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Reducción salarial a congresistas impactaría ingresos de toda la Rama Judicial

El decreto expedido por el Gobierno en 2026 para recortar el salario de los congresistas tendría efectos en los ingresos de jueces, fiscales y magistrados en todo el país. Una medida que ya encendió las alertas en la Rama Judicial por sus posibles impactos laborales e institucionales.

Protestas a las afueras del Palacio de Justicia, donde un grupo de unas 350 personas lanzan arengas y proclamas en contra del senador Álvaro Uribe Vélez que rinde diligencia de indagatoria ante la Sala de Instrucción que lo investiga por ser el presunto responsable de soborno a testigos y fraude procesal.
Corjusticia advirtió que la reducción salarial afectará la calidad de vida de los funcionarios judiciales y de sus familias, y que desconoce derechos salariales ya consolidados.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) manifestó su preocupación por la expedición del Decreto 0030 de 2026, con el que el Gobierno Nacional redujo la remuneración mensual de los congresistas y que, según advirtió la organización, tendría un impacto directo en los salarios de procuradores, fiscales, jueces y magistrados en todo el país.

En un comunicado, Corjusticia señaló que la medida, justificada por el Ejecutivo bajo criterios de austeridad, en la práctica modifica el régimen salarial establecido por la Ley 4 de 1992 y genera un “efecto cascada” que disminuirá los ingresos de los funcionarios judiciales y de otros servidores públicos.

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La corporación advirtió que la reducción salarial afectará la calidad de vida de los funcionarios judiciales y de sus familias, y que desconoce derechos salariales ya consolidados, así como el principio de no regresividad en materia laboral. Además, alertó que este tipo de decisiones podría comprometer “la independencia y autonomía judicial” al constituir “un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial, que a su vez, puede generar un escenario de conflictividad institucional”.

Con estas alertas, Corjusticia, afiliada a la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Unión Internacional de Magistrados, hizo un llamado al Gobierno para que adopte medidas que eviten afectaciones al talento humano de la Judicatura. También pidió a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a los organismos de control adelantar las gestiones necesarias para enfrentar la situación.

La organización invitó, además, “a los sindicatos y demás organizaciones de la Judicatura, Procuraduría y Fiscalía, así como a todos los servidores públicos afectados, a aunar esfuerzos por la defensa de nuestros derechos laborales”.

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Asimismo, la corporación anunció que promoverá escenarios de diálogo y cooperación interinstitucional, así como acciones conjuntas con organizaciones nacionales e internacionales, para definir estrategias que permitan enfrentar los efectos del decreto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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