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Después de que se conociera que 40 de los 57 concejales que tienen esquema de seguridad en el país con camionetas blindadas se ubican en Bogotá, la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió llevar a cabo una revisión de los estudios que brindan o no estos servicios a los funcionarios de la capital.
El convenio entre la UNP y el Distrito
De acuerdo con la UNP, de los 45 concejales de Bogotá que tenían aprobado el esquema, cinco rechazaron estos vehículos. Asimismo, la cifra de funcionarios que cuentan con la protección podría explicarse desde el convenio que hay entre esta unidad y la Secretaría de Hacienda de Bogotá.
Bajo este convenio, la UNP lleva a cabo un análisis a cada funcionario y el esquema se brinda de acuerdo a cuándo: ingresó, realizó la solicitud, tramito el riesgo, salió la evaluación, se ordenó la protección y le correspondió la implementación de este a la UNP.
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Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, Edward Arias, señaló que el procedimiento se basa en que el funcionario radica ante la UNP esta solicitud, después, “la unidad debe establecer si está en riesgo ordinario o extraordinario, y de qué calidad es el riesgo extraordinario, efectivamente siempre se tiene en cuenta las condiciones en las que se presta el servicio y la situación del país”.
Teniendo en cuenta esto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, llevará a cabo una revisión de los estudios de riesgo que hace esa entidad con los concejales del Distrito, a raíz del convenio que se firmó en el 2014, entre Hacienda y la UNP, el cual estaría próximo a vencer en enero de 2023.
“En Bogotá hay un convenio entre la UNP soportada por Hacienda, en resto del país no tiene convenios, sino dependiendo de las circunstancias las personas se someten como cualquier funcionario o ciudadano a un estudio individualizado que tiene que pasar por un análisis del riesgo y si hay lugar para ello por parte de la UNP”, explicó la entidad.
Por su parte, la concejala Marisol Gómez, del Nuevo Liberalismo, se cuestionó la inversión del Distrito con estos esquemas, que de acuerdo con ella, “no necesariamente estarían basados en estudios rigurosos de la UNP”.
Recordemos que la unidad lleva a cabo estos estudios de evaluación de riesgos una vez al año. Y de acuerdo con la concejal, cada camioneta le cuesta a la ciudad $15 millones al mes, es decir, que desde la firma del convenio entre el Distrito y la UNP, la ciudad se habría gastado más de $37.000 millones en el alquiler de estas.
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Por Sara Caicedo
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