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En las últimas horas la Procuraduría anunció la suspensión por tres meses del alcalde de El Banco, departamento del Magdalena, Víctor Rangel López, por presuntamente participar en política. Al parecer, existe una fotografía en el que se ve al mandatario local con el actual candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras.
Los hechos habrían ocurrido el pasado 18 de mayo cuando el candidato Vargas Lleras hacía proselitismo político en el municipio. Sin embargo, Rangel López al ser funcionario público no puede participar en este tipo de actos políticos debido a que es una violación a las normas para servidores públicos.
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Del mismo modo, el procurador Fernando Carrillo anunció que se adelantan 70 indagaciones disciplinarias por hechos relacionados con presunta participación en política de funcionarios públicos. En el marco de estas actuaciones, y gracias a las denuncias de la comunidad se abrió investigación y se suspendió provisionalmente por tres meses al secretario de Tránsito de Popayán (Cauca), Rubén Ernesto Caicedo Celis, y al alcalde de Togüí (Boyacá), Alfonso Sánchez Saaveedra.
También la Procuraduría ordenó la suspensión provisional del alcalde de Galapa, Atlántico, Carlos Alberto Silvera de la Hoz, y del secretario de Integración Socioeconómica del municipio, Mario Morales. De acuerdo con las investigaciones, una camioneta de la alcaldía del municipio estaría participando en la entrega de ayudas a la comunidad por parte del mismo candidato, Germán Vargas Lleras.
De acuerdo con el procurador Fernando Carrillo “el inmueble registrado en redes sociales, y en el cual presuntamente estuvieron repartiendo dádivas para favorecer una campaña presidencial, pertenece a la alcaldía y en él opera la casa del adulto mayor, ¡una cosa realmente repugnante!”.
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El pasado viernes también se anunció la apertura de indagación de contra varios funcionarios de las alcaldías de Moniquirá (Boyacá), Junín (Cundinamarca), Quimbaya (Quindío), y Barranquilla (Atlántico) por presuntas presiones a contratistas para conseguir votos a favor de determinadas campañas presidenciales.
“Los funcionarios públicos, lo repetimos subrayando, no pueden hacer política, no pueden intervenir en política, el uso de los recursos públicos para las campañas electorales está prohibido, y ello implica una violación de las garantías electorales”, aseguró el procurador.
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