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El exalcalde de Teusaquillo, Iván Marcel Fresneda, y la exalcaldesa de Santa Fe, María Esmeralda Martínez, fueron destituidos e inhabilitados por diez años por la Personería de Bogotá. Este lunes, el ente de control informó que los funcionarios vulneraron los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal.
“Los dos exmandatarios locales acudieron a la figura de convenios de asociación para adquirir bienes o servicios de forma directa, cuando debieron realizar una convocatoria pública para buscar al mejor proponente, vulnerando los principios de transparencia, moralidad, publicidad y selección objetiva”, afirmó Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá.
Por un lado, Iván Marcel Fresneda, exalcalde de Teusaquillo, firmó un convenio de asociación por $88.400 millones con la Fundación para el Desarrollo Infantil y Social y Cultural (IWOKE). La suscripción del convenio se dio para adquirir bienes y servicios de forma directa, desconociendo el principio de convocatoria pública para selección del mejor proponente. El contrato se celebró por $88.400 millones, de los cuales el Fondo de Desarrollo Local aportó $80.000 millones y la Fundación $8.400 millones.
(Lea: Contratación indebida, el mal de las alcaldías locales)
Por otro lado, María Esmeralda Martínez, exalcaldesa de Santa Fe, firmó un contrato por $34.000 millones para manejar un comedor comunitario en el barrio Peña. El convenio se llevó a cabo con la Fundación para la Reconciliación y la Divulgación del Conocimiento (Fundoc).
No obstante, la personera aseguró que “contra la decisión de primera instancia se procede al recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personería de Bogotá, en segunda instancia”.
La crisis de las alcaldías locales
El problema de la corrupción de las alcaldías locales no es un asunto nuevo en la agenda de la administración actual, ni de anteriores gestiones, pues los alcaldes son los primeros responsables de lo que sucede en su localidad y deben gestionar un presupuesto anual a través del Fondo de Desarrollo Local, que para todas las localidades suma alrededor de $800.000 millones. Este último punto es su mayor prueba y, en muchos casos, su manejo es la razón del declive de su carrera.
(Lea:¿Qué hacer con las alcaldías locales de Bogotá?)
Aunque las alcaldías menores responden a las políticas de la Alcaldía Mayor, al final son independientes en ciertas funciones y decisiones administrativas como, por ejemplo, la contratación de servicios de seguridad, la compra de equipos y el mejoramiento de la malla vial, entre otras. Esta autonomía, apoyada por el decreto 101 de 2010, es la puerta por donde suelen ingresar la corrupción y las malas prácticas administrativas.
Por eso, la Personería ha estado tras la huella de todos aquellos alcaldes menores que han intentado o han hecho un uso indebido del presupuesto local. Hasta ahora, el ente de control ha puesto la lupa en los mandatarios que han ocupados los despachos de las localidades de Santa Fe, Bosa, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Fontibón, Usaquén y Barrios Unidos.
Hasta el momento, se han presentado siete renuncias y tres destituciones. Sin embargo, alcaldes de Chapinero y Usaquén han estado en el ojo del huracán por contratos de rehabilitación de la malla vial.
(Lea:Los alcaldes de Los Mártires y Teusaquillo presentan su renuncia)
Para comenzar, algunos de los alcaldes que han abandonado el cargo, han aludido razones personales para hacerlo. Otros, han sido sancionados por el ente de control, que ha evidenciado serias irregularidades en algunos contratos.
Adicionalmente, quienes han sido destituidos se les ha comprobado el mal manejo de los recursos. Como es el caso de los alcaldes de Teusaquillo, Santa Fe y Suba. La mandataria de esta última localidad gastó casi 228 millones en reparaciones a camionetas, realizó dos contratos de forma irregular y tanqueó 150 veces cuatro vehículos que habían sido dados de baja, pues la Alcaldía contaba solo con 12 y la funcionaria habría registrado 16.
(Lea también:Exalcaldesa de Suba gastó casi 228 millones en reparaciones a camionetas)
Actualmente, de acuerdo con la Personería, son 15 alcaldías locales las que están siendo investigadas por presuntas irregularidades en contratación.
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