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Vía directa a la restitución

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Con el título de “Vía alterna hacia la restitución”, el columnista Andrés Hoyos califica los resultados del esfuerzo como menos que mediocres, y, sin examinar el diseño de la política, según él “tímida y mal concebida”, plasmado en la Ley 1448 de 2011, ni considerar el trabajo para aplicarla hecho por la Unidad de Restitución, propone como solución al problema de la seguridad la de no entregar la propiedad sino el usufructo de las tierras a los campesinos, para evitar que los violentos los vuelvan a despojar.

Devolver la propiedad a los despojados es, para Hoyos, como regalar un reloj de oro a un joven que vive en un barrio lleno de bandidos, para que lo roben.

No está mal concebida una política que invalida todas las transacciones de propiedad que se hicieron al amparo de la violencia para despojar a los desplazados, que invierte la carga de la prueba en contra de los tenedores actuales, que formaliza la propiedad restituida a sus dueños, que acompaña la restitución con medidas de reparación adicionales y que da apoyo productivo a quienes deseen retornar a sus tierras.

Tampoco es pequeño el impacto esperado de la política, que en diez años, o incluso antes, puede devolver el patrimonio a 360.000 familias despojadas. Pagar esa deuda con las víctimas inocentes del conflicto, quienes perdieron todo en la guerra, es empezar a curar las heridas causadas por el terror sobre la población campesina y por tanto asegurar un mejor futuro para el mundo rural y el país urbano. Es el esfuerzo más ambicioso de restitución emprendido en el mundo, liderado por el presidente Santos y el ministro Juan Camilo Restrepo.

No se trata de una política sin enemigos e intereses encontrados. Restituir significa despojar a los despojadores de su botín, y quienes robaron por la fuerza van a pretender defender por la fuerza lo robado. La diferencia con el despojo, en el que el victimario se enfrentó con la víctima indefensa, es que en la restitución se enfrenta con todo el poder del Estado, que asume como propia la causa de las víctimas, y no con éstas, que reciben la protección de sus derechos.

La restitución no va a depender del liderazgo y el activismo de las víctimas, a las que les basta presentar sus reclamaciones, sino de la acción comprometida de la Unidad de Restitución y de los jueces y tribunales, empeñados en cumplir la ley aun de oficio, sin acción de parte. Un componente esencial de la restitución es negar a la violencia la capacidad de ser un modo legítimo de adquisición de la propiedad, de manera que aun si una tierra despojada no fuera reclamada por su dueño anterior, la sociedad y el Estado tienen interés legítimo de quitarla de manos de los despojadores, igual a como sucede con la extinción del dominio mal habido. Si no depende del activismo de las víctimas, tampoco la pueden frenar las intimidaciones y asesinatos inútiles de los reclamantes, cuyo único resultado será acelerar el fin de las organizaciones violentas y de sus contratantes al atraer la atención de la justicia y la Fuerza Pública sobre ellos.

La restitución es una intervención deliberada en la estrategia frente al conflicto armado, que consiste en tomar partido por los desarraigados de su tierra y así inclinar la balanza de la lealtad campesina hacia el Estado que protege sus derechos, que funda de nuevo la legitimidad de las Fuerzas Armadas en la defensa de los derechos de la población vulnerable, y esa alianza es mucho más poderosa para derrotar a los violentos que la defensa armada del latifundio excluyente de unos pocos, que produjo la aberración del paramilitarismo.

Alejandro Reyes Posada

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