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Ahora, después de la cuarentena, cuando ya varios sectores de la economía han vuelto a trabajar, se discute sobre las medidas de corto plazo que se deberían tomar para combatir la recesión y comenzar a recuperar los millones de empleos que se perdieron con la pandemia.
El senador Robledo y algunos líderes empresariales han propuesto elevar aranceles, obstaculizar las importaciones y cerrar más la economía. Además de los beneficios para ciertos agentes escogidos, no hay duda de que el proteccionismo dificultará aún más la recuperación de las exportaciones, la producción y el empleo.
En cuanto al gasto público de las próximas semanas, se discuten dos caminos diferentes. En primer lugar, se propone mantener o elevar las transferencias a las familias más pobres y los apoyos a las firmas en riesgo y a sus empleados (nuevos subsidios a las nóminas). En segundo término, se plantea impulsar, cuanto antes, un programa de inversión pública con el objetivo de generar empleos y reactivar la demanda agregada.
Quien piense que se deben adelantar vigorosamente los dos tipos de gasto debería recordar que el monto de los recursos fiscales es limitado y que, antes de tomar una decisión, es necesario escoger el curso más eficaz para solucionar en el corto plazo los problemas de las familias y las empresas.
Ante todo, se debe tener en cuenta que millones de personas, muchas informales, han perdido sus trabajos, y miles de empresas que generan cientos de miles de empleos (sobre todo en el sector de los servicios) están todavía cerradas y, seguramente, seguirán cerradas durante algún tiempo, de tal manera que el riesgo de quiebra y pérdida de miles de puestos de trabajo crecerá en las próximas semanas, incluso si esos negocios y sus empleados ya recibieron algunos apoyos del gobierno. A esto se suma el hecho de que no se puede descartar que ocurran rebrotes de infección que obliguen a nuevos cierres que incrementarían los problemas de las empresas y sus trabajadores. Por esta razón, ahora deben tener prelación las transferencias a las familias pobres y vulnerables, así como apoyos a las compañías en dificultades.
No tendría sentido hacer a un lado esta prioridad para asignar los recursos disponibles a proyectos de inversión en las próximas semanas. Si se opta por esta vía, podrían presentarse miles de quiebras y mayores sufrimientos de millones de personas durante muchos meses, antes de que se pueda apreciar el impacto de las obras públicas.
Las políticas de apoyo a la demanda deberían implementarse cuando la gran mayoría de sectores y agentes económicos ya se hayan incorporado a la producción y el consumo, algo que, se espera, debería ocurrir al final del año o a comienzos del próximo.
De todas formas, como lo ha propuesto Fedesarrollo, desde ahora se podrían activar numerosos proyectos regionales de inversión con los recursos tradicionalmente atrapados y ociosos de las regalías. Asimismo, en estas semanas se pueden preparar los ajustes presupuestales y las licitaciones para poner en marcha las obras públicas cuando se eliminen definitivamente las restricciones obligatorias al trabajo.
De todas formas, la recuperación definitiva de la producción y el empleo será un largo proceso que exigirá profundas reformas en materia fiscal, pensional, laboral y de política social, un tema de discusión de los próximos meses.
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