticas tan dinámicas como las del COVID-19. Tratamientos cancelados o suspendidos de otras enfermedades graves, efectos mentales del encierro, ausencia de diagnóstico de otros problemas de salud, violencia infantil, maltrato a la mujer, desnutrición, retraso en calendarios educativos e inseguridad ciudadana, tema en el que también se trató, de manera torpe, de culpar al Gobierno nacional. A nada de esto se le hace seguimiento estadístico igual que al COVID-19. Y tener visible la pandemia en tiempo real, y no lo otro, lleva a tomar decisiones que a veces no son las más acertadas, muchas veces cortoplacistas.
Otra razón es la inmediatez de los efectos de las decisiones tomadas y la facilidad de mantener a la gente encerrada. Estos efectos son evidentes, francos, palpables de manera inmediata. Los beneficios de tratar de abrir la economía, de recuperar gradualmente la actividad productiva y social, no lo son. Infortunadamente lo uno produce noticia; lo otro es lo que realmente produce bienestar.
En esto no hay dilema moral. Hay que meter todo en la ecuación. No se puede seguir haciendo política pública y tomando decisiones sin tener, con el mismo grado de importancia, el COVID-19 y el resto de los temas que afectan igualmente la vida en sociedad. Todas las muertes son lamentables, tanto las causadas por el COVID-19 como las causadas por otros factores. Y no se está decidiendo entre la vida y la muerte, se está decidiendo es la causa y el momento.
La tercera razón es que lo más fácil para la autoridad, sin duda, es volver a encerrarnos. Que pague la ciudadanía. Pero los efectos de una segunda cuarentena serían devastadores para la sociedad y la economía.
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