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La expectativa por el cambio en el sistema de recolección de basuras en Bogotá terminó. La anunciada transición, que se iba a dar el 11 de febrero, en el que la ciudad pasaría de un esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) -en el que cada operador actúa en una zona sin competencia-, a un esquema de libre competencia -en el que no había fronteras- se canceló gracias a una resolución de la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico (CRA), que autorizó al Distrito prorrogar los actuales contratos mientras define el futuro de la prestación del servicio.
Detrás de este acto administrativo, de carácter transitorio, excepcional y exclusivo, se encuentra un fallo de la Corte Constitucional que, atendiendo una acción de cumplimiento de los recicladores de la ciudad (que indicaron que el cambio vulneraría sus derechos), ordenó a la Comisión establecer un régimen transitorio para el servicio público de aseo en Bogotá, dando tiempo a las autoridades para definir procedimientos claros, así como garantizar la continuidad del servicio y las acciones afirmativas a favor del gremio reciclador.
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Es por esto que, en la Resolución 1027 de 2026, la CRA autorizó la ampliación de los actuales contratos de los cinco operadores de aseo (Promoambiental Distrito, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia), al menos dos años, hasta tanto se cumplan dos condiciones: que la CRA expida el nuevo marco tarifario de aseo y el Distrito defina el esquema que regirá en Bogotá.
Para ello, la Comisión estableció unos plazos que empezarán a correr una vez se expidan las nuevas tarifas de aseo en el país. Con esto claro, la UAESP debe presentar ante la CRA, entre junio y agosto, nuevamente la solicitud de autorización para crear nuevas ASE y la Comisión tendrá cinco meses para tomar una decisión. De ser favorable, el Distrito podría abrir licitación en el primer semestre de 2027, para adjudicar los contratos por ocho años en noviembre.
La UAESP esperaba con ansia esta resolución, que debía salir antes del 25 de enero, al considerar este plazo de transición como algo necesario. En especial, por lo que afirma Silvia Juliana Yepes, coordinadora académica del programa de servicios públicos de la U. Externado, “Bogotá no estaba preparada para una libre competencia y, si no se planeaba correctamente, podría haber un problema de saneamiento grave”.
Ahora la UAESP tendrá que cumplir cada orden de la resolución y de la Corte, para lo cual antes del 11 de febrero debe adelantar las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para mantener el servicio sin contratiempos. “Vamos a sentarnos con los operadores para revisar cuáles serían las condiciones de la ampliación de los contratos”, manifestó el director de la UAESP, Armando Ojeda.
¿Un buen camino?
La medida tiene aspectos a favor y en contra, como lo explica el experto en temas de aseo, Ricardo Felipe Herrera. Para él, si esto evita traumatismos en la prestación del servicio para los usuarios y le da un margen de maniobra a la administración, es cuestionable cómo la Corte tomó una decisión que no era de su competencia, beneficiando a los actuales operadores y evitando la llegada de nuevas empresas al mercado. Todo, bajo el argumento de proteger a los recicladores,
Por su parte, Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, entidad que agremia a los cinco prestadores, comparte el cuestionamiento a la Corte Constitucional. Aseguró que “esto representa alarma, porque podría configurarse como abuso de competencias, ignorando rechazos previos de la CRA en 2025 por inconsistencias y abriendo demandas por nulidad, al violar la Ley 142/1994 que limita excepciones a la competencia”. En paralelo, Hernando Castro, abogado y consultor en materia de servicios públicos, dijo que la ampliación tiene presunción de legalidad. “Eso significa que el acto administrativo es obligatorio mientras no sea suspendido o anulado por autoridad competente”.
Los recicladores y usuarios
El núcleo de estas órdenes fueron las más de 372 organizaciones de recicladores de Bogotá, que pidieron a la Corte una medida transitoria ante el riesgo de que en un modelo de libre competencia vulnerara sus derechos. Y para garantizarlos en esta transición, la CRA enlistó las acciones afirmativas que la UAESP debe mantener en estos dos años: el acceso cierto al material reciclable, el pago estable por su labor, la coordinación operativa con los prestadores del servicio y, en general, su derecho al trabajo.
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Para el ingeniero Fernando Sánchez, coordinador de la tecnología en gestión ambiental y servicios públicos de la U. Distrital, si bien este es un avance, se necesita fortalecer a las organizaciones. “Qué haya una verdadera política de incentivos tributarios para que empresarios, recicladores y operadores se unan”.
Ahora bien, si Bogotá entraba a una libre competencia, expertos advertían cobros excesivos en las tarifas a los usuarios o doble facturación. Sobre ello, la CRA exhortó a la UAESP para que, durante la transición ejecute las acciones de revisión destinadas a evitar estas irregularidades. Asimismo, la Superintendencia de Servicios Públicos deberá ejercer sus funciones de vigilancia.
Es claro como continuará la prestación de recolección de basuras en Bogotá desde el 12 de febrero. Un alivio, sin duda, para el alcalde, que ha tenido que enfrentar múltiples debates de control político por el mal manejo de basuras. Ahora tiene la oportunidad de presentar lo más pronto un nuevo modelo de aseo que aún deja dudas entre algunos expertos y aún más, con la posibilidad que abrió la CRA de que las Áreas de Servicio Exclusivo tengan un periodo superior a los 8 años.
La efectividad de este régimen transitorio se seguirá midiendo desde varios frentes, pues por dos años la UAESP garantizará el servicio público con cinco operadores que ya conocen la ciudad, y quienes deben ser más rigurosos, aumentando la calidad en la prestación del servicio de aseo.
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Por María Angélica García Puerto
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