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“Entren allá para que vean que hay gente que se está pudriendo, que se está acabando en ese antro humano”. La voz es de un hombre moreno que lidera una manifestación sobre condiciones dignas de reclusión, de cerca de 60 personas que se concentran a las afueras de la cárcel de mediana y máxima seguridad de Valledupar, conocida popularmente como La Tramacúa. Son las 10 de la mañana y ya hay un sol que quema la piel. Portan sombrillas, viseras y camisetas blancas con el letrero “Paz Total”. La mayoría son mujeres y algunas se atreven a anotar razones o mensajes en papel para que la comitiva de abogados o funcionarios, que ese día entran al penal, se los lleven a sus familiares privados de la libertad.
La Tramacúa, la “mamá de las cárceles”, como se conoce entre los presos, fue creada hace 22 años. Fue la primera que se construyó en Colombia con la asesoría directa del Bureau Federal de Prisiones de Estados Unidos, en el Plan Colombia del presidente Andrés Pastrana, y cambió el modelo carcelario del país. Se creó bajo la idea de que allá irían a parar los presos más peligrosos o los que merecían los castigos más severos y la muerte a golpes de uno de estos, por la guardia, recién inaugurado el penal, marcó este devenir. “El tratamiento consistía en la humillación permanente, en sostener relaciones de poder arbitrarias y exacerbadas que llevaban a la guardia a la utilización de la tortura y el maltrato”, recuerda la abogada Gloria Silva, del Equipo Jurídico Pueblos, una organización que se dedica a defender los derechos humanos de los presos, en especial de quienes están recluidos por delitos políticos.
Silva explica, mientras pasamos los filtros de seguridad, el sello invisible sensible a la luz ultravioleta que ponen en el brazo para evitar “un cambiazo” con algún preso y el escáner de armas u objetos cortopunzantes. Silva comenta, mientras avanzamos por los corredores del penal, que a diferencia de otras cárceles en el país el problema mayor de La Tramacúa no es el hacinamiento, es la escasez de agua. “En una ciudad con este clima de 40 grados, con estas estructuras que encierran mucho más calor en el día y mucho frío en la noche, el agua se convierte en un asunto de vida o muerte”, dice mientras señala los enormes bloques de concreto y las rejas de hierro forjado de la estructura del penal.
La falta de agua, incluso, ha terminado en muchísima violencia dentro de la cárcel. “¿Cómo van a construir una cárcel en un sitio donde no hay suficiente abastecimiento de agua?”, dice, y cuenta que hace cinco años era notablemente peor. “Tú entrabas aquí y todo olía a mierda. Hasta los presos se defendían y atacaban a la guardia con su propia mierda y orines. No había agua para tomar, ni para bañarse, ni para limpiar. Los problemas de higiene eran enormes y eso tenía un impacto muy fuerte en la salud. Todo era tan sórdido. A raíz de todo eso se presentaron muchísimas tutelas y salió un fallo de la Corte Constitucional (en el año 2014) que ordenó mejorar las condiciones de reclusión, como el suministro de agua”. Hoy las condiciones no son las mismas, pero según la abogada y varios de los presos, el problema del agua persiste, así como la tortura y humillación, pero de formas más sutiles.
“Hoy el problema acá, sobre todo, es el aislamiento prolongado en celdas de castigo, aunque el Inpec siempre lo ha negado. Se da bajo el cuento de que hay presos de difícil tratamiento, a quienes aíslan de todo su núcleo familiar y social. Por eso la gente aquí se descompone fácilmente. Y, según la guardia, no tienen otra alternativa que meterlos en las celdas de aislamiento de manera prolongada. Hace menos de tres años denuncié porque un detenido se suicidó en una celda de castigo, llevaba más de un mes en aislamiento permanente. Estaba a punto de obtener su libertad, cuando fue golpeado brutalmente por la guardia y aislado hasta que terminó con su vida. No es el único caso”, subraya.
El tratamiento varía de forma notable, según las denuncias, cuando el preso tiene dinero. Hace un año la Fiscalía descubrió una sofisticada red de corrupción de la guardia, en la que a través de un dron (pequeña aeronave no tripulada) entregaban celulares, hamburguesas, drogas, wisky. “Por la hamburguesa cobraban $250.000, la caja de arroz chino entre $400.000 y $500.000, por el ingreso de licor $1′000.000, por un celular $1′000.000, por una libra de marihuana $1′500.000, $2′000.000 por un paquete de sim card”, explicó el fiscal del caso, y en ese momento fueron detenidos siete guardias.
Pero el pasado jueves 15 de diciembre, en La Tramacúa, el ambiente era distinto, era de celebración, aunque hubo tensiones porque, al final, sin mayores explicaciones no dejaron que estuviera en el recinto Rafael Uribe Noguera, condenado a 52 años de cárcel por el secuestro, violación, tortura y asesinato de Yuliana Samboní, de siete años, en diciembre de 2016. Se trataba del cierre de la capacitación: “Herramientas para la ambientación de escenarios de negociación que conduzcan a acuerdos para la reconciliación y la paz”, dado a 43 presos de los más altos perfiles delictivos para las autoridades del país, y Uribe estuvo ahí, participando activamente.
En el auditorio había una mesa central, integrada por la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta; el coordinador de Justicia de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, Daniel Millares; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director nacional del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez; el representante de la Embajada de Suecia, Martin Sjögren, y el delegado de la Comisión de Conciliación Nacional, Manuel Tamara.
La iniciativa de capacitación surgió de la mesa de paz que establecieron 15 presos del pabellón seis, el de más alta seguridad de La Tramacúa, como lo reveló este diario hace dos meses. El espacio fue posible gracias a la participación de la Mapp OEA, la Embajada de Suecia y la Comisión de Conciliación Nacional.
“Este diplomado es lo que más rescato en tantos años de prisión”, dijo Jairo Hugo Escobar, uno de los principales voceros de la mesa de paz, conocido como el Zar del Oro, condenado a 55 años de prisión por el homicidio de cuatro mineros en Segovia, Antioquia. Y en eso coincidían varios de los que estaban ahí: “Antes del diplomado no teníamos la posibilidad de encontrarnos. Y una de las cosas que ha promovido el círculo de violencia casi interminable en Colombia es la imposibilidad de encuentro entre unos y otros, entre quienes pensamos diferente. Este encuentro ha sido fundamental para generar nuevas dinámicas de convivencia entre personas que venimos de grupos armados de orillas muy distintas. En estos talleres hemos aprendido a escucharnos. Somos personas que podemos aportar, por favor cuenten con nosotros para la ‘paz total’”, dijo Armando Ruiz, guerrillero del Eln, conocido como Cucho, condenado por el secuestro de un fiscal.
Este diario constató que desde que se instaló hace dos meses la mesa de paz y se realizaron estos talleres, la convivencia en los patios y con la guardia ha mejorado. A partir de este cambio de perspectiva, se dieron 20 traslados de presos para que estuvieran más cerca de sus familiares y se permitió que las celdas permanezcan abiertas, porque antes los presos solo podían estar durante el día en patios, a pleno rayo de sol, hasta que caía la tarde.
Consultado por El Espectador, el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, aseguró que esto es parte de la necesaria humanización y dignificación de la política carcelaria que tanta falta hacía. “La ‘paz total’ es inclusión, es respeto por el pensamiento de los demás. Y eso ayuda a que mejore la convivencia, no solo acá (en La Tramacúa), sino en otras cárceles. Por ejemplo, en Girón (Santander) hay unos patios del Eln donde están mezclados con guerrilleros, presos sociales, autodefensas, y se ve una muy buena convivencia. Nos comprometemos a desestigmatizar a los privados de la libertad. Desde el Inpec no queremos evaluar lo que hacían afuera, sino lo que hacen hoy adentro”.
Sobre las recurrentes violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad, aseguró no desconocerlas y mencionó que se están adelantando acciones: “Hace 15 días instalamos el observatorio de derechos humanos, con apoyo del Congreso y la fundación internacional Cárceles al desnudo. Vamos a hacerle seguimiento a eso que menciona: excesos de fuerza, malos tratos, salud, alimentación. Ya se instaló en La Picota y la idea es que se visiten todas las cárceles. Queremos empezar a tramitar esto con entes de control y ajustar y supervisar lo que es responsabilidad del Inpec, incluyendo los malos tratos por parte de los guardianes”.
Estos avances, sin embargo, aún no se ven en una reducción significativa de las extorsiones que provienen de esta cárcel, de acuerdo con los monitoreos del Gaula de la Policía. Para Armando Ruiz esto también tiene relación por la estructura de corrupción que hay detrás y que comprometería a funcionarios de la guardia. Para Carlos Robayo, o Guacamayo, “no es fácil disminuir la extorsión de la noche a la mañana”, pero a través de estas iniciativas hay “muchachos que se están poniendo la camiseta y la única manera es generando proyectos productivos en el interior que ayuden a generar ingresos”. Para eso buscan, por ejemplo, poner a producir máquinas de confección para montar una empresa.
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Robayo fue un capo que terminó extraditado a Estados Unidos, que volvió a delinquir a su regreso a Colombia, conocido por someterse a más de 10 cirugías y procedimientos estéticos con el fin de evadir a las autoridades que lo buscaban por el asesinato de varios supuestos testaferros del otrora cartel del norte del Valle.
Este hombre robusto agregó convencido, además, que la voluntad de quienes están en esta mesa de paz se está materializando en sus regiones, donde siguen teniendo influencia, incluso más allá de los grupos subverisvos o de autodefensa. “Hay voluntad de los carteles del narcotráfico en la apuesta de paz del Gobierno, porque la extradición es la muerte para uno porque lo aleja de su familia. Conozco a personas que prefieren entregar dineros, hacer acercamientos con el Gobierno, quedar con algo para seguir trabajando y arreglar su problema”.
Entretanto, en la temida Tramacúa soplan vientos de cambio e inclusión, como esperanza de que las cárceles sean algún día lugares de transformación en Colombia.
Por Natalia Herrera Durán
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