Ganó el poder ciudadano

Pesó la preocupación por una eventual crisis judicial, pero lo que llevó al presidente a tomar una medida tan rápida y drástica como devolver la reforma al Congreso, fue el temor a que la indignación popular siguiera creciendo al ritmo acelerado que mostraban las redes sociales —impulsadas por los líderes de opinión— y que reproducían los medios de comunicación. Prueba de ello es que el Gobierno prefirió el riesgo jurídico al riesgo político. Prefirió enfrentar al poder legislativo que al poder ciudadano. Calculó que podía mitigar el riesgo institucional, pero no el político, que amenazaba daño estructural.

Porque el Gobierno sabía que no se trataba de una rabieta popular pasajera, sino de un tsunami potencial porque tenía un arma poderosa: un referendo revocatorio, que si tomaba fuerza podía terminar afectando más al Gobierno que al Congreso, cuya suerte electoral —a diferencia de la del presidente— no depende de la popularidad.

Y favoreciendo a Álvaro Uribe, que había atacado la reforma y la relación de Santos con las cortes, desde el principio. Lo que se produjo fue un forcejeo de poderes en que prevaleció el poder ciudadano sobre el Gobierno, y éste a su vez sobre el Congreso.

En la Era Social (sucesora de la Era de la Información por impacto de las redes sociales) hay una crisis de liderazgo político, porque el liderazgo ahora es ciudadano. Nadie tiene más seguidores y capacidad de convocatoria que el poder ciudadano, que se construye en horas, con una mano invisible, a través de las redes sociales. Porque hoy la comunicación no es de una sola vía entre el poder político y la ciudadanía, sino que ésta contesta y propone en tiempo real. Las alarmas se prendieron primero entre los líderes de opinión, que a través de las redes sociales y los medios de comunicación se lo comunicaron y explicaron al país. A la conclusión de que era peor el remedio que la enfermedad llegó primero el poder ciudadano que el poder político. La competencia por definir el problema y recomendar la solución, es decir, por fijar la agenda pública, se la ganó ampliamente el poder ciudadano al poder político.

Lo que puede empezar ahora es un segundo round entre los poderes institucionales y el poder ciudadano, entre la democracia representativa y la participativa, ya no sobre mantener o derogar la reforma, porque ya nadie la defiende, sino sobre el tema de fondo: ¿cómo reformar eficazmente la justicia? Demostrado que no es posible hacerlo a través del Congreso, el camino parece ser el de un referendo de reforma integral de la justicia, a cargo del único poder en que confía la ciudadanía —el poder ciudadano—, que podría ser propuesto por un sector ciudadano “no politizado” o por el Gobierno.

Pero esa es una empresa democrática gigantesca, a la que le falta un líder que con visión empiece por corregir el principal error de la reforma naufragada —el diagnóstico del problema de fondo de la justicia—, y con base en éste plantee con claridad el destino y conduzca con seguridad hacia él. En la Era Social, el poder ciudadano tiene grandes reflejos y puede reaccionar con rapidez. Falta ver cuánto liderazgo de largo plazo tiene hoy en Colombia.