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Resarcir el tejido social de los campesinos es lo que en muchas ocasiones deja una sentencia de restitución de tierras. Eso, por ejemplo, sucedió en la vereda de Macaraquilla, en el municipio de Aracataca, en el Magdalena, donde 17 familias recibirán de vuelta sus terrenos que, en los años 90, fueron adjudicados por el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), pero que una oleada de violencia por cuenta de las Autodefensas Unidas de Colombia, el EPL y antiguos miembros de las Farc les arrebató. Un fallo de más de 200 páginas del Tribunal Superior de Cartagena les devuelve un poco de paz y estabilidad a algunos campesinos que salieron huyendo de la guerra.
Los habitantes de Macaraquilla fueron asediados violentamente entre los años 1990 y 1992 por el Clan de Los Rojas, a quienes se les señala de la muerte del entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Enrique Camilo Noguera, por denunciar los brotes de inseguridad en esa zona del país. El grupo ilegal estaba conformado por seis miembros de una misma familia y alcanzó a tener alrededor de 600 hombres en armas. La estructura fue autónoma hasta cuando las Autodefensas Unidas de Colombia hicieron presencia en el territorio y comenzaron a robustecer las filas. Con ello, llegaron los asesinatos de tres campesinos líderes de la vereda.
Para 1994, quien hizo de las suyas fue el Ejército Popular de Liberación (EPL) que ordenó desalojar algunas fincas por donde pasaba un oleoducto de Ecopetrol. No obstante, el temor y la zozobra se agudizó para 1995 y 1999, cuando la Casa Castaño se diseminó por la zona. El saldo fue devastador: secuestros, extorsiones, torturas, desapariciones forzadas, incursiones paramilitares y siete asesinatos colectivos de campesinos. Y todo estaba por empeorar todavía más durante los siguientes años.
Para 2000, varios hombres armados con distintivos alusivos a las AUC y comandados por alias Virgilio incursionaron en la vereda por tres días seguidos. Los campesinos se sometieron a interrogatorios sobre la ubicación de miembros de las extintas Farc, pues eran señalados de tener contacto con ellos. Además, fueron extorsionados, hurtaron alrededor de 230 reses, gallinas y cerdos. Posteriormente, algunos fueron torturados, y así empezó el desfile de campesinos que huían con sus familias para proteger sus vidas.
A esa estampida de violencia, habitantes de las veredas Tranquilandia, Río Piedras, La Divisa y Bocatomas, que también hacen parte de El Porvenir, engordaron las cifras de desplazamiento masivo que azotó la zona durante los años 2000. Algunos dejaron sus terrenos abandonados por orden de las estructuras ilegales. Otros negociaron sus tierras entre $8 y $14 millones. No obstante, cuando la guerra mermó, más de 30 personas empezaron a reclamar sus terrenos. Las demandas de restitución llegaron a varios despachos judiciales.
Los campesinos desplazados se organizaron para reclamar el derecho a la restitución de tierras de al menos 15 predios que adquirieron de forma legal desde 1984. Reprochaban que, para la época, consolidaron proyectos productivos de ganadería y producción agrícola, pero todo ello se fue al piso por cuenta de la ola de violencia que padecieron. El proceso judicial quedó en firme en 2015 cuando unificaron todos los expedientes y, desde ese entonces, el Tribunal Superior de Cartagena empezó a analizar cada caso.
Los demandantes reclamaban parcelas que actualmente son propiedad de terceros, varios de ellos propietarios de más predios en el departamento del Magdalena y con probada solvencia económica, y otros que llegaron años después del abandono de tierras desplazados de otras regiones de la costa atlántica. Sobre algunas parcelas existe un interés petrolero, por lo que entre los demandados estuvo una empresa transportadora de hidrocarburos. Según el fallo, en seis las 17 familias deberán ser compensadas de manera directa.
Lo que dice el fallo
Entre las órdenes impartidas por el Tribunal está que los predios que serán devueltos deberán estar delimitados geográficamente y deberán cumplir con las condiciones de una Unidad Agrícola Familiar (UAF). En caso de que no se cumpla, la Unidad de Restitución de Tierras está en la obligación de complementar con otro predio hasta que se superen los cálculos de cada parcela. En otras directrices, la corporación aclaró que se debe hacer una actualización del registro catastral de los predios en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Además, debe existir un alivio o exoneración de deuda de impuestos sobre los terrenos restituidos.
Los campesinos que adquieran parcelas no podrán venderlas en al menos dos años y estarán acompañados durante el mismo lapso por autoridades de los Ministerios de Salud y de Vivienda. De otro lado, tendrán apoyo psicosocial por parte de la Unidad de Víctimas bajo un enfoque de género, sí es necesario, y tendrán capacitaciones del SENA para que los campesinos puedan orientar sus proyectos agrícolas y de ganadería para apostarle, no solo a la economía de su familia, sino a la de la zona. Además de la restitución de las tierras, el Tribunal le ordenó a la Fiscalía investigar la desaparición forzada de tres personas, así como los homicidios de cinco más.
De otro lado, el fallo insta a que el ente acusador investigue la autenticidad de algunas firmas que dieron lugar a poderes para vender predios en esa zona del país y para la época en la que fueron asediados por la violencia. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas también jugará un papel importante. La corporación ordenó que se inicien indagaciones para dar con el paradero de las personas que desaparecieron. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que defiende los intereses de algunos campesinos desplazados, celebraron la decisión y están en la tarea de analizar las órdenes del fallo.
De momento, la abogada Deysi Johana Moreno, miembro de la CCJ, en diálogo con El Espectador explicó que consultarán con Cormagdalena las limitaciones e impedimentos que puedan tener los predios que serán restituidos a las 17 familias. La jurista también resaltó que aún existen cuatro personas a quienes no se les amparó el derecho de restitución de tierras, entre ellos, una mujer a quien la violencia le arrebató a su pareja sentimental y sobre quien el Tribunal consideró que era pertinente tomar acciones con enfoque de género.
Sobre el resto de los casos, desde la CCJ no descartan presentar una acción de tutela para pedir la revisión de este fallo, pese a que, según la abogada, está entre los parámetros legales. Del mismo modo, analizarán los procesos en los que el Tribunal no se pronunció porque no estaba claro si algunos campesinos habían abandonado el territorio de manera voluntaria vendiendo sus predios o si hubo presiones de por medio. Entre otras cosas, Moreno resaltó que más allá de una decisión judicial que restablezca la restitución de tierras, se está creando tejido social con los campesinos afectados.
“La sentencia de restitución de tierras tiene un lugar especial en la reparación de las víctimas del despojo a causa del conflicto armado, dado que se pretende no solamente entregar un predio rural, sino reconstruir un tejido social de una comunidad campesina, así como sus prácticas y tradiciones alrededor de la agricultura y la vida en el campo”, explicó en diálogo con este diario. La decisión judicial, que debe hacerse efectiva durante los próximos seis meses, es un hito para el retorno a la tierra de alrededor de 100 campesinos que regresan a los predios que nunca debieron perder.
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