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La radiografía que deja la deforme reforma a la justicia es una demostración para la ciudadanía de cómo se cruzan los hilos del poder y cómo cada funcionario tira para su lado, buscando su propio y único beneficio.
Desde Juan Manuel Santos, pasando por sus ministros y por los congresistas, sumados a los que antes eran respetables juristas y que ahora también han quedado al descubierto, hacen una debacle institucional que para los ciudadanos se traduce en más desconfianza y en un desánimo profundo de trabajar con honradez todos los días y responderle al país como se pide a través de todas las campañas mediáticas.
Es irónico y grotesco el cuadro. Cada protagonista está al acecho de lo que pueda llevarse como presa. Cada uno quiere adjudicar las responsabilidades a su alrededor y lavarse las manos. La falta de entereza es bochornosa. El presidente del Senado, Corzo de apellido pero corso en sus mañas sibilinas, deja caer palabras como estas, publicadas en El Tiempo: “la soberanía reside en el pueblo, y cuando hay una gran decepción por errores cometidos, hay que estar por encima del tema constitucional y legal”. No resulta presentable esto. Como tampoco lo es el que el secretario general del Senado lleve 10 años entronizado, con los truquitos, las maromas que habrá alcanzado… Ni tampoco el presidente de la Cámara que no lee antes de aprobar…
Por su parte, el presidente Santos retrocede (…“Santos óleos” dice agudo El Espectador), porque le asegura al Congreso que Él responde y que ninguno de sus miembros podrá ser acusado de prevaricato. Como quien dice, todos se extralimitan. Rondan los viudos del poder que quisieran a través de un referéndum producir una nueva Constituyente y allí sí acabar de cuadrar todos los micos que faltan en esta horrorosa fotografía nacional. Hasta un baquiano político como Vargas Lleras confiesa que aún siendo él el primero que armó la reforma a la justicia, “se solidariza con el gobierno” para hundirla, aunque afirma que es la quinta que cae en 10 años y, con su espíritu pragmático advierte que en adelante cualquier mandato se cuidará de proponer otra reforma.
Pero no es sólo el descomunal conflicto de intereses de quienes están legislando en causa propia, ni las transacciones que veladamente han debido hacer para dejar a todos enfilados, ni la corrupción que entrañan estos procedimientos. Es algo todavía peor. Es ese mensaje de desánimo que se trasmite al país, a los peatones, a esos que ven prevalecer las conductas cínicas, ven cómo se imponen, cómo son premiadas y cómo terminan resultando funcionales. Si existiera un termómetro para la moral, sería útil aplicarlo en este instante para ver cuál es el grado de decaimiento en el que se encuentra Colombia.
Ahora comparten la comidilla de los corredores dos temas coincidentes: aquella época de Pablo Escobar, el patrón del mal, que pasa en televisión, con sus simpatías implícitas para muchos y aborrecibles métodos para otros, y este sainete de cinismo en el que la ética ha quedado apuñalada por varios frentes. Y a este espectáculo asisten niños y jóvenes que están descubriendo una pedagogía extra rápida de la vía del atajo, la que pasa por encima del otro para alcanzar lo que sea, sin medir ninguna consecuencia.
Qué pena de país. ¿Habrá alguien, o algo, que nos alivie de arrastrar todavía más la moral por el suelo? ¿Qué tan lejos queda de hoy, una Colombia que no de pena?