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La amenaza de la expansión del coronavirus hizo evidente la capacidad de las organizaciones comunitarias para manejar el territorio y evidenció el potencial que estas organizaciones —especialmente las juntas de acción comunal (JAC) y los cabildos indígenas— tienen para hacer intervenciones y generar acciones en pro del interés común.
En lugares apartados de las regiones Andes, Caribe, Pacífico y Amazonia, las organizaciones sociales han asumido el control del territorio definiendo a quiénes dejan entrar a una vereda y a quiénes no. Han estableciendo reglas internas de convivencia para evitar la propagación del virus. Las JAC regulan el acceso de camiones e insumos agrícolas y han dado paso a quienes llevan alimentos para las ciudades. Todo esto es posible porque están apoyados por normas y medidas de emergencia tomadas por el Gobierno, para hacer frente a la crisis de salud y económica, que hacen que sus acciones sean coincidentes con los propósitos de la legislación.
La carencia de agua, al igual que el COVID-19, es un hecho que afecta la vida y el bienestar de todos y requiere de determinaciones drásticas del Gobierno y ciudadanía. El deterioro de las cuencas amenaza el suministro de agua para la supervivencia humana y los procesos productivos. Esto puede evitarse si la capacidad de las organizaciones comunitarias, con el apoyo del Gobierno, se moviliza para la conservación del líquido y la gestión de territorios sostenibles. Desde 1974 hay una clara legislación que ordena proteger las fuentes de agua.
El COVID-19 ha evidenciado la importancia del autoabastecimiento de alimentos, y el agua es determinante para su producción. La destrucción de las cuencas aumenta la vulnerabilidad del productor de alimentos y amenaza la vida en las ciudades, que, sin agua, no son viables. Para que campesinos y propietarios de tierra protejan las cuencas, los usuarios de acueductos debemos transferir recursos y complementar el ingreso del campesino con pago por servicios ambientales (PSA), según la gestión de conservación de riberas de ríos, quebradas y nacimientos que ellos adelanten. Conservar cuesta.
La deforestación de la Amazonia tiene un gran impacto sobre la regulación del clima y la hidrología regional y local. El agua de Chingaza, que abastece Bogotá, depende del ciclo hidrológico de la Amazonia, y este de la existencia del bosque húmedo tropical que está siendo transformado, principalmente por especuladores prediales, en potreros para ganadería. Si suspendemos la titulación individual de tierras en la Amazonia y solo se hace titulación colectiva a las JAC, damos una opción productiva al campesino colono y desmotivamos la acción deforestadora de inversionistas y especuladores prediales. Para conservar el bosque debemos apoyar el desarrollo de opciones para su aprovechamiento sostenible e impulsar la reconversión de la ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles. La validez del título colectivo debe condicionarse al compromiso de conservar en bosque mínimo el 60 % del área asignada, y el Gobierno debe complementar el ingreso del colono con PSA por esa conservación.
La dinámica social frente al COVID-19 demuestra que la descentralización en el ejercicio del poder y la autogestión comunitaria desde las JAC puede ser una herramienta para evitar que las poblaciones locales sigan, como dijo la vicepresidenta, “atenidos” o, mejor, dependiendo de lo que los políticos de turno quieran hacer. El COVID-19 evidencia el poder y el gran potencial de las organizaciones comunitarias. Adelante con la autogestión comunitaria y la disminución del poder al Gobierno central.
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