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Fátima*, una consejera migratoria que vive en Nueva York, les da el mismo consejo a todas las personas migrantes con las que se cruza en las calles de Times Square: “Paga tus impuestos”. En cuestión de minutos, y al ver la mirada perdida de los recién llegados, enseña la ruta para hacerlo: hay que obtener un Número de Seguro Social (SSN), que es solo una de las identificaciones fiscales, o Número de Identificación del Contribuyente (TIN), que se utiliza para presentarse ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Aquellas personas que no puedan obtener un SSN, dice Fátima, pueden solicitar un número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), independientemente de cuál sea su estatus migratorio. Ella, como miles de familias de migrantes en Estados Unidos en situación irregular, creció con la idea de que portarse bien y tener sus cuentas claras con el fisco hacen que sea más probable asegurar un buen tránsito hacia la regularización. Y durante todo este tiempo, los migrantes lo han hecho sin miedo, pues el mismo IRS los ha alentando a tributar asegurándoles que su información es secreta y que nadie sabrá de su estatus migratorio. Sin embargo, esa creencia popular está a punto de derrumbarse.
El IRS, que ha obtenido en estos procesos de tributación los datos de estas personas (nombres, direcciones, empleadores e ingresos), está a punto de sellar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para intercambiar los datos sobre los contribuyentes, lo que despierta grandes temores entre la población indocumentada.
“Todos están muy mal, con mucho miedo y algunos ni quieren informarse ya”, dice Fátima hoy. Es un miedo que corrobora
Carl Davis, director de investigación del Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP), quien le dijo a Axios que “hay un aumento general en el temor a la deportación, independientemente de lo que suceda con los datos de las declaraciones de impuestos del IRS”.
El IRS no le entregará todos los datos al DHS de inmediato. Según un borrador del memorando sobre esta medida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia del DHS que tiene entre sus funciones las deportaciones, le enviaría al IRS una lista de nombres y direcciones de las personas que sospecha que están en situación irregular, y luego la agencia tributaria los confirmaría. Hasta ahora, el IRS ha mantenido estos datos confidenciales y tiene prohibida la difusión indebida de esta información. Para muchas personas, esto ha sido visto como una “traición”.
“Me alarman profundamente los informes de que el IRS está considerando compartir datos confidenciales de los contribuyentes con el ICE. Durante décadas, los inmigrantes indocumentados pagaron impuestos con la certeza de que su información fiscal no se usaría en su contra. Esto sería una traición y debe detenerse”, dijo la senadora Jacky Rosen.
De hecho, el propio Donald Trump había dicho durante su primera campaña a la presidencia en 2016 que consideraría adoptar una política para permitir que indocumentados sin antecedentes penales permanecieran en el país si pagaban impuestos, lo que marca un giro mucho más radical de su postura antimigración.
“Déjenme ir un paso más allá: pagarán impuestos atrasados, tienen que pagar impuestos, no hay amnistía, como tal, no hay amnistía, pero trabajamos con ellos”, dijo Trump.
La solicitud de estos datos debería ser presentada por la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien visitará Colombia este jueves, luego de su paso por México y El Salvador. Este es otro paso más en la agenda antimigratoria del presidente Donald Trump, que se suma al retiro de casi medio millón de permisos para migrantes otorgados en los últimos dos años.
El DHS publicó un aviso informando que cancelará el permiso humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), un programa que ya había suspendido el gobierno de Donald Trump en su primer día en la oficina. Es decir, no solo se terminaron las nuevas emisiones de permisos, sino que se están cancelando los documentos de quienes ya lo tenían.
Esta medida afectará a unas 530.000 personas que, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, llegaron a Estados Unidos “a costa de los contribuyentes”. Esto, sin embargo, no es cierto: los beneficiados del CHNV pagaron sus vuelos para llegar a Estados Unidos, como exige el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), luego de haber validado sus datos ante las autoridades estadounidenses y encontrar une “sponsor” que iniciara su proceso y aceptara ser responsable del solicitante cuando llegara a Estados Unidos. Ahora, estas personas tendrán un plazo hasta el 24 de abril para “autodeportarse”.
Los expertos en migración recomiendan a las personas que obtuvieron un parole humanitario bajo el programa CHNV que consulten con un abogado sus opciones para ajustar su estatus migratorio antes de la fecha límite, pues de lo contrario podrían enfrentar la deportación. En cuanto al uso de los datos fiscales de inmigrantes como arma, los expertos advierten que no solo causará pánico entre esta población y socavaría el cumplimiento tributario, sino que golpearía fuertemente a los estadounidenses y la imagen del servicio tributario.
“El IRS se creó para recaudar ingresos y administrar las leyes tributarias, no para servir como un brazo de control migratorio. Mantener esta simple distinción es crucial para mantener un sistema tributario eficaz que beneficie a todos los estadounidenses”, apuntó Tom Bowman, asesor de políticas, seguridad y vigilancia del Centro para la Democracia y la Tecnlogía.
Además, como señaló la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, los migrantes indocumentados “pagan por la educación de sus hijos (estadounidenses)”. Según registros, los 11,2 millones de migrantes indocumentados aportan un promedio de 6,4 % de sus ingresos en impuestos estatales y locales, equivalentes a unos US$90.000 millones en total, de los US$652.000 millones que pagaron todos los migrantes, indocumentados y regulares, en 2023 en impuestos. Una medida de este tipo podría desalentar las contribuciones tributarias de estos migrantes, según la periodista Laura Smith, alejándolos aún más de la vida pública.
“Hay informes de inmigrantes que rechazan asistencia alimentaria, servicios médicos y otros servicios públicos, así como que se niegan a denunciar casos de violencia doméstica por temor a llamar la atención sobre su estatus migratorio”, recalca Smith.
Al igual que el caso sobre el parole humanitario, desafiado en los tribunales en Boston, la medida sobre el IRS también sería demandada, esta vez por dos grupos defensores de derechos humanos en Chicago, apuntando que violaría la Sección 6130 del Código de Rentas Internas que limita la divulgación de información tributaria para proteger al contribuyente.
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