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El 14 de enero de 2017 la Fiscalía capturó al exsenador Otto Bula Bula, otro personaje que, como Gabriel García Morales, detenido dos días antes, no era ampliamente conocido en el país. De acuerdo con la Fiscalía, Bula recibió el saldo de los sobornos confesados por Odebrecht en Nueva York, es decir 4.6 millones de dólares, los cuales fueron girados inicialmente a favor de sociedades panameñas y chinas.
Pero a diferencia del caso de García Morales, donde se descubrió prontamente la armazón delictiva y donde los protagonistas aceptaron su culpa, en cuanto a Bula no se hizo claridad inmediatamente y ciertos hechos quedaron en disputa. Bula no aceptó la imputación de haber recibido 4.6 millones de dólares por la adjudicación a favor de Odebrecht de la carretera Ocaña-Gamarra, que se entregó a Odebrecht en 2014 no por licitación pública sino mediante un otrosí o modificación al contrato inicial de la Ruta del Sol 2. Esta última carretera fue la que Odebrecht logró que le adjudicaran en 2010 cuando sobornó a García Morales.
El hecho más significativo de la acusación contra Bula fue su ajenidad al gobierno que otorgó a dedo la vía Ocaña-Gamarra. Bula no fue nunca funcionario de Santos ni fue allegado suyo. Tampoco lo fue del gobierno de Uribe, aunque sí era partidario de Uribe, más que de Santos, ya que actuó como senador en algunas ausencias del primo de Uribe, senador Mario Uribe Escobar, condenado por la Corte Suprema de Justicia 2011 por el delito de paramilitarismo, técnicamente conocido como concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Bula fue el jefe del movimiento político de Mario Uribe Escobar en Córdoba. Más adelante se descubrió que Bula fue pagador y distribuidor de sobornos que sí llegaron a los bolsillos de allegados a Santos.
Desde cuando se reveló el nombre de Bula como beneficiario de comisiones ilícitas, empezó a perfilarse que los sobornos de Odebrecht durante los períodos de Santos fueron atípicos. Se pagaron sobornos, es indudable, pues la multinacional brasilera realizó erogaciones en Colombia, incluso por sumas mucho más altas que los 4.6 millones de dólares, y la compañía consiguió los favores y privilegios que buscaba, pero ni el presidente de la República ni sus ministros, ni quien en su gobierno desempeñaba las funciones que García Morales ejerció en el mandato de Uribe, es decir Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, resultaron ser beneficiarios de sobornos. Esta corrupción disfrazada no exime de responsabilidad al gobierno pues hubo pagos ilícitos como lo reconoció Odebrecht, no solamente en el acuerdo que firmó con el Departamento de Justicia, sino en un documento que Odebrecht Colombia entregó a la Fiscalía y en una declaración rendida en Salvador de Bahía, Brasil por Eleuberto Martorelli en diciembre de 2016. Ni exime de responsabilidad en cuanto la compañía obtuvo beneficios directos que le convenían.
¿Por qué fueron triangulados los sobornos? Porque los recibieron aliados y allegados de Santos. No se puede demostrar que Santos sabía o que él diseñó la fórmula o que la diseñó otra persona y el gobierno la toleró, o que simplemente las cosas sucedieron así. La Fiscalía, que reiteradamente ha venido mencionando las distintas líneas de investigación que se han derivado de sus pesquisas iniciales, las cuales en efecto han dado resultados fructíferos, no se ha ocupado de explicar la anomalía de los sobornos atípicos ni ha dicho que esté investigando si el presidente o el gobierno sabían de ese esquema inusual.
Le pregunté acerca de esta incongruencia a Luis Fernando Andrade, el presidente de la ANI que renunció en agosto de 2017, durante una entrevista telefónica un mes más tarde. Si él no recibió sobornos, como afirma, y la Fiscalía no ha podido demostrar lo contrario, si se trata, como él afirma de sí mismo, de una persona de alta competencia que trabajó anteriormente 25 años en la firma privada de consultoría internacional McKinsey & Company, si él efectivamente es un hombre honesto que solamente quería «ayudar», como ha manifestado en entrevistas y declaraciones, si instituciones y particulares han salido en defensa de su honorabilidad, si la ANI es como él dice la mejor entidad gubernamental del país según el Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿Cómo se explica que Odebrecht hubiera desembolsado sobornos en la época en que él presidió la ANI, desde su creación en el primer gobierno de Santos?
Esto fue lo que me contestó: «Si hay un entorno corrupto en el país, que desafortunadamente existe, no lo pueden hacer responsable a uno».
Desde el punto de vista penal, Andrade tiene toda la razón en su planteamiento. La responsabilidad por un delito es subjetiva, no objetiva.
De otro lado el propio Andrade reconoce que hubo sobornos. El 12 de enero de 2017 expidió este comunicado cuando recién empezaba el escándalo: «Esperamos que prontamente se conozca la totalidad de la información de la firma Odebrecht, sobre las personas a las que ellos pagaron los sobornos».
Si habiendo transcurrido más de un año de esa declaración se supiera ahora que Andrade sí percibió sobornos, se concluiría que el comunicado fue una muestra de cinismo del entonces presidente de la ANI, como lo fue el comentario inicial del ex viceministro Gabriel García Morales, que se declaró inocente. La inocencia de Andrade en cuanto a los sobornos se ha mantenido. La Fiscalía le imputó en septiembre de 2017 el delito de interés indebido en la celebración de contrato, que no implica recibir comisiones, sino interesarse como funcionario en un contrato en provecho propio o ajeno.
Por los sobornos de Odebrecht no existe una responsabilidad penal de Santos ni de Andrade, pero sí se presentó una modalidad del cohecho que garantizó la inimputabilidad del jefe del gobierno. Lo cual constituye un aporte novedoso e inmoral en materia de sobornos.
Las coimas merodearon a la ANI y los merodeadores sí recibieron dinero. Uno de los más notables fue el Ñoño Elías, alias del senador Bernardo Miguel Elías Vidal, oriundo de Sahagún (Córdoba), uno de los arietes que le dieron la victoria a Juan Manuel Santos en la reelección de 2014. Elías fue capturado en agosto de 2017 y llevado a la Penitenciaría de la Picota y ya no cabe duda de que se vendió a Odebrecht pues fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias.
Luis Fernando Andrade ha reconocido que se reunió con Elías varias veces entre 2013 y 2016. En una ocasión asistió a una cena en la casa del senador. La cena la preparó un chef enviado por Otto Bula. Andrade también le agradeció al senador un regalo que le envió a su esposa por la ayuda de Andrade para conseguir un cupo en un colegio de Bogotá. Andrade ha insistido que tenía que reunirse con quien estuviera interesado en los proyectos de la ANI. Las reuniones sociales no son aconsejables para los servidores públicos que según la ley tienen que obrar de acuerdo con los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, transparencia, publicidad y eficiencia. Pero esa falta no es equivalente al cohecho. Ni fue Andrade quien mantuvo estrechas relaciones políticas con individuos como el Ñoño Elías, fue Santos. El entorno corrupto lo aceptó el propio Santos cuando se alió con el Ñoño y sus adláteres para fines políticos. El mismo Santos que, de otra parte, en vista de la corruptela imperante en la entidad antecesora de la ANI, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), creó una nueva institución pública y buscó a una figura competente como Andrade para encabezarla.
Es esa dualidad, ese ejemplo de buen gobierno que intentó Santos al llevar a una persona calificada como Andrade a un alto cargo, en tanto que simultáneamente mantuvo alianzas con figuras de los bajos fondos de la política como el Ñoño Elías y sus congéneres, este Dr. Jekyll y Mr. Hyde que es el presidente, es lo que explica que ni Santos ni Andrade ni los ministros se hubieran untado como se untaron varios presidentes peruanos, y de otro lado explica que los sobornos de Odebrecht hayan surtido efecto en una administración que prometió buen gobierno y prosperidad para todos y en efecto le cumplió a unos pocos como al Ñoño Elías y a Musa Besaile, que recibieron miles de millones de pesos lícitos e ilícitos mientras mantenían una cercanía política con el Jefe del Estado.
Santos cree que cuando es necesario hay que contemporizar con el delito. No es una afirmación gratuita ni una invención, aunque él no la definiría en esos términos sino que la llama pragmatismo. Pertenece a su ideario político, heredado de las concepciones del presidente que más admira, Alfonso López Michelsen, el mismo que lo nombró a los 23 años en la oficina de la Federación Nacional de Cafeteros en Londres.
Cuando en el 2013 se celebraron los 100 años del natalicio de López Michelsen, Santos recordó las conversaciones que sostenía con el ex presidente:
A la escuela realista pertenecía Kissinger, por ejemplo; a la idealista, Woodrow Wilson. La diferencia se puede resumir en que los realistas asumen los problemas del mundo de acuerdo a como el mundo es, en tanto los idealistas lo hacen de acuerdo a como quisieran que fuera.
Tal vez fue con ese pragmatismo que el expresidente López aceptó recibir, cuando se encontraba en Panamá, al Cartel de Medellín para escuchar sus propuestas de sometimiento a la justicia y transmitirlas al gobierno.
Sí, López Michelsen recibió en el Hotel Marriott de Panamá a los narcotraficantes que ordenaron matar al ministro de Justicia la misma semana en que fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla en 1984.
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Para Néstor Humberto Martínez Neira «la Fiscalía de Colombia es en América Latina la que más resultados ha dado sobre el caso Odebrecht». Para el fiscal general la dependencia no solamente esclareció los dos casos de corrupción identificados por el Departamento de Justicia, el soborno en la Ruta del Sol 2 y el otrosí o anexo para la vía Ocaña-Gamarra, sino que fue mucho más allá, obteniendo información que no tenían autoridades internacionales, como en el caso del contrato Tunjuelo-Canoas en Bogotá, también adjudicado a Odebrecht. «Ninguna investigación se engaveta en la Fiscalía General de la Nación, por el contrario la Fiscalía realiza las investigaciones sin ninguna clase de consideraciones ni miramientos».
Martínez Neira hizo la última afirmación antes de que se conociera a mediados de 2017 que su fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, efectivamente engavetaba las investigaciones a cambio de dádivas, por lo menos en el caso de los expedientes contra el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y que Moreno recargaba a sus subalternos de trabajo en otros casos precisamente para cumplir con su promesa de enterrar las investigaciones contra Lyons.
Empero, sería injusto dejar de anotar que Martínez Neira no fue cómplice de Gustavo Moreno sino que lo denunció una vez se enteró que el fiscal anticorrupción era un elemento esencialmente corrompido incrustado en la Fiscalía y que recibió lecciones de depravación ética de parte de magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que le enseñaron a perfeccionar las técnicas de compraventa de sentencias y de archivo protervo de expedientes.
Tampoco sería justo dejar de registrar que fueron notables y notorios los avances de las investigaciones sobre Odebrecht durante todo el año 2017 y que, en efecto, sin miramientos fueron capturadas y acusadas muchas personas que no lo habrían sido en la fiscalía de Eduardo Montealegre, que será recordada fundamentalmente por el incansable esfuerzo de este repudiado personaje por endiosar a Natalia Springer, o Natalia Springer Tocarruncho, como la bautizó la sabiduría popular, o Natalia Lizarazo García, su nombre de cuna.
No pocos intocables recibieron la visita del CTI. Procede pues recordar los hechos que destapó la Fiscalía y registrar cómo llegaron a La Picota personajes sobre cuyos reatos existía abundante convicción en la opinión pública pero que parecían tener inmunidad.
La Fiscalía demostró que en los dos gobiernos de Santos se pagaron sobornos por parte de Odebrecht pero como las comisiones no entraron al patrimonio de Santos ni de sus altos funcionarios quedó la sensación de que Otto Bula, Roberto Prieto, Bernardo Elías, Musa Besaile y otros, obraron por su cuenta, sin que sus actos comprometieran al gobierno. Cómo si fueran réprobos autónomos.
No es así. Sencillamente lo ocurrido fue que los pagos ilícitos fueron triangulados o tercerizados, no los recibieron ni Santos ni el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, ni miembros del gabinete, pero sí se consiguieron decisiones oficiales favorables, sí pagó Odebrecht por esas decisiones, y sí es responsable el gobierno por esos ilícitos, aunque directamente nadie haya hecho giros a las cuentas bancarias de altos funcionarios del poder ejecutivo.
La sucursal de Odebrecht en Colombia contrató a Otto Bula en 2013 para que por medio del lobby hiciera viable el contrato de la carretera Ocaña-Gamarra, mediante el pago a Bula de honorarios por resultado o cuota de éxito. Luego se supo que la fecha no era real pues el contrato realmente se firmó en 2016 pero con fecha ficticia o antedatada. La aclaración la hizo el abogado Yezid Arocha Alarcón, nacido en Bucaramanga en 1955 y director jurídico de Odebrecht en Colombia desde hace muchos años. Según dijo Arocha a la Fiscalía, entre abril y junio de 2016 lo llamó Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht Colombia, y le pidió elaborar un contrato con Otto Bula «a fin dejar legalizado un hecho cierto, según las palabras del señor Martorelli, que consistía en la realización de unas actividades de lobby para viabilizar el otrosí Ocaña-Gamarra que se habían realizado en el 2013 y por las cuales se le habían pagado a él 4.6 millones de dólares en el 2014». Con esta declaración bajo juramento Arocha desmintió a Bula, que había negado la recepción del dinero cuando fue capturado.
Arocha declaró que conoció a Otto Bula en el 2012 porque se lo presentó Federico Gaviria Velásquez, que era «asesor de Odebrecht y lobista desde hacía muchos años, el señor Gaviria había apoyado a Odebrecht en licitaciones que no ganamos como las de Porce 3 e Ituango con EPM y la de la Ruta del Sol 3 que tampoco ganamos».
(Las actuaciones delictivas de Federico Gaviria Velásquez vienen de vieja data. En la alcaldía de Samuel Moreno Díaz, Gaviria entregó en su oficina del parque de la 93 en Bogotá $5.180 millones de pesos al secretario de salud del Distrito, Héctor Zambrano. El dinero tenía como destinatario a Samuel Moreno Díaz y a su hermano Néstor Iván Moreno Díaz, hijos y nietos de sujetos que se enriquecieron ilícitamente del erario público desde los años cincuenta: Samuel Moreno Díaz y el general Gustavo Rojas Pinilla. Los sobornos que pagó Gaviria eran la comisión exigida por el alcalde por el contrato de ambulancias de más de $67.000 millones que estructuró Gaviria.)
Arocha también señaló que veía con mucha frecuencia a Otto Bula en las oficinas de Odebrecht «reuniéndose con el señor Martorelli» en los años 2013 a 2015, y que luego en el 2016 lo volvió a tratar para la firma del contrato cuya fecha fue alterada para hacerlo aparecer como si se hubiera firmado en 2013, anomalía sobre la cual no se ha dado una aclaración satisfactoria. Bula «debido a sus apoyos políticos promocionaba la celebración del otrosí», según Arocha.
Yezid Arocha, cuando explotó el escándalo, entregó a la Fiscalía un documento presentado por Martorelli ante la Procuraduría General Federal en Brasil sobre los sobornos. Martorelli señaló en ese documento que Bula:
Me contaba que en las comisiones permanentes del Congreso: Tercera (Hacienda Pública y Crédito Público), Cuarta (Presupuesto y Sistema de Control Fiscal y Financiero) y Sexta (Infraestructura y Prestación de Servicios Públicos), en las cuales él tenía influencia, convocaría a Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, y a Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, para reuniones de control político en el Congreso, con el objetivo de presionarlos para darle celeridad al otrosí que viabilizaría el proyecto Ocaña-Gamarra.
Cárdenas en efecto fue citado seis veces a las comisiones del Congreso entre agosto y octubre de 2013. Martorelli agregó en el documento que Yezid Arocha entregó a la Fiscalía y que fue revelado por la revista Semana:
Verifiqué que era verdad, pues en una de esas reuniones de trabajo ocurridas en la ANI, el presidente de la Agencia, Luis Fernando Andrade Moreno, me pidió que no hubiese más presión de los parlamentarios para realizar el proyecto. Esto demostraba que Otto Bula estaba actuando con los agentes políticos.
Queda pues claro que los sobornos se pagaron no a Andrade ni al ministro de Hacienda sino a los parlamentarios que los presionaron para que Odebrecht consiguiera el contrato de la vía entre Ocaña y Gamarra sin licitación pública, creando dos peajes más e incrementando el valor de los peajes existentes. La demostración palpable de esta afirmación proviene de Martorelli.
Eleuberto Antonio Martorelli, director superintendente de Odebrecht en Colombia a partir de enero de 2013, rindió en Salvador de Bahía, Brasil una declaración derivada de su acuerdo con el Ministerio Público Federal. En esa declaración de diciembre 15 de 2016, Martorelli señaló que para que fuera viable la construcción de los 90 kilómetros de carretera entre Ocaña y Gamarra, que fue la que originó el pago de 4.6 millones de dólares a Otto Bula, eran indispensables cuatro cláusulas:
1. El aumento de las tarifas de los peajes en un 15%.
2. La creación de dos nuevos peajes.
3. Anticipar las vigencias futuras del contrato.
4. Garantía estatal sobre el valor mínimo a ser recaudado por la concesionaria.
Cuando se firmó el otrosí número 6, el de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, que Martorelli en su declaración llama en portugués «aditivo número 6», se consiguió el objetivo que buscaba Odebrecht. Según Martorelli: «Efectivamente las cuatro cláusulas fueron atendidas para poder tener viabilidad el proyecto».
En cuanto a los dos nuevos peajes, por ejemplo, se crearon por acto administrativo firmado por la ministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa Glen. En la resolución 2127 de 2014 la ministra emitió concepto favorable para establecer dos nuevos peajes denominados Gamarra y Platanal. Nadie ha dicho que la ministra recibió dinero por esa decisión. Pero era una decisión que Odebrecht consideraba esencial para la viabilidad de la carretera y la decisión favorable la emitió la administración Santos.
Martorelli señaló en su declaración:
La participación de Otto Bula en ese proceso fue importante, conseguimos el contrato, fue adicionada la concesión. No sé si hubo pago a agentes públicos. Bula nunca especificó que existía trato directo con autoridades públicas. Bula tenía influencia muy grande en la región Caribe, con parlamentarios de la región. El utilizaría relaciones políticas, se necesitaba que el Ministerio de Transporte aprobara cláusulas, aumento del 15% de la tarifa de peaje, aprobar dos plazas de peajes adicionales, que Ministerio de Hacienda autorizase traspaso de vigencias futuras. Los pagos se hicieron por medio del Departamento de Operaciones Estructuradas porque Bula pidió que se hicieran pagos en la cuentas afuera, en el exterior, por eso no se podían hacer desde Colombia.
Martorelli precisó que inicialmente la ANI preguntó en 2013 a la concesionaria de la Ruta del Sol 2, es decir a Consol, si tenía interés en realizar un estudio sobre la posible construcción del trayecto Ocaña. El contrato de estudio se firmó en julio de 2013 como otrosí número 3 del contrato de la Ruta del Sol 2. «Claro está que efectivamente no le interesaba a la concesionaria solamente la realización del estudio», indicó Martorelli. Como el contrato principal se podía adicionar con corredores alimentadores, el concesionario quería además realizar las obras, agregó. Otto Bula preguntó entonces si podía ayudar para conseguir el otrosí principal, el de la construcción del trecho Ocaña-Gamarra, que luego de distinguió como otrosí número 6. Bula dijo, según Martorelli, que podía ayudar para acelerar ese otrosí o aditamento. Martorelli consultó con su superior Luiz Mameri y el contrato con Bula se firmó el 5 de agosto de 2013.
Es claro que de parte del gobierno había interés en el otrosí y que la ayuda de Bula al concesionario consistía en agilizar los trámites. El otrosí iba a salir en 2014 o 2015 o 2016, anotó Martorelli en su declaración, pero lo que logró Bula fue acelerarlo. La voluntad de adicionar el contrato se materializó antes de que Bula ofreciera el lobby pues, según Martorelli, el contrato con Bula se firmó en agosto de 2013 y la adición para estudiar el trayecto Ocaña-Gamarra es de julio 2013. Es decir el otrosí número 3 se firmó sin la contaminación de los sobornos. Estos sirvieron para acelerar un trámite oficial. La declaración de Martorelli favorece a Andrade pues indica que ya había en la ANI una decisión de construir el tramo Ocaña-Gamarra y por ende Andrade no tenía interés indebido en ese contrato ni a su favor ni a favor de terceros.
En cuanto a los pagos a Bula, Martorelli declaró en Brasil que se hicieron entre febrero y septiembre de 2014 por un monto de 4.6 millones de dólares, girados a cuentas offshore de sociedades de Bula. Los giros los hizo el Departamento de Operaciones Estructuradas, según Martorelli. Odebrecht se benefició pues si el pago se hubiera hecho en Colombia se habría encarecido por el IVA, entonces del 16%. «Vi que yo tenía un beneficio fiscal», dijo Martorelli.
Lo que no le preguntaron a Martorelli durante su declaración en Salvador de Bahía en diciembre de 2016 fue lo siguiente. Si según él los pagos a Bula se hicieron en 2014 y se realizaron fuera de Colombia, ¿Por qué Yezid Arocha declaró que Martorelli en el 2016 le pidió redactar un contrato para legalizar unas gestiones hechas por Bula en 2013?
***
Poco después de su captura, Otto Bula señaló que había entregado un millón de dólares a Andrés Giraldo Rivera, un empresario conocido de Roberto Prieto, cercano allegado del presidente Santos y gerente de sus campañas presidenciales de 2010 y 2014, y que el dinero era para Prieto. Este y Giraldo han negado reiteradamente la acusación. Giraldo fue miembro de la junta directiva de la empresa familiar de publicidad Marketmedios, de la cual Prieto ha derivado cuantiosos ingresos.
Cuando Juan David Laverde del diario El Espectador reveló la declaración de Bula ante la Fiscalía se supo su versión de los hechos: que el millón de dólares había pasado por cuentas en el exterior de un conocido de Bula, Víctor López, importador de carros al cual Bula le compró un predio en Córdoba. Odebrecht giró el dinero a las cuentas de López. Después López le entregó a Bula el equivalente a la mitad del dinero «en una tulita» en su casa en el conjunto San Simón en Guaymaral, entre Chía y Bogotá. El dólar se negoció a 1.800 pesos.
Al día siguiente Bula visitó a Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht Colombia, en su oficina del parque de la 93. Martorelli, siempre según Bula, le dio la dirección de un hotel y un número telefónico escrito en un papelito junto al nombre de Andrés Giraldo. Martorelli le informó que Giraldo era amigo de Roberto Prieto y que la plata era para Prieto, según Bula, que cobró $200 millones por el mandado. Según publicó Juan David Laverde:
El excongresista Bula siguió al pie de la letra las instrucciones: fue al hotel ubicado en cercanías al parque El Virrey, en la recepción llamó a ese celular que le habían dado y de inmediato un hombre que estaba ahí atendió la llamada y se le arrimó a decirle: «¿Tú eres Otto?». Bula le contestó: «¿Y tú eres Andrés?»
Según Giraldo, sí se reunió con Otto Bula a finales de 2014 o comienzos de 2015 en un café Juan Valdez cerca al Parque El Virrey en Bogotá. Bula quería conocer a Roberto Prieto. Giraldo y Prieto se conocieron hacia 1984 porque «su señora se graduó conmigo en la misma universidad en Medellín», dijo Giraldo. Este señaló en entrevista con la revista Semana:
Asegura (Bula) que tuvimos dos reuniones y que en la primera me dijo: «Hola, ¿Cómo estás? Aquí hay medio millón de dólares para el doctor Prieto». No me conocía a mí, no conocía al doctor Prieto. ¡Por Dios! Si a uno le pasa eso en Colombia o sale corriendo o le da un infarto. Eso es absolutamente improbable. Nadie llega a una primera reunión con una canasta de medio millón de dólares.
Giraldo agregó que con Roberto Prieto «nos metimos a Google a ver quién era y encontramos una historia de Semana sobre sus fincas de Córdoba, un prontuario». Andrés Giraldo, egresado de la Universidad Eafit de Medellín, expresó que no tuvo relaciones con la campaña de Santos, que no conoce a ningún congresista y que con su señora posee una finca cafetera que produce 7.000 arrobas de café y además hace negocios de propiedad raíz y asesora compañías en materia tributaria y financiera.
Pero Otto Bula insistió en que hubo no una sino dos reuniones con Giraldo:
Le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación, comí, me demoré un poquito, cuando iba saliendo del restaurante hacia el carro, iba entrando el señor Roberto Prieto al restaurante. Yo salí para mi carro y él entró al restaurante donde estaba el señor Andrés Giraldo.
En rueda de prensa del 7 de febrero de 2017 el fiscal Néstor Humberto Martínez señaló a Andrés Giraldo como enlace entre Otto Bula y la campaña reeleccionista de Santos en 2014:
Se ha establecido que de dicho monto, de los 4.6 millones de dólares, el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia que fueron monetizados en su momento por la suma de 1 millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos presidente 2014.
Agregó el fiscal que del millón de dólares se descontó una comisión del 10 por ciento a favor de terceros y que Bula se quedó con 200 millones de pesos por su gestión.
La Fiscalía compulsó copias al Consejo Nacional Electoral pero Andrés Giraldo y Roberto Prieto siguieron insistiendo que no habían recibido el dinero. Qué pasó con ese millón de dólares sigue sin aclararse. En el 2017 Andrés Giraldo no fue imputado por la Fiscalía, lo que parece indicar que no se demostró que hubiera servido de enlace para la distribución de los sobornos. Si lo hubiera sido le habrían imputado cargos, como sucedió en el caso de Gabriel García Morales con sus amigos cartageneros Eduardo y Enrique Ghisays.
El gabinete en pleno y el vicepresidente Germán Vargas Lleras reaccionaron ante el anuncio del fiscal Martínez Neira y protestaron porque «personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan ahora enlodar la campaña presidencial de 2014, como se pretendió hacerlo también sin éxito con la de 2010. Como consta en los libros contables de la campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, la campaña no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de la misma se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la ley».
Vargas Lleras y el gabinete salieron en defensa de Santos:
A lo largo de su vida pública y en los últimos seis años y medio de gobierno ha demostrado a los colombianos su condición de dirigente transparente e intachable en todas sus actuaciones. Con su liderazgo, el Estado se ha comprometido a fondo en la lucha contra la corrupción y su honestidad nunca se ha puesto en duda. Hemos sido testigos de su actitud vertical cuando se trata de exigir de los funcionarios públicos apego estricto a los principios éticos y a la ley en el ejercicio de sus funciones. No cesaremos en el empeño de combatir con contundencia cualquier forma de corrupción.
La indignación ministerial duró apenas un mes. Roberto Prieto, gerente de ambas campañas presidenciales de Santos, fue entrevistado el 14 de marzo de 2017 por el periodista Néstor Morales de Blu Radio. En la entrevista, luego galardonada con el Premio Simón Bolívar, Prieto confesó que en la campaña de 2010 ingresaron 400.000 dólares de Odebrecht con los cuales se imprimieron 2 millones de afiches. Es decir sí hubo un soborno de Odebrecht para Juan Manuel Santos, un soborno que el gobierno de Santos no reveló en diciembre de 2016 cuando demostró que antes de que la Fiscalía empezara a investigar el escándalo la Casa de Nariño ya tenía lista la munición para dispararle a un viceministro de Uribe y acusarlo de la coima por el contrato mayor, el de la Ruta del Sol 2.
Prieto precisó que empezó a trabajar en la campaña presidencial el 4 de mayo de 2010 y que se enteró que en febrero de ese año el comité financiero de la campaña aceptó la financiación de Odebrecht. Los miembros del comité fueron Orlando Sardi de Lima, Consuelo Caldas y Juan Claudio Morales, los cuales desayunaron en el Hotel Casa Medina de Bogotá con Luiz Antonio Bueno Junior, entonces presidente de Odebrecht Colombia. Los tres negaron haber recibido el dinero pero su declaración no tiene credibilidad pues luego Roberto Prieto aceptó el ingreso irregular de 400.000 dólares. En Blu Radio Prieto dijo:
Me remito a lo que dijo María Fernanda Valencia que Odebrecht pagó los afiches. Yo ordené los afiches operativamente. Cuando yo llego dijeron «está fondeado esto», yo lo reconozco, a mí me dijeron hay que contratar 2 millones de afiches. ¿Quién paga eso? Me dijeron «Lo paga Odebrecht», porque ya estaba fondeado, mándele la factura a Odebrecht, eso fue lo que yo hice porque ya estaba fondeado.
Cuando el periodista Ricardo Ospina le preguntó a Roberto Prieto de dónde salió la plata, él contestó: «De Odebrecht, ya quedó claro, yo eso no lo niego». Prieto agregó:
No es legal, usted tiene toda la razón, eso no se lo voy a negar. Aquí tiene que haber un reconocimiento del fondeo de esa plata, no estamos ocultando nada. Eso es una realidad y si usted me pregunta se lo tengo que decir honestamente, eso fue una operación irregular y la campaña lo tendrá que aceptar y lo va a aceptar, una operación donde el presidente no tuvo nada que ver. La gente que participó en el fondeo de eso tiene que salir a aceptar. Desde la génesis eso fue irregular y que hicimos quedar mal al presidente. ¿Es irregular aceptar plata de una empresa extranjera? Sí. ¿Es irregular aceptar plata de una empresa privada? Sí. ¿Es irregular no poner las cuentas en los libros de contabilidad? Cierto.
Cuando Néstor Morales le preguntó a Prieto por qué Odebrecht hizo ese aporte a la campaña, por qué lo hizo por debajo de la mesa y si la compañía esperaba recuperarlo, la respuesta fue: «Aquí meten por encima y por debajo y por los lados, la gente busca tener acceso al gobierno, más que recuperarlo. Cuando los grupos económicos aportan 400 o 500 millones de pesos por encima, ¿Usted por qué creen que los aportan?»
En la misma entrevista Prieto reiteró que no recibió un millón de dólares de Otto Bula: «Mi única virtud es que nunca me he sentado con un delincuente». Esta es una frase que vale la pena memorizar, pues servirá más adelante para examinar las conductas de Prieto.
Personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna. Así descalificó el gobierno a Otto Bula. Santos llamó a Bula «siniestro personaje». Pero el presidente tuvo luego que reconocer que Odebrecht había infiltrado su primera campaña. Después de la entrevista de Prieto en Blu Radio, Santos afirmó que el pago de los afiches en la campaña de 2010 por parte de Odebrecht «es un hecho bochornoso». Agregó un vergonzoso: «Me acabo de enterar». Una variante del «A mis espaldas» que hizo famoso otro presidente en un caso similar de dañada y punible financiación de una campaña.
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