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Malos tratos, precariedad salarial, amenazas, sobrecarga laboral y hasta enfermedades del corazón. Así describen los defensores públicos el panorama que viven cada día. Para los representantes de la población más vulnerable del país, la situación, más que lamentable, es indignante. El pasado 20 de enero, los defensores públicos se manifestaron con “un día sin audiencias”, a modo de protesta por no recibir el pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2025. Pero los incumplimientos con sus salarios son apenas la punta de la verdadera crisis laboral que atraviesan y por la que elevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares.
Ese recurso fue interpuesto por los abogados Mauricio Pava Lugo, Nicolás Dupont y Daniel Vega, en nombre de los defensores públicos, pidiendo tomar medidas en medio de la crisis que atraviesa el sistema de defensa jurídica. “Esta situación ha generado un riesgo real e inminente de interrupción del servicio de defensa técnica, cuyo impacto recaería directamente sobre personas privadas de la libertad o sometidas a procesos penales que dependen exclusivamente del Estado para ejercer sus derechos”, se lee en el documento. Con las medidas cautelares solicitadas también buscan prevenir la interrupción del servicio de defensa pública y garantizar la protección efectiva de los derechos de sus defendidos.
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En un reciente comunicado, el sindicato de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) señaló que más de 4.200 defensores pasaron la navidad de 2025 sin recibir salarios. Según señalaron funcionarios de la entidad, la crisis le corresponde directamente al Ministerio de Hacienda, pues el Plan Anual Mensualizado de Caja no fue expedido a tiempo, a pesar de las solicitudes de la misma Defensoría para agilizar el trámite. “Son trabajadoras y trabajadores que hoy enfrentan endeudamiento, precariedad económica, afectación directa a sus familias y una lucha diaria por la subsistencia”, señaló el sindicato en su pronunciamiento. Luego del cese de actividades de los defensores, la Defensoría anunció el giro de los pagos pendientes.
Al acuerdo para esos pagos se llegó tras una reunión el pasado 19 de enero, entre el Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Pueblo y los sindicatos de defensores públicos del país. En ese encuentro pidieron el pago inmediato de sus honorarios. “En diciembre se envió una circular a todas las entidades públicas diciendo que, debido a la situación de caja, no se iban a pagar los contratos de nómina de prestación de servicios del mes de diciembre, sino que se iba a hacer en enero. Tras el cese de actividades, la Defensoría hizo la solicitud de pago y el Ministerio autorizó inmediatamente. El 21 de enero se giró el pago a 5.000 defensores. El tema se resolvió”, le dijo a este diario Jorge Coronel, asesor del MinHacienda.
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Pero para algunos defensores, ese acuerdo es solo un paño de agua tibia frente a la verdadera crisis que vive el sector de la defensa pública. Según explicaron abogados a El Espectador, ellos son contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que ha provocado desbalance e inequidad frente a los demás actores en el sistema penal acusatorio. “La situación no es solo lamentable, sino indignante. La contratación mediante prestación de servicios es la esclavitud moderna. Los defensores no tienen un salario justo acorde con las tareas que realizan. Es una labor precarizada”, explicó Martha Reina, presidenta de la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría.
La abogada Reina detalló que los defensores públicos del país reciben entre COP 5 millones y COP 6 millones al mes por atender hasta 400 procesos penales en los que ellos son los representantes judiciales de las personas más vulnerables. Además de la precarización salarial, los defensores también se enfrentan a malos tratos, amenazas y enfermedades. “Hemos tenido casos en que a los defensores públicos los obligan a ir a una audiencia a reemplazar a un defensor particular. El juez les impone, les exige. Esa es una forma de maltrato y violencia. Han recibido amenazas de usuarios, los han maltratado. Algunos han fallecido de ataques cardíacos y otros se han enfermado por la sobrecarga laboral”, agregó.
Para el abogado Luis Fernando Becerra, representante del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, es urgente encontrar una solución a la deshumanización a la que se someten los defensores públicos. “Lo que queremos es que al defensor público se le dignifique, que se le dé el lugar que corresponde. Es absolutamente injusto; el 80% de los procesos que se llevan en el país son atendidos por defensoría pública. Es así de grave. Tenemos que buscar una solución urgente al problema. No existe una ley estatutaria que permita que los defensores públicos lleguen a la planta de la Defensoría”, dijo. Agregó que buscan instalar una mesa interinstitucional para presentar al Congreso una propuesta para una nueva ley.
“Si los defensores públicos no van a las audiencias y hay una persona que es recién capturada, tiene un término de 36 horas para ser presentada ante la autoridad judicial, pero sin defensa, no hay audiencia y sin audiencia, no hay justicia”, dijo la abogada Reina. Mientras que para el abogado Becerra, el día que la defensoría pública no pueda seguir laborando, el sistema penal acusatorio va a tener una crisis inmediata. Lo cierto es que mientras los defensores públicos buscan una solución a la precarización laboral y a la crisis profunda que los atraviesa a diario, los abogados siguen haciendo llamados urgentes sobre los riesgos de que la defensa pública colapse, para evitar que el país entre en lo que ellos mismos han denominado como una “parálisis judicial”.
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