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Recordemos las objeciones a la Justicia Especial para la Paz. O el fracaso de la reforma que pretendía un tribunal especial para los militares. Y no olvidemos el nombramiento de un director del Centro Nacional de Memoria Histórica poco afín al reconocimiento público de la existencia de un conflicto armado en Colombia.
Es en este contexto que habría que leer el nombramiento del hijo de un excapo paramilitar como coordinador de Víctimas en el Ministerio del Interior. Lo que para muchos es descaro, provocación o incluso un sofisma de distracción, también podría ser considerado parte orgánica de una política mucho más ambiciosa. Estamos más allá de la indelicadeza de una ministra impresentable.
La estrategia gubernamental hace parte de las luchas por la memoria, pero no se detiene ahí. Reconocer que muchos ganaderos fueron victimizados con el delito del secuestro o que a los militares también les han violado sus derechos en el marco del incumplimiento al derecho internacional humanitario no son ejercicios de memoria que satisfagan al uribismo. No les basta con reorganizar unas memorias en detrimento de otras más o menos visibles. Quieren bastante más.
“En términos históricos, cuando se trata de reconstruir condiciones de paz, convivencia y reconciliación, nunca es tarde”. Con estas palabras tan amigables se refirió el ministro de Defensa al deseo de alterar lo pactado en La Habana con la guerrilla de las Farc.
Hacer trizas el Acuerdo de Paz sigue siendo el norte. Para llegar tan lejos es recomendable vaciar de contenido político el andamiaje institucional construido para impulsar las demandas de inclusión social hechas por las víctimas.
En este sentido, el hijo del exjefe paramilitar es una ficha útil. La cara amable de una falsa reconciliación, mientras las tierras siguen en disputa y en los territorios no cesa la confrontación. Con estas decisiones el Gobierno logra esterilizar el campo de las memorias y sus lenguajes. Las vuelve reaccionarias, estériles.
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