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El ataque de la noche del 22 de enero, en el que dos sujetos en moto lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno del barrio Santa Fe, enciende de nuevo las alarmas por la seguridad en Bogotá, al confirmar que el uso de explosivos sigue siendo una herramienta activa de intimidación y control criminal en distintos puntos de la ciudad.
El crimen, que ocurrió pasadas las 9.30 p.m. (hora pico en la zona), dejó un muerto (de 75 años) y 13 heridos, entre ellos cinco meseros, dos transeúntes, una trabajadora sexual, un fotógrafo y cuatro clientes. Si bien, todos se encuentran estables, cinco serán sometidos a intervenciones quirúrgicas, por la complejidad de las lesiones.
Aunque las autoridades aún no entregan una versión oficial sobre los móviles del hecho, la hipótesis principal apunta a la presencia de una estructura criminal conocida como Los Maracuchos, en el barrio Santa Fe. Su cabecilla, conocido con el alias de Maracucho, sería quien habría ordenado el atentado.
Antecedentes de ataques con explosivos
Desde hace años, Bogotá ha sido escenario de ataques con explosivos, que consolidan una modalidad de violencia asociada al control territorial, a las retaliaciones entre bandas y a la presión sobre comerciantes o trabajadores, que se niegan a pagar las extorsiones de grupos criminales como Los Satanás o el Tren de Aragua. Así, el uso de granadas ha tocado varios barrios, algunos históricamente cooptados por el crimen, como San Bernardo y Santa Fe, y otros en localidades como Tunjuelito, Fontibón o Kennedy.
La historia reciente muestra como desde 2023 es cada vez más frecuente esta modalidad. El 20 de junio de ese año, por ejemplo, sujetos en moto lanzaron un artefacto contra un bar de Venecia, en Tunjuelito, y días después, el 6 de julio, hubo otro ataque en la zona de moteles de Fontibón. En ambos casos las autoridades destacaron como antecedente amenazas extorsivas.
Vale resaltar que en 2024, la extorsión se consolidó como uno de los delitos de mayor crecimiento en la ciudad. Ese año se registraron 2.617 denuncias, lo que representó un incremento del 71 % frente a 2023. Este aumento se convirtió en el telón de fondo de una escalada de ataques con explosivos, como mecanismo de presión criminal, que se haría más visible en 2025,
Explosivos y control criminal
Uno de los primeros episodios de 2025 ocurrió en marzo, en Kennedy. En la madrugada de un domingo, detonaron una granada frente a la discoteca Paradais, en la calle 26 sur con avenida 68. El ataque dejó a seis personas heridas, todas fuera de peligro. En su momento, la Policía informó que el propietario no había reportado amenazas.
Ese mismo mes, los ataques se concentraron con fuerza en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe. Allí se conocieron, al menos, tres ataques, que dejaron cuatro muertos y 18 heridos, muchos habitantes de calle. Según las autoridades, la seguidilla estaría relacionada con la guerra entre bandas como Los Venecos y Los Costeños, por dominar el microtráfico. Acá quedó claro que los ataques en vía pública obedecían a una lógica de “castigo colectivo y demostración de poder, que superó el choque directo entre estructuras criminales”, advierte el analista de seguridad, Andrés Nieto.
En su momento, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, señaló: “tuvimos casi siete lanzamientos de granadas en el barrio San Bernardo. Después, de manera contundente, atacamos a los cabecillas. Quiero dejar claro que no se trata de satanizar a los habitantes en condición de calle. Ellos también son víctimas de estas estructuras criminales. Una de las primeras tareas era evitar que San Bernardo se convirtiera en un nuevo Bronx y creo que ese objetivo se logró”, añadió.
No obstante, los ataques continuaron en otros puntos de la ciudad. En abril de 2025 el escenario fue Fontibón. Una granada explotó en la calle 17 con carrera 135, dejando cuatro heridos, entre ellos, un menor de edad. Las primeras hipótesis apuntaron a que el ataque iba contra un bicitaxista, como una retaliación entre bandas delincuenciales, en su lucha por las economías ilegales. En este punto, la modalidad dejó zonas asociadas al crimen para extenderse a zonas residenciales.
En agosto de 2025, el escenario fue el barrio La Chucua, en Kennedy. Cerca de la medianoche, un motociclista sacó la granada de una maleta, le retiró el seguro y la arrojó contra las puertas de varios locales que, por fortuna, se encontraban vacíos. Tras la detonación, intentó huir por el sector de la avenida Boyacá con Autopista Sur, pero fue interceptado y capturado minutos después.
Este, de momento, es uno de los pocos casos en los que el responsable está tras las rejas, lo que contrasta con los otros atentados en la ciudad, donde las investigaciones avanzan sin resultados concluyentes, lo que demuestra las dificultades estructurales para esclarecer la autoría de este tipo de atentados, en especial cuando los responsables logran huir y las amenazas previas no siempre quedan documentadas.
Si bien, en el segundo semestre de 2025, no se conocieron públicamente más ataques, las granadas volvieron a tronar con el atentado de la noche del jueves 22 de enero.
Vistos en conjunto, los ataques desde 2023 dibujan un patrón inquietante: explosivos como instrumentos de intimidación, castigo y control, en conflictos que rara vez se limitan a quienes los protagonizan. La repetición de esta modalidad sugiere que las bandas criminales han incorporado el terror indiscriminado como parte de su estrategia, mientras la capacidad de respuesta del Estado sigue mostrando resultados desiguales.
Así las cosas, el desafío con el último atentado, además de esclarecerlo y dar con los responsables, será romper la lógica que permite que estas acciones se repitan en barrios o zonas que, pese al esfuerzo institucional, siguen siendo controladas por la criminalidad.
En el caso del barrio Santa Fe, por ejemplo, es claro que los controles biométricos para establecer quién entra y quién no, no bastan. Allí se requiere una intervención más profunda, si se tiene en cuenta que es una zona en la que confluyen redes de microtráfico, de alquiler de armas, trata de personas y explotación de mujeres, entre otros entramados criminales.
Para Nieto, los tratos que pactaron las bandas del sector hace años para que se respetaran los espacios en donde cada grupo delinquía, se pudieron haber roto con las capturas y los golpes que las autoridades han propinado a estas estructuras. Las fronteras invisibles, así como los “permisos” que otorgan las bandas a quienes trabajan en la zona, son un secreto a voces, que las autoridades no han logrado detener.
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