Del campo a la ciudad

El ciudadano con derechos sustituye al siervo de la gleba. El poder administrativo y militar centralizado, la regulación legal de la propiedad y la presencia de una justicia imparcial que zanje pacíficamente los conflictos, son propios de quienes han superado la incertidumbre de vivir sometidos a la “ley del más fuerte”. Todas esas características no se dan o se dan precariamente en los campos colombianos. El destierro y la violencia han imperado siempre, sin que la presencia apaciguadora de las instituciones estatales haya logrado consolidarse en más de la mitad del territorio del país. El problema agrario, la usurpación y explotación de tierras por grupos que se resisten a entrar en la legalidad, son una constante de siglos que algunos conocen y están dispuestos a perpetuar porque de ello sacan importantes ventajas acordes con su manera de concebir la vida y el mundo.

Santos representa el pensamiento político de la ciudad, Uribe el del campo. El primero intenta, por vía del derecho, llevar la civilización al ámbito rural, restituir a las víctimas, titular propiedades, acercar la justicia a los habitantes, sanear los registros de instrumentos públicos, en suma, aclimatar la paz con justicia social que tanto han demandado los grupos insurgentes y los movimientos de resistencia al poder despótico y a la solución estrictamente militar. El segundo, por su parte, representa el pensamiento rural, rudo, decidido, creyente y centrado en la acción más que en la reflexión. En su pensar, antes que leyes la Nación necesita corazones bien dispuestos, gestas heroicas y dominio militar que disciplinen el espíritu, restablezcan el orden natural entre amos y servidumbre, patronos y asalariados, comandantes y soldados, creyentes y ateos, seres de bien y malhechores.

En el pasado la justicia ha tratado de llegar a los campos. Sin fortuna. En 1989 fue masacrada una comisión judicial que pretendía esclarecer la masacre de 19 comerciantes. Los parapolíticos de Santander pudieron más que la endeble estructura del Estado. Actualmente los ejércitos antirrestitución desafían la ley y asesinan a personas que se atreven a reclamar sus tierras amparadas en la precaria infraestructura administrativa y judicial dispuesta por el legislativo. No la tienen fácil los constructores de civilidad. Los señores agrarios ejercen poder real y le hablan al oído a militares fatigados y a exmilitares inconformes con el manejo del orden público.

En la apuesta del presidente Santos por resolver el problema agrario colombiano está la llave de la paz. Si la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es el instrumento para construir civilización en los vastos y abruptos montes y valles, en las selvas y llanuras, la solución al conflicto armado tardará ciertamente mucho más de lo pensado. Y ello no tanto por lo intrincado del terreno, la carencia de infraestructura o la falta de vías de comunicación, sino por sobre todo debido a la vigencia a lo largo y ancho del país de un pensamiento político premoderno, antiilustrado, dogmático, con una visión pesimista del ser humano (alma caída en pecado), religiosamente arcano y simpatizante del ejercicio efectivo del poder.

¿Cómo construir civilización en lo profundo del país? Quizás la repuesta no se encuentre sólo en la receta preconcebida de construir leyes y caminos y de enviar jueces y policías a zonas inhóspitas, sino además en educar para la democracia de forma que aprendamos todos a escuchar la voz de personas y pueblos con visiones de mundo y soluciones alternativas.