«Seguridad debe venir del Estado»: Asociación Colombiana del Petróleo

Si bien el boom petrolero trae grandes beneficios a la economía del país y a las regiones, también exige grandes retos, como el de la seguridad en los campos de exploración y producción, que se traduce en más recursos y mayor personal.

Ante esa realidad el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, invitó a las compañías petroleras a que contribuyan a garantizar su propia seguridad.

Frente a este planteamiento, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez, respondió tajantemente al ministro: “Nosotros como sector tenemos muy claro que la seguridad debe ser provista exclusivamente por el Estado. El sector petrolero no puede pensar en que él mismo genere sus propios esquemas de seguridad privada”.

Martínez sostuvo que en convenios de cooperación con las Fuerzas Militares y la Policía, el sector petrolero aporta $100 mil millones al año, sumados a los impuestos de patrimonio que sufraga cada compañía.

Explicó que los presidentes de las compañías petroleras ya se reunieron con el ministro de Defensa para analizar el tema. “Ahora el Gobierno tiene la tarea de presentar el nuevo esquema que se soportará en la seguridad regional”.

El dirigente añadió que el dinamismo del sector ha hecho que la inversión pase de US$500 millones a US$2.300 millones en los últimos cuatro años, lo que ha incidido en el incremento de la producción de hidrocarburos.

La industria pasó de explorar 8 millones de hectáreas a 38 millones, situación que permitió incrementar las reservas.

Gracias a las inversiones, el país puede garantizar producciones diarias de más de un millón de barriles durante la próxima década.

Martínez recalcó que el país pasó de perforar 14 pozos exploratorios a 160 este año y de 80 a más de 600 en el sector productor, lo que genera nuevos beneficios y retos al país.

El dirigente consideró que si bien no se ha encontrado un gran yacimiento, las empresas petroleras son optimistas de que la buena noticia pronto llegará.

En los últimos cuatro años el número de empresas pasó de 25 a más de 100 y se espera la llegada de nuevos inversionistas, si se tiene en cuenta que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) prepara una nueva ronda para adjudicar campos.

Otro de los retos del Gobierno es poder agilizar la atención de las solicitudes de licenciamiento ambiental, razón por la cual el Ministerio del Medio Ambiente tendrá que ajustar sus esquemas de operación.

En lo que va corrido del año se presentaron 152 solicitudes ambientales, de las cuales 96 están pendientes de una solución. De está cifra, 36 requirieron información adicional y en lo que resta del año se tienen previstas 75 solicitudes nuevas.

Este auge en el sector ha hecho que se incremente el número de personas que viajan a las zonas petroleras en búsqueda de un empleo, si se tiene en cuenta que el salario mínimo de un obrero no calificado es de $800 mil, lo que equivale a un jornal de $39.000.

Esta situación tiene en aprietos a los alcaldes y a las propias compañías petroleras, que ven cómo se generan presiones a las compañías para que solucionen problemas que corresponden al Gobierno, como la construcción de vías, escuelas, hospitales e incluso de universidades.