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Después de leer la noticia del pasado 5 de mayo sobre el ambiente en el Congreso para reformar la Ley 100 de 1993, surgen varias inquietudes:
La cuantificación del senador Juan Luis Castro acerca del porcentaje de dinero destinado a promoción y prevención no menciona los recursos que manejan el Ministerio de Salud, los departamentos y municipios. Así mismo, es curioso que califique esa cifra como insuficiente sin haberse realizado la evaluación del Plan Decenal de Salud Pública y sin implementarse la estrategia de atención primaria en salud ordenada en la Ley 1438 de 2011.
Después de 27 años de expedida la ley, es lamentable que el senador Gustavo Petro desconozca que el sistema de salud colombiano es de seguridad social, o sea que tiene como objetivo principal asegurar a la población, y por tanto continúe repitiendo el error conceptual de considerar a las EPS como intermediarias, desechando que además de la prestación de servicios, reaseguros, etc., asumen el riesgo de ese aseguramiento.
Restablecer el subsidio a la oferta, como se propone, es devolvernos a una estrategia que no funcionó de manera adecuada y que impidió el verdadero desarrollo del sector hospitalario público, que se limitaba a recibir el dinero sin hacer mayores esfuerzos por mejorar la tecnología y la calidad.
Le preocupa al representante José Correa el incremento de la deuda, pero no menciona que uno de los principales deudores es el propio Estado. El Gobierno es tan consciente de su responsabilidad que incluyó en el Plan de Desarrollo la denominada Ley de Punto Final, tal como más adelante lo manifiesta el senador Carlos Fernando Motoa.
Debe mencionarse que la cifra de informalidad laboral en Colombia es del 47 %, según el DANE, lo que necesariamente concierne al sector salud, que no es ajeno a los inconvenientes que afectan a los trabajadores de otras áreas económicas.
Los congresistas están en todo su derecho de opinar y proponer, pero lo que no pueden hacer es limitarse a expresar opiniones sin realizar ningún tipo de análisis sobre la verdadera situación del sector salud u omitiendo cifras o realidades evidentes de los demás sectores que también lo afectan.
Es entendible que se ataque la Ley 100, finalmente eso produce réditos políticos y genera el aplauso de la galería, pero no puede hacernos desconocer que la principal falla no está en la ley, sino en la política de Estado en el sector, la cual, de no ser corregida, limitará el desarrollo de cualquier sistema de salud que pretendamos implementar en Colombia.
Francisco José García Lara. M.D.
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