Perú necesita asegurar la estabilidad

Como lo hemos señalado, el hecho de que la mayoría de los partidos representados en el Legislativo peruano tegan, una vez más, responsabilidad política en la crisis por la cual atraviesa el país no legitima por ningún motivo el desconocimiento del orden institucional que quiso llevar a cabo Castillo. Expresar solidaridad con un exgobernante que vulneró la Constitución de su país y quiso concentrar para él los poderes del Estado no puede ser una opción. En este sentido, las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al decir que Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú, además de desafortunadas son irresponsables.

Que el sistema político del país vecino adolece de fallas estructurales es una realidad evidente. Seis presidentes desde 2016, en medio de acusaciones de corrupción, destituciones a través de la figura de vacancia y el cansancio de un electorado que espera, con todo derecho, un gobierno legítimo que termine el período constitucional, son pruebas de ello. Desde el momento mismo de la última elección la derecha cuestionó el resultado de un proceso electoral legítimo, con tal de que Pedro Castillo no asumiera como jefe de Estado. Con mayoría en el Congreso, pero sin los votos para vacarlo, la derecha se dedicó a cercarlo esperando dar el golpe de gracia y sacarlo del poder. Castillo, por su parte, dio muestras de su gran inexperiencia política y falta de preparación para ejercer el cargo, que lo llevó a buscar gobernabilidad mediante alianzas con diversos partidos pequeños que le garantizaran su continuidad. De allí, en buena parte, la explicación de por qué tuvo más de 80 ministros en año y medio de gobierno.

Hace unas dos semanas, ante la posibilidad de que fuera vacado, decidió adelantarse y dar un autogolpe, de manera similar a lo que, hace 30 años, hizo el autócrata Alberto Fujimori. Fue destituido por 103 votos contra 10, siguiendo los pasos señalados en la Constitución. Asumió entonces su vicepresidenta, Dina Boluarte, que no cuenta con ningún tipo de apoyo político, lo que ha debilitado aún más la estabilidad. Buscó infructuosamente un adelanto de las elecciones para 2024, pero los congresistas, temerosos de no ser reelectos, obraron con miopía al anteponer sus intereses personales a los del país y votaron en contra. Esa es la dimensión de la crisis actual.

Todo esto, en medio de las protestas, algunas de ellas con casos de vandalismo y denuncias de exceso de fuerza y violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. La señora Boluarte acertó al solicitar una visita urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, mientras dos de sus ministros han renunciado como rechazo a la respuesta gubernamental contra las protestas debido al alto número de muertos y heridos que hubo.

La única manera de salir de este laberinto que vive el Perú pasa necesariamente por un adelanto de elecciones y la posibilidad de que se convoque una asamblea constituyente y se pueda contar con una profunda reforma que garantice la gobernabilidad. De inmediato lo que se impone es que cese la violencia, se garantice la protesta pacífica y la clase política entienda que su responsabilidad es con los peruanos y no con ellos mismos.

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