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Después de la bomba noticiosa que se difundió el 21 de diciembre de 2016 sobre la regadera de sobornos de Odebrecht, vino el receso navideño y de fin de año.
El siguiente titular se produjo el 12 de enero de 2017 cuando fue capturado Gabriel García Morales, señalado desde el primer momento por el gobierno Santos como virtual sobornado. Néstor Humberto Martínez Neira, el fiscal general, indicó que hacía el anuncio «con verdadera indignación de colombiano».
García Morales fue el último viceministro de Transporte en el gobierno Uribe. Como director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) adjudicó a Odebrecht el contrato de la Ruta del Sol 2, una vía de 510 kilómetros que se inicia en Puerto Salgar (Cundinamarca) y culmina en San Roque (Cesar) y que se contrató por 2 billones de pesos.
García Morales negó haber recibido coimas cuando se mencionó por primera vez su nombre en los medios de comunicación, agregó que la Ruta del Sol 2 fue adjudicada con participación de la Corporación Financiera Internacional «y vigilada por los organismos de control» y afirmó que «siempre se procedió con rigor y transparencia». Sin embargo, una vez detenido aceptó prontamente haber recibido un soborno de 6.500.000 dólares. En su primera declaración en diciembre de 2016 había dicho categóricamente:
En ningún momento y bajo ninguna circunstancia he recibido dineros de soborno ni de ninguna especie, provenientes de compañías participantes en licitaciones.
Por esta proclividad tan común a la mentira, los ciudadanos casi siempre dudan de los funcionarios gubernamentales que se declaran inocentes de una acusación. Inversamente, la opinión pública casi siempre cree que un funcionario acusado es un funcionario culpable.
El cartagenero Gabriel García Morales no era ampliamente conocido. Hijo de Alfredo García de Zubiría, ex director de Proexpo en Cartagena, estudió economía en la Universidad de los Andes y dictaba la cátedra de microeconomía en la Universidad Tecnológica de Bolívar cuando el presidente Uribe lo nombró en 2009 como viceministro de Andrés Uriel Gallego, que sí se hizo conocer en los ocho años en que fue ministro de Transporte, de 2002 a 2010, y que falleció de cáncer en 2014. En el gobierno de Andrés Pastrana, García Morales fue superintendente de puertos y transporte por apenas dos meses.
Antes de la captura de quien él había elogiado tiempo atrás como una de las personalidades jóvenes más importantes del Caribe y de la patria, Alvaro Uribe cambió de tono:
Gabriel García traicionó a Andrés Uriel Gallego, ministro químicamente puro, al equipo de Gobierno y a mi persona, que en una vida pública larga, he manejado con pulcritud y austeridad los recursos del Estado, desde la Jefatura de Bienes de Empresas Públicas de Medellín hasta la Presidencia de la República.
Uribe también reveló que fue Silvana Giaimo, su viceministra de Minas y Energía y ex directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, quien recomendó a García Morales para el viceministerio de Transporte. Giaimo respondió que presentó a García Morales basada en «la estructura moral que se conocía de su familia».
García Morales no recibió los 6.500.000 dólares directamente sino que pidió a sus amigos cartageneros, los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, que aceptaran la coima por medio de sociedades que crearon ex profeso, llamadas Lurion Trading Inc y Oil & Gas Logistics. Los Ghisays a su vez invirtieron una parte del dinero en acciones de otra sociedad: Pacific Infrastructure. En otras palabras los hermanos actuaron como lavadores del soborno. Y terminaron siendo víctimas de García Morales, que los delató al negociar beneficios penales con la Fiscalía —lo que se llama principio de oportunidad— a cambio de que la Fiscalía no le imputara los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó la delación: «La situación de los hermanos Ghisays fue previamente acreditada, a partir del testimonio que dio el ex viceministro García».
Por esa razón, en tanto que García Morales, como ya se dijo, fue condenado en diciembre de 2017 a 5 años y dos meses de prisión, Enrique Ghisays recibió una pena mayor. En julio de 2017 fue sentenciado a 7 años de cárcel. La condena era de 14 años pero se le rebajó a la mitad por haber aceptado los cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Con los beneficios adicionales por trabajo y estudio y buena conducta podría estar libre en 2021. Su hermano Eduardo Ghisays fue condenado por lavado de activos a 3 años de detención domiciliaria en agosto de 2017.
Según la Fiscalía, Enrique Ghisays se reunió en Miami con «Tushio», sobrenombre del jefe de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht —el denominado departamento de sobornos—, un brasilero llamado Luiz Eduardo da Rocha Suárez. A la cita asistió un representante de la Banca Privada d’Andorra. En la reunión le sugirieron a Ghisays que, para despistar, creara una sociedad de papel en Panamá. En enero de 2010 los Ghisays constituyeron Lurion Trading Inc., la cual abrió cuenta en el banco de Andorra, que es muy conocido por prestarse para ocultar capitales. Luego, de la sociedad panameña salieron 4 millones de dólares para comprar acciones de la compañía Pacific Infrastructure, con lo cual se buscaba, según la Fiscalía, darle una apariencia de legalidad a los sobornos. Un millón de dólares se perdieron en fallidas transacciones de bolsa. La comisión para los Ghisays por lavar el dinero fue de 750.000 dólares. El saldo faltante no se ha explicado. Con el producido de los sobornos García Morales compró en Cartagena un apartamento en el edificio Claro de Luna.
Pacific Infrastructure resultó ser una empresa real, no de papel, cuyo presidente, Juan Ricardo Noero, también había sido viceministro de transporte, como García Morales, pero no en el segundo sino en el primer gobierno de Alvaro Uribe, entre 2002 y 2006. Noero rindió un interrogatorio en la Fiscalía pero no fue imputado. Aclaró públicamente que no sabía que se originaba en sobornos la inversión hecha por los hermanos Ghisays. Fue García Morales quien le presentó a los Ghisays.
El negocio se hizo así, según me informó Andrés Rengifo Mantilla, director legal de Pacific Infrastructure:
1. Pacific Infrastructure (PIV) identificó a un grupo de más de 30 inversionistas interesados en adquirir acciones. Esa emisión y colocación de acciones recogió US$37 millones, destinados a ejecutar proyectos de infraestructura en Colombia. La capitalización representaba aproximadamente el 20% del total de acciones de PIV.
2. Uno de los inversionistas que adquirió acciones fue la sociedad Lurion Trading Inc., representada por Enrique Ghisays. El 24 de noviembre de 2010 Lurion compró 2 millones de acciones que valían US$2 millones.
3. En agosto de 2011, Lurion vendió sus acciones a Oil & Gas Logistics Inc.
4. PIV no intervino en la venta de Lurion a la otra sociedad ni tuvo información al respecto. Simplemente le notificaron el traspaso de acciones.
5. En el año 2012, PIV hizo una nueva emisión de acciones y las ofreció a sus accionistas.
6. Como resultado de esa segunda capitalización, Oil & Gas Logistics Inc. adquirió 2 millones de acciones de PIV por US$2 millones. De esa manera Oil & Gas quedó como titular de 4 millones de acciones.
7. Con oficio de marzo 9 de 2017, la Fiscalía 35 Dirección Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ordenó a PIV inscribir un embargo sobre todas las acciones de Oil & Gas, es decir, los 4 millones de acciones.
8. El 7 de junio de 2017 Enrique Ghisays, como representante legal de Oil & Gas, envió un oficio a PIV solicitando la inscripción del embargo ordenada por la Fiscalía 35 sobre los 4 millones de acciones. Dos días después PIV solicitó al agente residente de PIV en las Islas Vírgenes Británicas registrar el embargo. El 25 de julio de 2017 el agente residente certificó que se había realizado el embargo y que estaba suspendido el poder dispositivo sobre las acciones.
A enero de 2018 estaba vigente el embargo de las acciones, según el director legal de PIV. «Sus actuales titulares no podrán disponer de las mismas», indicó Andrés Rengifo Mantilla. PIV, añadió, desconoce los procesos de la Fiscalía «en relación con el origen de los recursos con los cuales se hicieron esas inversiones en PIV».
De los 4 millones de dólares invertidos en PIV por Enrique Ghisays, 2 millones venían del soborno de Odebrecht. Los otros dos fueron un aporte de dos amigos empresarios de Gabriel García Morales: Marco Giampaoli y Menzel Amín. Así lo indicó la Fiscalía en el comunicado 20958 de julio de 2017.
Pero toda la inversión, los 4 millones de acciones, quedó congelada.
Rápida y eficaz fue la actuación del fiscal Néstor Humberto Martínez en el caso de los sobornos pagados a Gabriel García Morales y de los delitos que cometieron los hermanos Ghisays para darle apariencia de legalidad a los fondos girados por Odebrecht para comprar el contrato de la Ruta del Sol 2. Los protagonistas fueron procesados y condenados en el curso de 12 meses. Muy distinta fue la gestión del antecesor de Martínez, ese gran burócrata de la justicia llamado Eduardo Montealegre, que se distinguió como fiscal general de la Nación por prodigar contratos, atenciones y honores a la esclarecida dama Natalia Springer.
En el asunto del soborno a García Morales solamente hay un cabo suelto. Falta que se liquiden las acciones de los reos en Pacific Infrastructure y que se cumpla la promesa que la Fiscalía hizo públicamente en julio de 2017 de que en un año ingresaría a las arcas del gobierno el producto de la liquidación de la inversión.
Como se ha visto, Gabriel García Morales incurrió en el típico delito de soborno, o cohecho, como lo llama el Código Penal. Como servidor público recibió dinero de una persona (Odebrecht) a cambio de un acto que debía ejecutar en el desempeño de sus funciones. Ese acto fue la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2.
La contraprestación de García Morales no fue solamente la adjudicación del contrato sino una conducta que según la Fiscalía se desarrolló en un apartamento del norte de Bogotá, donde el entonces viceministro como director del INCO «daba orientaciones al empresario Luiz Antonio Bueno Junior para que Odebrecht presentara una propuesta perfecta, con el compromiso de descalificar a los demás oferentes». Bueno Junior era el presidente de Odebrecht Colombia. Fue el mismo mecanismo utilizado en Brasil por las compañías que como Odebrecht hacían parte del cartel destinado a suprimir la competencia en la contratación de Petrobras.
En resumen, en relación con el soborno girado durante el gobierno de Alvaro Uribe, se hizo plena claridad en el curso de pocos meses y se llegó a tres sentencias condenatorias, una rareza dentro de las investigaciones por corrupción en Colombia. Néstor Humberto Martínez cobró este triunfo en rueda de prensa del 6 de marzo de 2017 cuando anunció que las pesquisas se realizaron «solamente a partir de indagaciones e iniciativas probatorias propias» sin que hasta ese momento la Fiscalía hubiera recibido pruebas recaudadas por la Procuraduría General de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Pero la actuación de la Fiscalía se vio empañada por una incomprensible absolución del fiscal general a favor de Odebrecht en relación con el otro negocio de la multinacional de los sobornos, la recuperación del río Magdalena. «Hay algunos contratos que no implicarían valoraciones de criminalidad o de corrupción», afirmó Néstor Humberto Martínez el 5 de enero de 2017. «Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del río Magdalena». ¿En solo quince días ya se tenían elementos de juicio para emitir un paz y salvo por esas obras? No cabía ese pronunciamiento cuando acababa de explotar el escándalo mundial de Odebrecht. La firma no merecía esa absolución anticipada. Además a la Fiscalía no le corresponde expedir certificados de buena conducta sino imputar cargos cuando existen las pruebas. Si una investigación no desemboca en imputaciones se archiva, pero no se le expide un paz y salvo al investigado. Ese detalle, esa “queridura”, no hace parte del procedimiento de instrucción criminal.
El pecado de Néstor Humberto Martínez subió de punto porque con esa declaración absolvió a Odebrecht, socio de su antiguo patrón, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Este, a través de Episol, filial de Corficolombiana, corporación financiera que hace parte del Grupo Aval dominada por Sarmiento, era el socio de Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol 2, socio minoritario con un 33% pero socio local fundamental. Néstor Humberto Martínez fue abogado y asesor de cabecera de Sarmiento hasta cuando se posesionó como fiscal general el primero de agosto de 2016.
Otro pecado cometió el fiscal general cuando afirmó que condicionaría un principio de oportunidad solicitado por Odebrecht al pago de una indemnización equivalente al soborno de algo más de 11 millones de dólares. En el principio de oportunidad, a cambio de colaboración con la justicia la Fiscalía suspende y luego renuncia a la acción penal. Esta posición del fiscal la comenté en la columna que escribo para el diario El Espectador:
Si NHM llega a firmar el principio de oportunidad a favor de Odebrecht incurrirá en un abuso de poder similar al que se le imputa a García Morales, porque estaría beneficiando a uno de los socios del contrato de la Ruta del Sol 2, que lo es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Si el fiscal general firma un principio de oportunidad premia injustificadamente a Odebrecht, que merece el ostracismo absoluto de las obras públicas en Colombia por su confesa conducta delictiva. Si NHM firma el beneficio penal, él y García Morales como funcionarios públicos habrán obrado de manera indigna, deshonrosa, indecorosa y escandalosa. Con una diferencia a favor de García Morales, que solamente recibió 6.5 millones de dólares. Néstor Humberto Martínez le permitiría a Sarmiento Angulo seguir ejecutando un contrato oficial que para él como contratista, con su 33%, vale 484 millones de dólares.
En rueda de prensa del 6 de marzo de 2017, NHM insistió en los beneficios penales para los giradores de los sobornadores:
Los señores Luis (sic) Antonio Bueno Junior, Luis Antonio Mamery, Luis Eduardo Da Rocha Soarez y Yesid (sic) Augusto Arocha Alarcón, funcionarios de Odebrecht, brindaron información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los ilícitos ocurridos alrededor de la adjudicación del Contrato Ruta del Sol 2 y están postulados por la fiscal de conocimiento para tramitar un principio de oportunidad en relación con los hechos que se comentan, a condición de que reparen el daño causado a la sociedad, que se ha estimado en la suma de $32.000 millones de pesos.
Pero desde el 9 de febrero de 2017 Odebrecht perdió el control de la Ruta del Sol 2, por intervención del entonces recién posesionado procurador Fernando Carrillo, el cual obtuvo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la aplicación de medidas cautelares. Se suspendió el contrato y se embargaron las cuentas bancarias de Odebrecht.
Mantener la participación del «corrupto confeso» Odebrecht lesionaba la moralidad pública y ponía en riesgo el patrimonio público, argumentó Carrillo.
Evacuado el caso del soborno en el octenio de Uribe, procede analizar lo sucedido con las comisiones pagadas en el octenio de Santos. Sí, la Fiscalía hizo también en este caso un notable destape y se conocieron extraordinarias revelaciones, pero en un aspecto muy importante no llevó las pesquisas hasta las últimas consecuencias pues no investigó si con los sobornos recibidos por los allegados políticos de Santos, el Ñoño Elías y Musa Besaile, se compraron votos en la votación presidencial para la segunda vuelta de 2014.
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