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Una década después se hizo realidad el nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Este proyecto, siguiendo la lamentable tradición de buena parte de las obras del país, estuvo rodeado de polémicas, prórrogas, adiciones y demoras que afectaron al bolsillo de los capitalinos. El balance final, además de una moderna edificación que alojará a todas las especialidades de la Policía, es de diez años de demoras y cerca de $131 mil millones en sobre costos, algunos porque no habían sido contemplados cuando se pensó el proyecto.
A pesar de que la entrada en operación de este complejo es relevante y permitiría no solo una reacción inmediata ante las emergencias, sino también, un trabajo mancomunado que se vería reflejado en los golpes contra la criminalidad y cualquier tipo de delito, es necesario echar una mirada al pasado y los traspiés que tuvo la obra.
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La historia del nuevo comando de la Policía se empezó a escribir en la administración de Samuel Moreno, quien se comprometió a darle una nueva sede a la institución, por este motivo, a finales de 2010, se le adjudicó un contrato por $44.000 millones a la firma Castell Camel S.A.S. Lo acordado era que dos años más tarde (2012), entregaría un nuevo edificio ubicado en el barrio Salitre Sur, en Teusaquillo.
Luego de la adjudicación, el Distrito le entregó al constructor un anticipó del 50 %, y, a pesar de las alertas del interventor, la administración autorizó al constructor a subcontratar trabajos que requerían personal, maquinaria, equipos y actividades especializadas. Los trabajadores subcontratados, meses más tarde, reclamaron supuestos incumplimientos en los pagos.
Sobre las alertas que emitió la interventoría, por ese entonces, se hablaba de que no se habían recibido parte de las obras por problemas de calidad, trabajos inconclusos, obras que no estaban previstas ni autorizadas, y unas que a pesar de que no se hicieron se cobraron.
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Durante la administración de Gustavo Petro, se denunciaron penalmente irregularidades, en los estudios y diseños, que habrían generado problemas estructurales, por eso el contrato sufrió prórrogas y suspensiones.
A pesar de los problemas que se siguieron presentando hasta la administración de Claudia López, al contratista se le hicieron, desde el gobierno de Peñalosa, en total 13 desembolsos que sumaron casi $29.000 millones y durante la era Petro le hicieron nueve, que sumaron $3.800 millones.
El año pasado fue determinante para este proyecto. En marzo de 2021 se emitió la primera, y hasta ahora única, sentencia judicial contra uno de los responsables de este “elefante blanco”. El afectado con esta medida fue Luis Jorge Castellanos, acusado de peculado por apropiación, y quien es representante legal de la firma Castell Camel S.A.S., a la que se le adjudicó el proyecto en 2010 y a pesar de que debía entregarlo a más tardar en 2012, nunca lo terminó.
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Castellanos, debe cumplir con una pena de nueve años de prisión y una multa que supera los $100.000 millones. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Debido al monto de la pena, la juez de conocimiento le negó a Castellanos la solicitud de suspensión condicional de la pena, así como el beneficio de prisión domiciliaria.
Otro de los vinculados a este millonario desfalco era Juan Manuel Fawcett, representante de la empresa encargada de los diseños de la obra y quien, a pesar de ser procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fue absuelto. Lo anterior, teniendo en cuenta que se habría podido demostrar que el contrato de consultoría y diseños se entregaron a tiempo, según los tiempos establecidos.
Para diciembre también de 2021, la Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció una adición, esta vez de $43.257.826.710 al contrato 1132 de 2018, para la construcción y reforzamiento de la nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.
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Esa era la segunda adición que se le hacía al contrato, la primera fue en 2019 por la anterior administración distrital y por un valor de $6.600.000.000, dinero que habría sido destinado para solventar gastos que no habían sido previstos y son fundamentales para avanzar en la construcción de la obra, cuyo contrato total estaba por un valor de $125.680.285.760.
Tras la adición económica, hace un año, la Secretaría de Seguridad anunció, que se ampliaba el plazo de ejecución de los trabajos, por lo que se confirmó que se entregaría en este mes, tal y como ocurrió.
Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Brigadier Carlos Triana, de manera gradual empezará el traslado de todas las especialidades para este nuevo espacio, por lo que en los próximos meses entrará en total funcionamiento. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, agradeció el compromiso de las autoridades, la interventoría y la Contraloría, pues gracias a esto es que se pudo sacar el proyecto adelante y no tocó esperar otra década.
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