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La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra la firma Conconcreto –así como a otras siete empresas y a ocho particulares– al encontrar que, presuntamente, con trampas se habría quedado con el contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. Así lo dio a conocer este martes el superintendente Pablo Felipe Robledo, quien relató cómo supuestamente esta firma hizo acuerdos con otras empresas que se presentaron al proceso para que quedarse con la obra. (LEA: ¿Acuerdo ilegal en la obra Bogotá-Girardot?)
Según el funcionario, durante la investigación encontraron una serie de situaciones que demostrarían cómo la empresa adelantó varias actuaciones para minimizar la incertidumbre frente a la adjudicación del contrato. La más diciente, a su criterio, fue cuando el consorcio CAS Constructores y Solarte, que era uno de sus fuertes competidores, les informaron que sí iban presentar oferta, pero lo harían de forma incompleta para quedar descalificados.
Por otro lado, dice el expediente, Conconcreto habló con otro consorcio para que presentara una oferta muy baja, también para que quedara por fuera del negocio y de esta manera, alterar los resultados de la licitación. Fue así como la cuestionada empresa y varios de sus funcionarios movieron los hilos del proceso para quedarse con la obra.
Esta situación la había advertido en febrero del año pasado el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien señaló en su momento que existían enormes dudas alrededor de todas las firmas que participaron en esta licitación, ya que existían sospechas de que habrían incurrido en “prácticas colusorias agrupadas en dos bandos”. La advertencia la hizo a través de una carta enviada al superintendente de Industria, en la que solicitó priorizar esta investigación “habida cuenta de la importancia de este proceso contractual y la magnitud de la obra”.
La historia de este proceso comienza en 2015 cuando Conalvías presentó la propuesta de ampliar la carretera Bogotá-Girardot con un tercer carril, mediante la figura de Asociación Público-Privada, la cual costaba alrededor de $2,3 billones. El 25 julio de 2015 fue aprobado por el Consejo de Ministros y al año siguiente se publicaron los prepliegos. El 12 de abril de 2016 fue la publicación de pliegos y el 11 de julio de ese año se cerró la licitación y se hizo la recepción de propuestas.
Aunque inicialmente el originador del proyecto presentó una oferta económica base, en este tipo de casos el Estado abre una licitación para ver si otra empresa puede desarrollar la misma obra, pero más económica. Fue en este momento que Conconcreto supuestamente empezó a realizar negociaciones con otros competidores para quedarse con la obra.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Estructura Plural Vías a Girardot (Conconcreto) presentó una oferta por el 79,97 % del valor que estimó Conalvías, que fue el originador del proyecto. Otro de los competidores fuertes era CAS Constructores, pero no entregó todos los documentos y quedó fuera de concurso. Paradójicamente el cuarto competidor, Concesionaria Vías del Desarrollo (Benton y China Gezhouba Company) propuso hacer el proyecto por el 68,8 %, precio que se consideró sospechosamente bajo.
La lógica indica entonces que se ejerció una presión a la baja sobre el valor medio, “lo cual pudo resultar determinante para favorecer a Estructura Plural Vías a Girardot (Conconcreto)”, eliminando de inmediato a Conalvías. La adjudicación de dicho contrato fue el 12 agosto 2016 por $1,7 billones.
El 25 de octubre de 2016 se firmó el contrato y el 1° de diciembre se constituyó el acta de inicio de una obra que comenzará en el túnel de Sumapaz hasta el Muña, con 72,2 kilómetros. Incluye la construcción de cuatro túneles cortos, tres puentes, glorietas, ciclorruta, retornos, cuatro intersecciones a nivel y uno a desnivel. Contempla el mantenimiento y rehabilitación de 144,8 kilómetros de vía existente. Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, hoy en entredicho y encargado de la obra, está conformado por Constructora Conconcreto (75 %) e Industrial Conconcreto (25 %).
Hoy, casi todos los protagonistas de esta historia serán investigados por violación al régimen de libre competencia, que podría implicar una multa de hasta $75.000 millones. Además, el proceso quedará en manos de la Fiscal, determinar si hubo algún delito. En las próximas semanas se conocerá si el superintendente decreta medidas cautelares sobre el contrato, ordenando su suspensión o la terminación.
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