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La industria petrolera está pidiéndole al Gobierno algunas condiciones para operar y seguir creciendo. Se trata de asuntos como un entorno económico adecuado con reglas de juego que les permitan a los inversionistas tener unas rentabilidades en línea con el nivel de riesgo con el que operan en las regiones del territorio nacional.
También piden unas condiciones de seguridad en las operaciones porque a juicio del presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Frank Pearl, “estamos en un entorno de creciente conflictividad social, tenemos grupos que utilizan la fuerza y la protesta social de una manera inadecuada, de manera que no respetan la ley”.
El dirigente gremial sostiene que la manifestación y la protesta son fundamentales en cualquier democracia y hay que promoverlas, a la vez que hay que asegurar que se hagan bien.
En materia de conflictividad y seguridad, las empresas del sector hidrocarburos en el país y sus trabajadores en algunas regiones se ven afectados sistemáticamente con hechos que vulneran sus derechos humanos como la vida e integridad física y salud, y derechos fundamentales al trabajo, la libre movilidad y las finanzas públicas, dice la ACP.
Los petroleros consideran que se requiere fortalecer la institucionalidad. “Hay un trabajo enorme que tenemos que hacer. Obviamente, tenemos que trabajar bajo los lineamientos del gobierno; fue un gobierno democráticamente elegido”, dijo Frank Pearl.
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Pearl señaló que este gobierno tiene una línea y tiene una agenda clara, “eso es lo que hay y dentro de ellas hay muchas oportunidades”.
Los representantes del sector petrolero en el país señalan que para que el sector de hidrocarburos siga como protagonista en la economía colombiana “debe contar con condiciones adecuadas de mercado y rentabilidad, y con condiciones de seguridad para sus operaciones en todo el territorio nacional”.
Según el presidente de Campetrol, Nelson Castañeda, en un contexto de precios altos del petróleo, Colombia tiene que incrementar sus niveles de producción y los de reservas de petróleo y gas, los cuales están actualmente en 7,5 y 7,2 años, respectivamente.
“La lógica de mercado dicta que, a mayores precios, las compañías tienen mayores incentivos para realizar inversiones que lleven a incrementos de producción. Sin embargo, en Colombia, las políticas de sobretasa por precios altos las desincentiva”, dijo el dirigente gremial. Para que se concreten esas inversiones “debe existir un ambiente de negocios de estabilidad jurídica, tributaria, macroeconómica, de entorno y seguridad.
Se requieren políticas para mantener la actividad, pues de acuerdo con el Informe de taladros y producción, en septiembre de 2023, se reportaron 117 taladros activos con una disminución de un 25 % respecto a noviembre de 2022 y una pérdida cercana a los 19.825 empleos en las regiones de operación.
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“Nos preocupa la reducción considerable del número de equipos activos de perforación y reacondicionamiento de pozos y su impacto en la producción futura y en los ingresos de la nación; la reducción de empleo de calidad en las regiones; los bloqueos de vías y el incremento de las protestas que encarecen la canasta familiar y debilitan los ingresos de los proveedores locales y encadenamientos productivos en las comunidades de influencia”, sostuvo Nelson Castañeda.
Para recuperar la competitividad de la industria petrolera en el país, Campetrol propone la aplicación de derechos por precios altos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para proyectos de más de cinco millones de barriles equivalentes, y no por campo.
También sostiene que se deben ajustar los términos en los contratos vigentes, buscando que la renta que toma la ANH se distribuya después de recuperar la inversión del proyecto en un porcentaje definido.
El gremio cree urgente la necesidad de gestionar por parte de la ANH la reactivación de los contratos de exploración y producción (E&P) suspendidos. La reactivación de la firma de nuevos contratos petroleros ayuda a la dinamización de la relación con comunidades al aplicar las rentas adicionales del estado a proyectos comunitarios, estima Campetrol, al tiempo que sugiere concretar el proyecto de paz total para mejorar la situación de seguridad.
Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, en lo corrido de este año se ha registrado hechos en contra de la actividad petrolera como la toma a las instalaciones de un campo en Caquetá; el secuestro de un contratista de una empresa prestadora de bienes y servicios del sector en Puerto Gaitán; la circulación de panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales.
A estos hechos se suman los bloqueos a las vías, las protestas sociales de la comunidades y los ataques a los oleoductos. Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca, son los departamentos más afectados.
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