A caballo regalado sí se le mira el colmillo

El Grupo Semana, de Gilinski Bacal, que es el segundo hombre más rico, aportó mercados de “alto valor nutricional” para 10.000 niños menores de cinco años y $1.000 millones. A su vez, la Fundación Santo Domingo (del tercero de los más ricos) entregó $60.000 millones para los programas de prevención y contención del Gobierno nacional, además de cientos de miles de mercados y fondos para combatir el maltrato a las mujeres. Así mismo, el grupo Bancolombia participó en la donatón por Medellín y no se quedaron atrás las más grandes empresas de todo tipo: el grupo Bolívar, el grupo Char, Claro Colombia, Coca-Cola, Cemex, Amarilo… Por parte de las mineras, AngloGold Ashanti entregó mercados y termómetros, El Cerrejón regaló agua embotellada en La Guajira y Cerromatoso repartió alimentos en Córdoba.

Estas ayudas son, por supuesto, valiosas en los actuales momentos tan difíciles y en este contexto es imposible criticar o pedir más detalles sobre las donaciones. La filantropía, por principio, no se regula, se esculca ni se cuestiona. Es por esto que, además de colectas, “donatones” y buenas intenciones, conviene quizá recordar la necesidad de una reforma que edifique una nueva estructura tributaria. Pues, si vamos a hablar de grandes donaciones, cabe incluir en la conversación las millonarias ayudas que el actual Gobierno hace a empresas, agroindustriales y hoteleros, entre otros, a través de las exenciones, subsidios y descuentos en la tributación que introdujo la Ley de Financiamiento de 2018. O de los regalos que reciben los dueños de la mayoría de tierras que, gracias a la mala información sobre propiedad y uso de la tierra en Colombia, no pagan tampoco lo que deberían. Hoy la desigualdad nos parece normal e incluso inevitable, pero no sería tan marcada sin la existencia de estas ayudas que sabotean todo tipo de redistribución.

La reforma tendría que introducir impuestos más serios a los ingresos personales y acabar con sinvergüenzas exenciones a compañías. Esto, para que durante los tiempos de COVID-19 no sean solo caridades las que se reciben de empresas e individuos con patrimonios altos o concentraciones grandes de tierra. Para que no sea El Cerrejón el que provea con agua humanitaria a las comunidades de La Guajira, sino que, mediante recaudos importantes, se puedan extender redes de acueducto y que sea el Estado el que regule los subsidios al agua, a partir de una solidaridad forzada, tal como lo estipula la ley desde mediados del siglo XX.

Estos cambios, sin embargo, no se ven cerca. “No es momento de pensar en reformas tributarias”, explicó en radio el presidente Duque, que considera inconveniente e inviable añadir impuestos y en lugar de optar por la redistribución se propone acudir a créditos. Su Gobierno promociona también todas las donaciones recibidas por el sector privado del país, que —según se informa—, pese a la adversidad, decidió “ponerse la camiseta de Colombia”.