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La pausa dura cuatro segundos. Un fiscal interroga a Eduardo Zambrano Caicedo, de la empresa Consultores Unidos, sobre la participación de Roberto Prieto en la construcción de un puente que hace parte de la Ruta del Sol 3. Zambrano le cuenta al fiscal:
Roberto nos ayudó a nosotros en el tema de puente Plato. En realidad es un contrato que no es público porque nosotros somos subcontratistas de la ANI. Nosotros somos contratistas de Yuma que es la concesionaria que tienen los italianos. Había quedado faltando un diseño de un puente, entonces era necesario hacer el diseño de ese puente, más si venía el tema de la navegación del río Magdalena. El ayudó en el sentido de que —entiendo porque no me consta—, que se reunió con [Luis Fernando] Andrade, habló de puente Plato y después los italianos de Yuma lograron que una partida que estaba para otra parte la pasaran para Puente Plato, y ahí arrancamos el diseño del puente y hasta ahí fue la actuación de él.
A renglón seguido el fiscal le dice a Zambrano: «Quería preguntarle señor Zambrano si por esa ayuda como usted la denomina el señor Prieto recibió algún tipo de contraprestación económica».
En ese instante se produce la pausa de cuatro segundos. Zambrano, vestido con una camisa azul cuyas mangas parecen ser más largas que las del saco, parpadea dos veces, arquea las cejas y luego contesta asintiendo con la cabeza: «Sí, como trescientos millones. Eso está en la contabilidad de Consultores, él presentó una cuenta de cobro y nosotros le pagamos a una compañía».
El video del interrogatorio lo reveló la revista Semana en su primera edición de 2018, cuya portada se tituló: Prieto en la mira. A medida que transcurre el video es imposible no recordar la frase de Prieto en la entrevista radial con Néstor Morales en marzo de 2017: «No he recibido comisión por mis gestiones». Prieto se refirió específicamente a puente Plato en la entrevista con Blu Radio:
Me hice amigo de los señores de Impregilo [socios de Yuma]. Impregilo dijo que se iba del país por multas como al año porque no hay derecho a la forma como nos tratan, mire las multas de ANI por la interventoría. Entonces, yo soy gobierno, esto le hace un daño al país que se vaya Impregilo, entonces cogí el teléfono llamé a [Juan Sebastián] Correa y le dije atiéndales que se quieren ir del país. No cobré por esa gestión.
Resulta que sí cobró por otra gestión. El 4 de enero de 2018 la Fiscalía, en el boletín de prensa 22909, anunció que imputaría cuatro delitos a Prieto, decisión que explica por qué el amigo del presidente Santos y de la primera dama fue portada de Semana:
Para los fiscales investigadores, el señor Roberto Prieto Uribe, presuntamente, habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, para la construcción del puente Plato (departamento de Magdalena) en ese proyecto. La gestión de intermediación habría estado condicionada a que los estudios y diseños del citado puente quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, como efectivamente ocurrió.
Por la gestión Prieto habría recibido $650 millones que le entregó la empresa Megaland S.A.S. la cual emitió una factura «para la viabilidad de ese pago, por un concepto carente de sustento», indicó la Fiscalía. No se explicó por qué el monto de la coima subió de los $300 millones confesados por Zambrano a $650 millones. Si las pruebas no son desvirtuadas, Prieto mintió por partida doble. Primero porque dijo que no había cobrado por las gestiones que había hecho para que Impregilo no se fuera del país, es decir, que lo habían motivado consideraciones patrióticas. Segundo, porque en Blu Radio proclamó que «Lo único que yo no haría por mi amistad con el presidente es monetizar al presidente de la República, eso lo tuve clarísimo». Lo que se deduce de la acusación de la Fiscalía es sencillamente que Prieto sí monetizó al presidente. Él había dicho que intervino a favor de Impregilo porque la empresa se iba a ir del país y «yo soy gobierno». Fue pues irrelevante la aclaración que hizo la revista Semana según la cual la imputación anunciada contra Prieto no tiene que ver con el escándalo de Odebrecht ni con la financiación de las campañas. Parecería como si hubiera sido el mismo Santos el que hubiera dictado ese trozo del artículo. Ninguna aclaración borra el hecho de que el gerente de las campañas de Santos, el director de la Fundación Buen Gobierno, el amigo del presidente, fue acusado de tráfico de influencias.
Prieto se defiende, según Semana, con el argumento de que nunca ha negado que ha sido lobista de inversionistas extranjeros ante la ANI. En Blu Radio dijo lo contrario, que él era gobierno y que intervino para evitar que una empresa importante se fuera del país. Precisó que no cobró concretamente en el caso de Impregilo y también dijo de manera general: «No he recibido comisión por mis gestiones». Otra mentira dijo Prieto en Blu Radio: «Yo no tengo nada que ver con la contratación del Estado».
La otra defensa de Prieto consiste, según la revista, en que el pago exitoso de un lobby es considerado una comisión de éxito. ¿Por qué Prieto no dijo eso diez meses antes cuando habló en Blu Radio? La misma revista desvirtúa ese argumento al divulgar que la factura con la cual se le pagó a Prieto el dinero se refería a estudios para una hidroeléctrica en la Cordillera Oriental. ¿El director adjunto del BID que no daba pie con bola en el comité de recursos humanos del banco es experto en hidroeléctricas? ¿El diestro conocedor del lenguaje de los narcotraficantes se nos revela ahora como consultor de hidroeléctricas?
Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, gerente de Megaland, facilitó el uso de la empresa para realizar los pagos a favor de Prieto, según la Fiscalía, que agregó un detalle crucial. Saldarriaga es pariente de Andrés Giraldo. Sí, del mismo Andrés Giraldo que según Otto Bula recibió un millón de dólares destinados a Prieto. El mismo Andrés Giraldo que según Prieto no los recibió. En la utilísima entrevista de Blu Radio, Prieto dijo:
Andrés [Giraldo] solo recuerda una reunión. Bula llega a una reunión con 2.000 millones a entregárselos a un señor que no conocía, a cuento de quién, a quién le cabe eso en la cabeza, no han reflexionado en donde caben 2.000 millones de pesos, usted entrega 2.000 millones en una cafetería que es al aire libre, ese cuento no es creíble. La historia de Otto Bula es absolutamente increíble y adiciónele a eso que no hay prueba material. Otto Bula se inventó ese cuento.
Tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Esos son los cuatro delitos que la Fiscalía anunció que imputaría al gerente de las dos campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y asiduo visitante de la Casa de Nariño, donde iba a fumar y a chismosear con la primera dama.
A la falsedad en documento privado mencionada por la Fiscalía habría que agregar la falsedad de las declaraciones de Prieto. Lo voy a demostrar porque tengo conocimiento personal y directo del asunto. De un asunto que se remonta a 1982.
Roberto Prieto hizo estas dos aseveraciones fundamentales en la entrevista que concedió el 14 de marzo de 2017:
Mi única virtud es que nunca me he sentado con un delincuente. Conmino al que quiera si yo he hecho un negocio indelicado, indebido o si mi costumbre es andar con delincuentes.
Puedo afirmar con conocimiento de causa que sí es costumbre de Prieto andar con delincuentes. Ese delincuente es su amigo Eduardo Zambrano Caicedo, el mismo que luego lo delató y lo acusó de recibir un soborno.
***
La delincuencia de Eduardo Zambrano se convirtió en noticia ampliamente difundida en Colombia el 20 de agosto de 1982. Ese día El Tiempo publicó en primera página como principal noticia del día este titular sobre el Banco del Estado: «Pagarés ficticios y autopréstamos».
Poco después de una emisión de acciones realizada por esa institución financiera aparecieron diez supuestos ganaderos del Cauca a los cuales el Banco del Estado supuestamente les prestó $53 millones. Con ese dinero los supuestos ganaderos compraron 2.528 reses a una empresa del presidente del banco, Jaime Mosquera Castro. Este y otros directivos, con el dinero de la supuesta venta de las reses, compraron el 74% de las acciones del banco. Para la Superintendencia Bancaria, antecesora de la Superintendencia Financiera, se trató en realidad de un autopréstamo, prohibido por la ley. Es decir, Mosquera y su grupo sacaron dinero de un bolsillo y lo pasaron a otro pues no existió una inyección externa de capital. La Superbancaria le impuso al banco una multa por $53 millones. Mosquera demandó la sanción ante el Consejo de Estado.
Lo que no sabían la Superbancaria ni el Consejo de Estado era que los ganaderos no existían, habían sido inventados, solamente tenían vida de papel. El banco creó carpetas con falsos préstamos a falsos clientes, utilizando para el efecto los nombres e identidades de personas que habían dejado su hoja de vida en la entidad bien porque aspiraban a un empleo o porque habían solicitado créditos que no les concedieron. La falsificación fue masiva. Eran falsos los extractos mensuales y los comprobantes de abonos que los fementidos ganaderos hacían a sus créditos. Eran falsos los pagarés. Y el Banco del Estado, cuando demandó la multa, presentó falsas declaraciones de esos clientes inexistentes que juraban que sí eran ganaderos, todo autenticado por un notario de Bogotá que fue cómplice del montaje delictivo.
Daniel Samper Pizano, Gerardo Reyes y yo descubrimos esa gigantesca cadena de falsedades en la Unidad Investigativa. Cuando nos pusimos en la tarea de localizar a los tales ganaderos, encontramos que las personas sí existían y su cédula era real pero ninguno tenía reses ni fincas. Uno resultó ser un conductor del SEM, el Servicio de Erradicación de la Malaria del Ministerio de Salud. Otro era contabilista de Todelar. Otro más era chofer de flota en Fusagasugá. Y así sucesivamente.
La primera vez que le pregunté a Jaime Mosquera, el presidente del banco, por los ganaderos me contestó: «¿Usted por qué salió con esas vainas?» Días después se volvió agresivo: «Ni usted les ha prestado el dinero, ni usted es juez. Si no los puede encontrar ese es problema suyo. La prensa debe informar, no ser fiscal. Un juicio ante el Consejo de Estado no puede ser ninguna farsa, no puede ser una payasada». La víspera de la publicación de la investigación cambió de tono: «No creí que esto fuera tan importante. Yo asumo las responsabilidades. Mi cabeza será la primera en cortarse. Su deber de informar va a causar una injusticia, los no culpables son los que van a pagar los platos rotos. Si yo he sido negligente o tramposo, yo soy culpable».
Cuando Daniel Samper le contó a Alberto Hernández Mora, abogado del banco en la demanda ante el Consejo de Estado, que los ganaderos eran ficticios, el ex magistrado le dijo: «Me estoy desayunando con eso. Me deja perplejo. Hay presentación de los señores en la notaría para autenticar firmas».
El día en que apareció el informe, uno de los de mayor impacto publicados por la Unidad Investigativa, los cuentahabientes del banco se apresuraron a retirar sus depósitos, por lo que se formaron filas larguísimas en las sucursales. A las once de la mañana el gobierno de Belisario Betancur, que se había posesionado trece días antes, despachó vehículos de seguridad a las sucursales con dinero en efectivo para atender los retiros, aseguró que el Banco de la República respondería por los pasivos con el público y ordenó la destitución inmediata del presidente del Banco del Estado, Jaime Mosquera Castro. Todo con el fin de tranquilizar a los alarmados ahorradores.
El banco había quedado debilitado, su credibilidad ya no existía y dos meses después el gobierno tuvo que nacionalizarlo. Además por decreto de emergencia económica, el Decreto 2920 de 1982, convirtió en delito los autopréstamos, que antes era una infracción administrativa.
El segundo a bordo en el banco era el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Zambrano Caicedo, el amigo de Roberto Prieto.
Jaime Mosquera y Eduardo Zambrano fueron los arquitectos de la monumental falsificación en el Banco del Estado. Zambrano había declarado bajo juramento ante un magistrado del Consejo de Estado que personalmente conocía al «ganadero» que resultó ser chofer de flota en Fusagasugá.
Como un mes antes de conocerse la denuncia de la Unidad Investigativa el dúo Mosquera-Zambrano había tomado el control del Banco Comercial Antioqueño, era de suponer que el par de falsificadores infectarían a Bancoquia, un banco mucho más grande que el del Estado, donde las repercusiones de un escándalo habrían afectado todo el sistema financiero. El superintendente bancario, Germán Botero de los Ríos, me dijo después de la publicación: «Si esa cosa no revienta, si sigue esa simbiosis entre esos dos bancos, en dos o tres meses habríamos tenido una catástrofe». Botero de los Ríos, que era muy lacónico, se quedó corto cuando me dijo que el banco de Mosquera y Zambrano había estado «en manos muy poco propicias».
En la Unidad Investigativa también comprobamos que Zambrano se robó $126 millones del banco, ordenando que se girara la suma de manera ilícita a la sociedad Inversiones Arroyohondo, donde él era socio.
Jaime Mosquera fue capturado, fue condenado y luego se estableció en San Juan de Puerto Rico. Eduardo Zambrano eludió la captura rasurándose el bigote y saliendo de la casa de un amigo oculto en el baúl de un carro.
Luego huyó al Brasil. En 1985 el diario O Globo, con base en un informe de la Policía Federal de ese país, publicó las fotografías de la mafia del narcotráfico que operaba en Brasil: Pablo Emilio Escobar Gaviria, Carlos Enrique Lehder Rivas, Gonzalo Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa Vásquez y otros más, entre ellos Eduardo Zambrano Caicedo, del cual decía el diario de Rio de Janeiro: «Su misión era reunir el dinero recaudado en el exterior para depositarlo en el banco de la organización en Panamá». La información de O Globo fue reproducida por El Tiempo el 11 de marzo de 1985, en la página 3A. El fugitivo falsificador y delincuente de cuello blanco se había convertido en lavador del Cartel de Medellín.
Cuando la Superbancaria investigó al jefe de inspectores bancarios, Hernando Marroquín Valencia, descubrió que tenía un carro Renault 18 que le regaló Eduardo Zambrano siendo vicepresidente ejecutivo del Banco del Estado. A Marroquín, cuyo sueldo no superaba en los años 80 los $100.000 mensuales, los ladrones le robaron de su casa 100.000 dólares que guardaba en efectivo. ¿Fuente? La revista Semana del 6 de julio de 1987.
En una filial del Banco del Estado llamada Afinsa, la Superbancaria detectó un faltante de $720 millones. La suma se hizo desaparecer de la contabilidad por orden «de los doctores Jaime Mosquera Castro y Eduardo Zambrano Caicedo, según obra a folios 368 y 404 del Libro de Actas de la Junta Directiva». Lo afirma un documento de Superbancaria citado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1997 en que fue ponente el magistrado Ricardo Calvete. En 1982 el dólar se cotizaba a 64 pesos, de modo que $720 millones eran más de 11 millones de dólares. El salario mínimo estaba fijado en 7.410 pesos.
Numerosas fueron las noticias publicadas en El Tiempo y en El Espectador sobre los ilícitos de Eduardo Zambrano:
* Auto de detención contra Eduardo Zambrano Caicedo, ex vicepresidente ejecutivo del Banco del Estado, León Sterenberg Pinedo, ex vicepresidente administrativo y Javier de Jesús Arbeláez, ex tesorero general, dictó ayer el juez 47 de instrucción criminal de Bogotá.
* Los ex-directivos del Banco del Estado, Jaime Mosquera Castro y Eduardo Zambrano Caicedo, transfirieron a bancos suizos cerca de US$35 millones obtenidos en préstamos de entidades financieras de Panamá y Estados Unidos, según una investigación que por posibles violaciones cambiarias adelanta la Superintendencia de Control de Cambios.
* Un nuevo proceso penal contra el ex presidente del Banco del Estado, Jaime Mosquera Castro, y contra el ex vicepresidente ejecutivo de la misma entidad, Eduardo Zambrano Caicedo, llegó ayer para su conocimiento al juzgado 20 superior de Bogotá. El negocio se relaciona con los presuntos delitos de falsedad y estafa.
* Varios ex directivos del Banco del Estado fueron llamados a responder en juicio criminal por los presuntos delitos de falsedad en documento y estafa. Los afectados con la medida son Eduardo Zambrano Caicedo, León Sterenberg Pinedo, Jaime Orozco Lourido, César Guillermo Rojas y Vicente Rodríguez, quienes presentaron, tramitaron y pagaron tres cuentas de cobro por servicios varios supuestamente prestados a la entidad crediticia por valor de $14 millones.
Roberto Prieto lo dijo en Blu Radio en 2017: «Nunca me he sentado con un delincuente. Conmino al que quiera si mi costumbre es andar con delincuentes».
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