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Más de cinco terabytes de información que fluía en los correos de la Fiscalía General y que fueron extraídas por el grupo de hackers Guacamaya están en poder de este diario. Entre documentos, conversaciones y expedientes judiciales completos, son millones los correos que fueron filtrados de todo tipo de dependencias y despachos. Y, mientras la entidad ya anunció una investigación que dirigen fiscales especializados en delitos informáticos, El Espectador ha indagado en buena parte de los datos. El cruce de comunicaciones es una ventana a cómo se manejan los procesos penales más importantes del país y a qué le da prioridad la administración de Francisco Barbosa.
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Aunque los correos del fiscal general, la vicefiscal y los cargos directivos no resultaron afectados, sí hay información reservada de funcionarios de menor rango con quienes compartían información. Por ejemplo, este diario conoció informes sobre los procesos que tienen prioridad en la dependencia más alta de la Fiscalía: la coordinación de fiscales delegados ante la Corte Suprema. Estos funcionarios son los encargados de investigar a gobernadores, generales de la Fuerza Pública y ministro. Su jefe, Gabriel Jaimes Durán, es uno de los pocos con entrada asegurada al despacho de Francisco Barbosa, que tiene un círculo de confianza hermético y sin muchos asesores.
Cada tres meses, los fiscales delegados le envían un reporte a Jaimes del avance de los expedientes priorizados por él y le avisan cuando van a tomar decisiones de fondo sobre alguno. Este diario pudo obtener los informes de marzo de 2022, que reportan los avances de 11 de las 12 fiscalías delegadas ―no hay datos del despacho de Jaimes―. Allí detallan desde la última orden de investigación impartida hasta la próxima audiencia que tengan programada en cada caso. Los datos son procesados por ingenieros que responden al despacho de la vicefiscal Martha Mancera y, si no hay avances, los funcionarios tienen que dar explicaciones.
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Es decir, son los procesos penales de más alto perfil a los que, a su vez, más les prestan atención Jaimes y Barbosa. Son al menos 106 los casos priorizados por esta dependencia. De ellos, 60 son contra gobernadores (más del 56%). No extraña, pues Barbosa ya ha dicho en el pasado que ha sido el fiscal que más gobernadores ha metido tras las rejas. Sin embargo, las cifras sí muestran contrastes: al menos 10 de las investigaciones priorizadas son contra el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien ha denunciado una persecución de la Fiscalía. No hay otro mandatario con tantas investigaciones bajo el ojo de las personas con más poder en el ente investigador.
Quien le sigue en la lista a Caicedo tiene apenas la mitad. Se trata de José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, en juicio por presuntos vínculos con el Eln: por lo menos cinco procesos en su contra están priorizados. La lista continúa con Óscar Barreto, de Tolima, pero las dos investigaciones que lo enredan pasaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a mediados de este año, cuando fue elegido senador. Así, Magdalena es el departamento con más investigaciones priorizadas contra su gobernador, con 11. Siete expedientes contra exmandatarios del Amazonas tienen preponderancia, seis de Arauca, cuatro de San Andrés y cuatro de Tolima están en el podio.
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La otra investigación priorizada en Magdalena que no involucra a Carlos Caicedo es en contra de su antecesora, Rosa Cotes. Según los correos que se filtraron en el hackeo, al menos desde mayo de este año, la Fiscalía tiene todo listo para llamara a imputación de cargos porque, al parecer, entregó de manera directa tres millonarios contratos de consultoría a una firma de contadores que encabeza una amiga personal de la exgobernadora, que además fue contadora de su campaña. A la fecha, sin embargo, el ente investigador no le ha abierto una investigación formal a la exmandataria, hermana mayor de los Mellos Cotes y miembro de esta poderosa familia.
Entre los archivos filtrados está, asimismo, una imputación desconocida contra el propio Carlos Caicedo, que aún no ha podido formalizarse. La Fiscalía tiene preparadas hasta las diapositivas que va a proyectar el día que presente al gobernador de Magdalena ante el Tribunal de Bogotá por otro caso de corrupción, presuntamente cometido cuando fue alcalde de Santa Marta. Este expediente tiene que ver con la construcción de dos ludotecas en los sectores de Bonda y Ciudad Equidad, que según el ente investigador tuvieron irregularidades desde su adjudicación y diseños. A pesar de que tienen todo listo, los fiscales del caso aún no citan a Caicedo a una audiencia.
De los informes que conoció este diario llama la atención, asimismo, que, a excepción de dos casos, todos los expedientes priorizados por los subordinados de Gabriel Jaimes tienen que ver con contratación pública o sobornos, como los del cartel de la toga. De hecho, 15 expedientes están relacionados con contratos o con el manejo de la pandemia del COVID-19. Las dos investigaciones restantes, que cuentan con preponderancia en el ente investigador y que no tienen que ver con contratación, son capítulos que han quedado por esclarecer de un par de escándalos mayúsculos: las chuzadas del extinto DAS y el desastre ambiental de la represa Hidroituango en 2018.
En el primer caso, por la campaña de seguimientos y desprestigio desplegada en el gobierno de Álvaro Uribe contra magistrados y periodistas, ya fueron condenados la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y pesos pesados de la casa de Nariño, como Diego Palacio, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo. Sin embargo, los informes reservados de la Fiscalía dan cuenta de que hay una ficha del rompecabezas que sigue siendo investigado: el exviceministro uribista Andrés Mauricio Peñate Giraldo. En mayo de este año, el fiscal que está al frente del caso reportó que estaba esperando el informe de unos investigadores para decidir si imputaba a Peñate.
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De otro lado, los informes muestran lo que ha pasado con las investigaciones por el daño ambiental que generó en 2018 el taponamiento del tercer túnel de Hidroituango. El fiscal del caso le aseguró a sus jefes en mayo pasado que presentaría resultados en el primer semestre de 2022, que ya había realizado interrogatorios y que estaba trabajando en los escritos de imputación. Y, aunque es un caso priorizado, para entonces seguía sin establecer los nombres de los posibles responsables, no había una estimación concreta del daño causado y continuaba en labores como el análisis de los correos de funcionarios del proyecto.
Entre todas las investigaciones priorizadas solo hay dos contra exministros, ambos de fechas previas al gobierno de Iván Duque. Asimismo, hay una investigación contra un general de la Policía y tres contra altos oficiales del Ejército priorizadas y todas son por hechos de corrupción. Sin embargo, los correos también dan cuenta de que la Fiscalía ha avanzado en investigaciones por falsos positivos contra dos generales activos y hasta citó a uno de ellos a interrogatorio. Se trata del mayor general Sergio Alberto Tafur, involucrado en una aparente ejecución extrajudicial cometida en La Guajira en 2006.
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