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Subestimar que la turbulencia por la que atraviesa Colombia está incluida en la agenda de un Plan Regional de desestabilización es tan ingenuo como creer que lo del cambio climático es asunto menor. Claro que la pandemia ha disparado la adherencia a teorías conspirativas de todo tipo, pero en el caso de Colombia, hay serios indicios y no meras posiciones políticas sobre el trasfondo del asunto.
Bitácora de una estrategia
La oleada de disturbios civiles que sacudió Chile, Ecuador y Colombia a finales de 2019 fue rotulada triunfalmente por Diosdado Cabello, desde Caracas, como una “brisita bolivariana”, aplaudida a rabiar cuando anunció de un venidero “huracán”.
A renglón seguido, Nicolás Maduro lo aclaró sin ambages: “Al foro de Sao Paulo le puedo decir, desde Venezuela, ¡estamos cumpliendo!… El plan va como lo hicimos, va perfecto el plan… el plan va en pleno desarrollo, victorioso. Todas las metas que nos propusimos en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo, una por una… es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá…”.
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Los disparadores de esas jornadas violentas en Chile y Ecuador fueron alzas en transporte y suspensión de subsidios, respectivamente. En Colombia fue el excesivo uso de fuerza de la Policía que terminó con la muerte de un ciudadano. Los uniformados sindicados del homicidio están detenidos y procesados, aunque el daño institucional ya estaba hecho.
La inesperada pandemia ralentizó esta protesta regional, hábilmente manejada por las izquierdas locales y que se anunciaba larga y compleja. Y entre confinamientos, cierres, restricciones y toques de queda, Colombia, como el resto del mundo, se neurotizó lentamente: en Europa, según Europol, se registró una esnifada histórica de cocaína, adivinen procedente de dónde. En este escenario, el gobierno presentó imprudentemente una reforma tributaria y sirvió la mesa para los maquinadores de siempre, que no dudaron en aprovechar ese estopín para estallar la carga acumulada de inconformidad, desempleo, pobreza, hambre y desesperanza, atiborrados durante un año.
Desde el Grupo de Puebla, Ernesto Samper lo cantó: “Yo quería iniciar con una nota positiva, …hay vientos progresistas en la región… recuperamos Bolivia, va a ver una nueva constitución en Chile, esperamos ganar las elecciones en Ecuador…y por supuesto, la continuación del proceso de paz en Colombia que está en este momento en una especie de modo avión muy peligroso…”
Sin embargo, después de un año de pandemia, las cosas no marchan según lo planeado. En Chile no es claro que la izquierda vaya a lograr su constitución tal como lo proclamó mientras quemaba iglesias y saqueaba supermercados; en Perú, la balanza se inclina fuertemente hacia la Fujimori ante un Pedro Trujillo, maestro mezcla de Lenin, Chávez y San Juan Bosco, además penalmente indiciado por mentiroso; en Bolivia, Evo Morales perdió bases electorales en más provincias de las esperadas y en Ecuador, el virrey de Correa no cuajó. Queda Colombia, la “joya de la corona”. Y la interrumpida protesta de noviembre de 2019, se reinició con mayor violencia en medio del tercer pico de la pandemia.
Intereses geoestratégicos y tácticas riesgosas
Hay intereses geoestratégicos mayores involucrados en este proceso. Rusia insiste en consolidar su presencia en la frontera cercana a Estados Unidos, utilizando a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Frente a este avance extracontinental, vale la pena recordar que desde abril de 1948 se evidenció el aliento ruso a través de comunistas extranjeros presentes en Bogotá. Luego, durante la creación de la “república independiente de Marquetalia” hacia 1963, el embajador ruso en México, Nicolai Sergueievitch Leonov, facilitó recursos y coordinó entrenamientos para los jefes la naciente revolución. Y, hace tres meses, el gobierno colombiano expulsó a dos funcionarios de esa delegación diplomática por espionaje, sin mencionar los repetitivos incidentes de aviones rusos que han violado el espacio aéreo colombiano en misiones de reconocimiento e inteligencia técnica.
Moscú siempre ha mirado con apetito a Colombia, el más serio amigo de los Estados Unidos en la región, y ahora que está bien aposentado en Caracas, el Kremlin ve una nueva y cercana oportunidad para llegar a Bogotá. Para algunos analistas, el comportamiento actual de Rusia hacia Colombia es una respuesta a las actividades de Estados Unidos en Ucrania, en donde la eventualidad de un conflicto en la cuenca del Dombás está sobre la mesa. Sería un quid pro quo, en la doctrina de las Fronteras Calientes de Galbraith, bajo el concepto de una guerra de quinta generación.
China en la región es un caso que merece capítulo aparte. Rusia e Irán conforman la principal triada de rivales y enemigos de Estados Unidos, reunidos en Venezuela, a 1.800 kilómetros de la Florida, lo cual es suficiente para oler que lo que sucede en Colombia no es un hecho autónomo ni aislado de intereses vitales de las grandes potencias.
El “papayazo” dado por Duque fue monumental y disparó toda la problemática de desigualdad del país, a la que se agregan la deuda social acumulada, la corrupción y la frustrante fantasía de paz y bienestar prometida por los acuerdos habaneros, que la mayoría plebiscitaria rechazó en 2016, no sobra recordarlo.
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Lanzados a la calle los aportantes de la CUT, la CGT y la CTC, menos del 2 % de la población colombiana, en medio del tercer pico del COVID-16, se empezó a hablar de un estallido social. A lomo de la protesta legal y legítima, el asalto, toma y retención de la calle por parte de células del Eln y las disidencias de las Farc se convirtieron en la acción fundamental de esta ofensiva urbana que explica en gran parte las acciones vandálicas y terroristas que agobian a muchas ciudades.
Los llamados Puntos de Resistencia, como el Portal de las Américas en Bogotá, son ejemplarizantes de una táctica de guerrilla urbana, que se convierte en foco de inseguridad y depredación vecinal. Y lo de Cali es la regionalización del conflicto, una experiencia que terminó con gran descrédito para los indígenas caucanos, un desastre económico de marca mayor alrededor de los tales “bloqueos”, ilegales pero impunes, con secuelas de largo aliento y sumamente complicadas, y una espontánea y peligrosa reacción civil.
41 asociaciones de militares y policías retirados, reunidos alrededor de ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en retiro), lo señalaron en un reciente comunicado a la Opinión Pública: “Advertimos graves riesgos de rechazo social violento por parte de la gran mayoría de ciudadanos cansados de tantos actos violentos absurdos que están causando desabastecimientos, crispación, aumento de la crisis pandémica y muertes”. Las tomas de calle, la regionalización del conflicto, los puntos de resistencia y los bloqueos están en modo bumerán con impredecibles consecuencias.
Cinética de la protesta
En este tablero global, regional y nacional, las dinámicas son variables en intensidad y dirección. La marcha, que ya pasó los 20 días, perdió momentum hace rato y su avivamiento el pasado 19 no fue tan intenso como se esperaba: 8.000 protestantes en una ciudad de cerca de 9 millones de habitantes es una muestra ruidosa, amplificada por primeros planos de algunos medios, pero insignificante. Solamente la violencia la visibiliza, pero también la condena.
Hay cansancio, fatiga y Duque no ha accedido a escalar, legal y legítimamente, la represión. Las Fuerzas Militares, el Ejército, siguen siendo la institución más apreciada por los colombianos y por los jóvenes, según recientes encuestas, mientras la Policía soporta un ataque mediático inclemente que seguramente la llevará a algunos cambios, descontando inculpaciones jurídicas o disciplinarias contra miembros que violaron las “reglas de enganche” y comandantes que tomaron decisiones inoportunas o equivocadas.
A estas alturas, las Fuerzas Militares permanecen incólumes y la posibilidad de su empleo en una eventual Conmoción Interior exigirá un marco legal adecuado y la responsabilidad política de líderes y gobernantes que entiendan que esta institución de 200 años es y será, por su naturaleza, una fuerza letal y decisiva bajo los parámetros del DIH y el Derecho Operacional.
La guerra mediática
La batalla que perdieron el Gobierno y los colombianos en esta maniobra de acorralamiento y desestabilización fue la comunicacional, la de las redes sociales.
Sustentados en una sociedad agobiada por desempleo y pobreza, airada por imprudentes propuestas fiscales y aterrorizada por vandalismo, bloqueos y algunos excesos policiales, varios medios masivos y las redes sociales vendieron al mundo la matriz de opinión de un gobierno dictatorial –alguien lo comparó con el de Birmania– y una policía masacradora de inocentes protestantes. Esa simplificación estandarizada por cuenta de quienes están detrás de todo el entramado, cómodamente sentados frente a sus pantallas, forma parte de la estrategia de la ya mencionada guerra de quinta generación.
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Plataformas desde Bangladesh, Corea y China continúan diseminando una realidad virtual que poco tiene que ver la realidad real de una minoría violenta y una mayoría expectante. La propia ONU, la OEA, la Unión Europea, el Parlamento alemán, The New York Times y los impolutos de siempre, como José Miguel Vivanco, han desconocido descaradamente los intentos de quemar vivos a los policías en sus cuarteles, las instrucciones de “ofrecerles café con veneno” o su asesinato a cuchilladas.
Los titulares y las fake knews han desdibujado la realidad que estamos viviendo, no solo con graves consecuencias para el buen nombre del país, tan importante como lo es para una persona, sino por las consecuencias económicas y de ayuda internacional. Al respecto, la reacción tardía ha caracterizado la plantilla diplomática del gobierno que ha permaneció pávida, con algunas pocas excepciones, frente al asedio mediático, aunque, como en el caso de la acción de calle, la ciudadanía ha empezado a mostrar las realidades de lo que acontece en sus redes personales, gremiales y en sus grupos de interés.
Objetivos a la vista
El objetivo soñado de quienes mueven los hilos en la clandestinidad de esta renovada intentona –y no soy conspiranoico– es la defenestración del presidente Duque, la anulación del Congreso y la instauración de un nuevo gobierno popular, de un nuevo Estado, empleando la manida táctica de violencia, negociación bajo amenaza de más violencia, ruptura de negociación cuando no ve ventajas y nuevo diálogo. Siete diálogos con el Eln en siete países son una buena muestra histórica de esta técnica de suma cero.
Las perspectivas no son halagüeñas hasta el momento y es previsible un recrudecimiento de las acciones de vandalismo y terrorismo urbanos, con células del Eln y las disidencias de las Farc dirigiéndolas y dinero del narcotráfico fondeándolas.
Actualmente, la zozobra es general y los riesgos para inversión han disparado las alertas, lo que ha frenado el interés, no solo en inversión, sino en compras y emprendimientos, hasta tanto se aclare el panorama. Solamente especuladores han venido destacándose como compradores de bienes raíces y otro tipo de propiedades, como siempre sucede en este tipo de escenarios. Más aún, basada en la matriz de opinión perversa ya mencionada y en el retiro del proyecto de reforma tributaria, la agencia S&P Global Ratings bajó la calificación y redujo el grado de inversión al país. Para los que montan videos y tuitean emociones, esta noticia no significa mucho, pero la cuenta la pagaremos todos más adelante con pesar y dolor, cuando las condiciones de vida sean mucho peores de las que tenemos hoy.
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Las medidas que tome el gobierno y los acuerdos políticos que logre dirán si la situación de inseguridad se agrava o se inicia una etapa de recuperación, que será lenta y difícil, pues los factores de desestabilización persisten y tienden a agravarse.
El avance de la izquierda al poder no será tan fácil como lo presentan las encuestas pues, a pesar del adoctrinamiento a que han sometidos nuestros estudiantes por tantos años, la sociedad colombiana sigue siendo conservadora, como que quienes más le generan confianza a la opinión pública, según la tendencia de las encuestas de Gallup, son los soldados, los sacerdotes y los empresarios.
La pérdida de libertades, a semejanza de un régimen como el de Venezuela, es inviable en Colombia. Y con más de dos millones de armas ilegales circulando en el país, en lo que podemos caer –más allá de una acalorada discusión política– es bien conocido por todos.
* Coronel retirado, presidente de ACORE.
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