¿Quién responde por la seguridad de los turistas en las playas de Cartagena?

Playa Blanca, Barú, está a 35 minutos en lancha desde el muelle la bodeguita en Cartagena. Es un sector concurrido por turistas durante todo el año. Según el capitán de Navío, Pedro Prada, durante diciembre de 2019 y enero de 2020 se movilizaron más de 60.000 turistas en embarcaciones, cifra que supera las 3.200 personas por día. Muchas veces el número de personas que van a los balnearios supera la capacidad de estos. Por ejemplo, en Playa Blanca la capacidad máxima es de 3.120 personas, pero el domingo del puente de reyes hubo unos 4.000 bañistas en el lugar. 

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El turismo fomenta las actividades recreativas, deportivas, sociales o de explotación comercial en las playas rurales y urbanas del Distrito. Estas se encuentran reglamentadas bajo el decreto 1811 de 2015. Aunque existe la norma, en algunas ocasiones no se cumple. Turistas denuncian cobro excesivo en los precios, como el caso de un bogotano que reportó el cobro de $593.000 por tres pargos rojos y tres mojarras. O, por ejemplo, quienes alquilan motos acuáticas a menores de edad. 

Una circular emitida en febrero de 2018 por el viceministerio de Turismo solicita el compromiso de la Superintendencia de Industria y Comercio, la alcaldía de Cartagena, la Confederación de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de la ciudad en la reglamentación sobre el control de Playa Blanca. En un apartado de la circular se lee: “en la ciudad de Cartagena, más concretamente en el sector de Playa Blanca, Barú, se viene presentando una problemática por la oferta y comercialización desbordada de servicios turísticos en establecimientos de comercio que están en contravía de los principios rectores de la actividad turística”. 

Por la falta de cumplimiento a la regulación en zonas turísticas, la Procuraduría solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau, evaluar la suspensión inmediata de las actividades recreativas y de explotación comercial en las playas urbanas, rurales, zonas de bajamar, Playa Blanca, Cholón, entre otras. La entidad sugiere esta medida como una acción de prevención, ante los repetidos casos de inseguridad que ocasionaron la muerte de una turista, los frecuentes accidentes, las fallas de las ambulancias acuáticas y los excesivos cobros en tarifas de servicios turísticos, bebidas y alimentos.

Siniestros durante la temporada de vaciones 

Uno de los casos que conmocionó al país fue la muerte de Valentina González, turista barranquillera y estudiante de último semestre de psicología que murió en las playas de Cholón, luego de que las hélices del yate Experinsea le ocasionaran cuatro heridas mortales en noviembre de 2019. La joven se encontraba haciendo careteo a 300 metros de la playa, en una zona no apta para bañistas, según las autoridades. Sin embargo, la familia de González asegura que la mujer se encontraba en una zona de bañistas en un flotador cuando fue sorprendida por la embarcación. Los hechos aún son materia de investigación. 

El Espectador contactó a la Dirección General Marítima, Dimar, para conocer la cifra de los accidentes en las playas del Caribe; sin embargo, luego de varias llamadas y un derecho de petición, con fecha del 16 de diciembre, la entidad no ha dado respuesta. 

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En Cartagena, solo en lo que va de este año, se han registrado en medios de comunicación al menos tres accidentes con motores acuáticos. Dos de estos fueron en Playa Blanca. 

El 7 de enero dos turistas bogotanos fueron atropellados por una lancha rápida mientras disfrutaban de un paseo en un flotador. Una de las víctimas se fracturó el maxilar superior y el otro se lesionó la muñeca. Tres días después, el 10 de enero, dos lanchas rápidas chocaron en aguas del mar cartagenero; el último de esos casos sucedió el pasado domingo 12 de enero, cuando un menor de edad perdió el control de la moto acuática y chocó con una lancha que se encontraba en la orilla de la playa. 

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Los siniestros en estas zonas de Cartagena alertaron a las unidades de guardacostas de la Armada Nacional, quienes dentro de sus funciones están la revisión de las embarcaciones para revisar las licencias de conducción, ver si tienen chalecos salvavidas y dar charlas de concientización a los tripulantes. Dentro de los apoyos brindados por la unidad de guardacostas se destacan cuatro evacuaciones por emergencias médicas en el área de Tierra Bomba. Asimismo, la Dimar dio cuenta de 90 embarcaciones a las que se les prohibió la navegación en la zona durante la temporada de vacaciones por no cumplir con el registro en el puerto o por sobrepasar el cupo permitido.  

A la fecha, las autoridades marítimas han inmovilizado 36 embarcaciones por no tener licencia de conducción o por no contar con los motores adecuados. La multa por estas infracciones está entre cuatro y seis salarios mínimos ($3´500.000 – $5´266.000). 

Así se intenta controlar la playa y el mar

La tarea de control y regulación de embarcaciones que navegan en la zona marítima de Cartagena es responsabilidad de la Dimar, el Puerto de Cartagena y los guardacostas de la Armada Nacional. 

La Dimar se encarga de regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en el mar a través del Puerto de Cartagena, quienes son los encargados de revisar e inspeccionar las embarcaciones antes de zarpar. En el mar, los guardacostas de la Armada Nacional son los responsables de verificar e inspeccionar las embarcaciones para verificar el cumplimiento efectivo de las normas (licencias, motores, permisos y registros). 

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En algunos casos específicos, como Playa Blanca, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) tiene responsabilidad en el control de las embarcaciones. Carolina Jarro, directora encargada de PNNC, habló con El Espectador y reiteró que esa entidad es la encargada de vigilar y controlar las actividades que se desarrollan en Playa Blanca, ya que se encuentra en un área protegida por el Parque Natural Corales del Rosario. 

La responsabilidad por el control y regulación de las playas de Cartagena le corresponde a la administración de la ciudad y se encuentra en el decreto 1811 de 2015. Esta norma exige a la alcaldía promover la calidad de los servicios que se prestan y la protección ciudadana en defensa y cuidado del medio ambiente. 

En el Distrito también recae la obligación de garantizar seguridad en las playas, tarea que se debe cumplir en conjunto con las autoridades competentes de la actividad turística (Dimar, Capitanía, guardacostas), quienes están en el deber de establecer mecanismos de información y prevención de los riesgos naturales, meteorológicos, marinos y de seguridad. Sin embargo, las medidas parecen insuficientes de acuerdo con los accidentes que se presentaron durante la temporada alta.

El daño irreparable al medio ambiente 

Un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo concluyó que entre enero y agosto de 2019 se registraron 1,3 millones de visitas en los Parques Nacionales del país, siendo el Parque Corales del Rosario en Cartagena el más concurrido; registró 851.107 visitas. 

El 10 de mayo de 2018, bajo la resolución número 774, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible impuso una medida preventiva de cierre temporal en el sector norte de la unidad de Playa Blanca por la degradación de los arrecifes de coral y el riesgo de la preservación de las tortugas de carey, las cuales se encontraban en peligro por el alto flujo de actividades turísticas.

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Los esfuerzos del ministerio de Ambiente fueron en vano, pues la comunidad raizal de Playa Blanca interpuso una serie de tutelas para evitar el cierre del lugar, lo que según ellos se traducía en perder la forma de subsistir. Un juzgado cartagenero falló a favor de la comunidad raizal y exigió a esa cartera no seguir con la orden de cierre, pues se estaban vulnerando los derechos de la comunidad. No fue la primera vez que ganaron un pleito al estado, pues en 2017 tampoco permitieron la orden de Parques Naturales de restringir el acceso a turistas. 

Cristian Padilla, Biólogo y experto en la contaminación del agua, asegura que el problema no es el turismo, sino la falta de control y gestión por parte de las autoridades. “Los arrecifes de coral son la base del ecosistema marino, pero se ven afectados por el turismo. El hecho de caretear ya altera el sistema y lo pone en riesgo”, agregó Padilla. 

La directora encargada de Parques Naturales también se refirió al impacto de las temporadas altas al medio ambiente. “Después de la cantidad de turistas en las áreas protegidas los arrecifes de coral entran en un periodo de recuperación denominado ‘capacidad de resiliencia’, el cual muchas veces no se da pues el ecosistema es muy frágil y no soporta el impacto de los bañistas”.

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El turismo desbordado es una realidad en el mundo. En inglés se le conoce como ‘overtourism’ y se define como el fenómeno de la llegada masiva de turistas a un lugar que pone en riesgo la sostenibilidad. Un informe de Cartagena Como Vamos mostró que en 2008 la ciudad registró alrededor de 567.000 visitas nacionales por rutas aéreas, cifra que en 2019 superó los 1,3 millones. Eso quiere decir que aumentó en un 129%. 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este año las cifras del turismo son prometedoras, pues el país espera alrededor de 4,9 millones de visitantes. Entre tanto, las autoridades marítimas consideran que las regulaciones y controles serían más efectivos si se cuenta con el apoyo de los turistas. “Hacemos un llamado de consciencia y respeto de las normas de parte de todos los que vienen a disfrutar de las playas”, dijo el capitán Prada. La directora de PNNC también recalcó que la responsabilidad los turistas es clave para lograr un equilibrio ambiental. “Pedimos que no arrojen basura al mar, que cuiden cada playa a donde van, el ecosistema lo agradecerá”, concluyó Jarro.