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Tienen razón en todo lo que no importa y se equivocan en todo lo que importa.
Tienen razón en sofocarse porque nos llamen “abuelitos”: esta palabra suele usarse con cariño en la vida privada, pero resulta ofensiva en el ámbito público. Esto es así porque “abuelo” o “abuela” puede denotar respeto y afecto hacia la persona mayor de la familia, como también compasión o desdén por alguien que ya ha entrado en decadencia.
El presidente Duque añade la torpeza de usar el diminutivo (“abuelitos”), de manera que acentúa la ambigüedad de la expresión y su no pertinencia en el discurso público. Y el punto no es semántico: es la comprobación de que tenemos un presidente buena persona, que de seguro quiere a sus abuelos y que estaría bien como gerente de alguna sucursal de banco, pero no entiende para nada el cargo al cual llegó por accidente.
Podríamos ir más lejos y notar que Duque, sin quererlo, es la versión light de Uribe, la figura paternal o el que supone que representar al pueblo es nada más que parecerse al pueblo. Al decirnos “abuelitos”, el presidente entonces habla como la gente sencilla, con la desprevención de quien conversa en familia e invita a sus parientes a que en efecto quieran y cuiden a sus “abuelitos”.
En este caso habría que aplaudir la intención pedagógica de Duque, como también —y por lo mismo— saldría a relucir el odioso carácter elitista de los adultos mayores que protestan, en tanto ellos y ellas se molestan por ser tratados como personas comunes, no como los personajes que fueron —y que con todo derecho quieren seguir siendo—.
Lo cual nos trae a un asunto más tangible: los abuelitos en Colombia no pueden trabajar y su tasa de pobreza es un 30 % mayor que la del resto de la población. Los rebeldes tienen razón al denunciar esta forma inaceptable de discriminación, pero carecen de autoridad moral porque pueden trabajar y no son pobres, porque lo están haciendo por oportunismo, y porque en sus vidas públicas no habían hecho mucho por los adultos mayores.
Y así llegamos, por fin, a la pandemia. La probabilidad de muerte por COVID-19 salta de 4 % entre personas de 50 a 60 años, a 8,6 % entre mayores de 70 (me baso en los estudios publicados por The Lancet). Los “abuelitos” sin duda están en riesgo especialmente grave y sin duda necesitan de medidas especiales o distintas a las del resto de la población. Con cuatro puntos hondos:
—Que no se trata del derecho individual, sino de la salud pública. Los “abuelitos” que interponen la tutela tendrían que renunciar públicamente a ocupar una unidad de cuidado intensivo o una enfermera que otros necesitan y el país no tiene.
—Que esta pandemia implica un choque inocultable entre los intereses de los viejos (“salud”) y los intereses de los jóvenes (“economía”). ¿Con qué derecho los rebeldes se arriesgan a que el costo para los jóvenes sea todavía mayor?
—Que si el Gobierno defendió la salud pública al confinar a esos adultos por 70 días, es su deber mantener la medida mientras lo estime necesario. ¿Por qué apenas ahora la tutela?
—Que el 51 % de los mayores de 65 años en Colombia están en alto riesgo debido a las salidas del hogar (me baso en un estudio publicado en Razón Pública). Los rebeldes de clase alta harían más por combatir la discriminación contra los adultos mayores si ayudaran con su ejemplo o al menos con su silencio a que se mantenga la única defensa que los “abuelitos” pobres han tenido hasta el momento.
La “rebelión de las canas” reúne a algunos de mis amigos y compañeros de generación más lúcidos y formados en los valores de la modernidad. Yo lo siento por Colombia.
* Director y editor general de “Razón Pública”.
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