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El director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, anunció que se decidió presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso por el exterminio de la Unión Patriótica. La determinación se da porque están en desacuerdo con el informe de fondo que presentó en días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde estaba la petición de las víctimas desde 1994.
La petición que fue admitida en 1997 está relacionada con los hechos de violencia que afectaron a los miembros de la UP durante los años ochenta y noventa y busca que se declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano. Aunque se intentó llegar a una solución amistosa entre las víctimas y los representantes del Estado, esta fracasó. Ahora, la CIDH presentó el informe de fondo No.170/17 del Caso 11.227 Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica. El documento que todavía no está en manos de las víctimas y que el Gobierno Nacional no reveló, apunta que debe haber reparaciones individuales en este caso.
(Vea: “Exterminio de la UP, crimen de lesa humanidad”)
Vélez, sin dar detalles del contenido del informe de la CIDH, señaló que el Estado colombiano considera que las reparaciones deben ser colectivas y no individuales, teniendo en cuenta, entre otras cosas, “que no es claro cuántas son las víctimas en este caso”. «La reparación individual es tremendamente onerosa para el Estado colombiano, no solo en el caso de las víctimas de la UP sino también en la justicia local. Por eso creemos que es más efectivo hacer reparaciones que tengan un enfoque comunitario, que sean inversiones. En vez de girar un cheque, sirvan para ayudarle a los colectivos», dijo Vélez.
El director de la Agencia Jurídica del Estado además señaló que las recomendaciones de la CIDH no son de vinculantes. “Hemos decidido presentarlo ante la Corte Interamericana para que sea esta la que emita un fallo y defina los alcances de la responsabilidad o no del Estado en estos hechos tan dolorosos del pasado del país. El Estado tiene la plena confianza que una solución judicial permitirá adoptar las determinaciones que en derecho correspondan”, señaló Vélez.
(Lea: Gobierno admite responsabilidad por exterminio de la UP)
El funcionario recordó que en septiembre del año 2016 el presidente Juan Manuel Santos hizo un reconocimiento de responsabilidad por falta de previsión y de garantías adecuadas en la protección de los miembros de la Unión Patriótica. «El Estado colombiano lamenta los actos de violencia en contra de las víctimas de la Unión Patriótica y no desconoce la gravedad e importancia de este caso», dijo. No obstante, insistió en que las reparaciones deben ser de carácter colectivo y de no repetición.
«Muchos de los casos relacionados con las víctimas de la UP ya han sido tramitados en el Consejo de Estado donde se han planteado reparaciones. Pero más que eso, lo que estamos buscando son reparaciones que transformen a la sociedad. El Estado siempre está dispuesto a las soluciones amistosas pero el esfuerzo que se hizo durante varios años fracasó porque resultó muy complicado determinar exactamente quiénes eran las víctimas», señaló Vélez.
(Ver: “Fiscalía asumió investigación por atentado contra caravana de Aída Avella”)
Desde el año 2014, la Fiscalía General de la Nación consideró como de lesa humanidad los crímenes contra los miembros de la Unión Patriótica (UP), en una decisión que dejó al descubierto la alianza criminal que por más de 10 años se gestó entre las altas esferas de la sociedad, los sectores políticos y los militares para impedir el ascenso de un movimiento de izquierda que surgió como alternativa política al conflicto que se vivía en Colombia. Los paramilitares y algunos agentes del Estado terminaron por asesinar a dos candidatos a la Presidencia, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y 5.000 militantes de la UP que durante la década del 80 lograron un gran respaldo electoral.
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