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Uno de los asesinatos que mayor impacto mediático generó en Bogotá en los últimos años fue el del empresario esmeraldero conocido como “Pedro Pechuga”, quien fue asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024 en un exclusivo conjunto residencial al norte de Bogotá. En ese convulso gremio fue conocido por ser el jefe de seguridad de los últimos dos zares de las esmeraldas: Víctor Carranza, quien murió en 2013 señalado de haber tenido nexos con grupos paramilitares; y Jesús Hernando Sánchez, asesinado el 8 de abril de 2025 en el mismo lujoso condominio donde murió su mano derecha.
Tras su muerte se supo de la estrecha amistad de “Pedro Pechuga” con el mundo de la política, más precisamente con dos caras visibles del Partido Verde: Iván Name, expresidente del Senado, y Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial de Gustavo Petro, los dos actualmente procesados penalmente por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aunque varios de sus movimientos todavía son un misterio para las autoridades, El Espectador conoció sobre uno que adelantó en la víspera de su asesinato y que está relacionado con un codiciado megapredio ubicado al sur de Bogotá. En la mira lo han tenido narcos, urbanizadores piratas, políticos y un violento clan esmeraldero.
Se trata de La Azotea, un enorme terreno de 300 hectáreas, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y que también colinda con algunos barrios del municipio de Soacha. El predio es popularmente conocido por albergar el Palo del Ahorcado, donde miles de católicos peregrinan, en especial durante la Semana Santa. Ese predio, conformado por tres lotes (La Azotea 1, 2 y 3), está desde hace años inmerso en un laberinto judicial, del cual hacen parte denuncias ante la Fiscalía, sanciones disciplinarias y un reciente fallo condenatorio contra quienes han intentado quedarse con ese extenso inmueble que equivale, aproximadamente, a 350 canchas de fútbol.
El negocio de la cantera de La Azotea
Una de esas maniobras para quedarse con parte de La Azotea la ejecutó el esmeraldero “Pedro Pechuga” tres meses antes de recibir el disparo que acabó con su vida. A finales de abril de 2024, Juan Sebastián Aguilar, como realmente se llama “Pedro Pechuga”, radicó un documento ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad gubernamental encargada de administrar los bienes que han sido incautados a las mafias colombianas. La solicitud del esmeraldero pedía que le vendieran 24 hectáreas de La Azotea, ya que correspondían a un título minero que adquirió para explotar una cantera de materiales pétreos para una de sus empresas: Meraky SAS. Pero, ¿por qué el terreno estaba en manos de la SAE y qué vínculo habría tenido con grupos al margen de la ley?
Resulta que en 2020 la Fiscalía ordenó decomisar, entre otras propiedades, los lotes 2 y 3 de La Azotea, señalados de pertenecer al clan esmeraldero de Horacio Triana, quien fue extraditado en 2019 a Estados Unidos por narcotráfico. En Colombia, este exjefe criminal tiene una condena de 10 años de cárcel tras confesar un crimen que tiene una profunda conexión con esta historia: ser el cerebro de un ataque sicarial contra el zar esmeraldero Hernando Sánchez. Ese atentado, perpetrado en 2012 en la Zona T de Bogotá, le dejó graves secuelas de salud a Sánchez, hasta que fue asesinado en abril de 2025.
Fuentes del mundo esmeraldero señalan que la pelea por La Azotea era uno de los frentes de guerra que mantenían Hernando Sánchez y “Pedro Pechuga” contra los Triana. “Desde que murió Víctor Carranza, en 2013, Sánchez y Horacio Triana se disputaron el control del mercado de las esmeraldas. A partir de allí ha sido asesinada gente de lado y lado. Además, Triana denunció ante la Fiscalía que Sánchez le robó acciones de Esmeraldas Santa Rosa, una de las empresas del gremio que da más plata. Incluso, Triana piensa que Sánchez le entregó información a Estados Unidos sobre sus negocios de narcotráfico”, indicó la fuente, quien pide no revelar su identidad por motivos de seguridad.
Romano, el urbanista
En efecto, los dos lotes decomisados por la Fiscalía pertenecieron hasta 2016 a una empresa de dos hijos de Triana: Yerson y Eduar Alexis Triana Rincón. El primero de ellos fue acusado por la Fiscalía de integrar la Oficina del San Andresito de la 38, red sicarial y de lavado de activos que lleva décadas enquistada en pleno centro de Bogotá. El segundo fue alcalde de Maripí (Boyacá) y ahora es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Posteriormente, en 2017, los predios 2 y 3 de la Azotea cambiaron de dueño: el promotor inmobiliario Eduardo Romano las compró con el fin de construir un megaproyecto de vivienda de interés social.
Sin embargo, tras el decomiso hecho por la Fiscalía en 2020, Romano y sus socios no han podido materializar la megaobra, con la que esperan, dicen ellos, “construir viviendas de este tipo, pero más amplias”. En entrevista con este diario, Romano señaló que, en 2016, cuando compró los predios a los Triana, no había ningún problema judicial conocido públicamente contra ellos ni contra su padre. Además, dice que el anterior dueño de los terrenos fue el biólogo pereirano Luis Fernando Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria Trujillo y rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Con ese precedente, para Romano, los predios tenían origen lícito.
“Llevamos décadas luchando contra la informalidad y todas estas organizaciones criminales que se han trato de apoderar de los inmuebles. Esto, incluso a costa de mi salud, mi patrimonio económico y mi propia seguridad personal, así como la de mi familia y las personas que han creído e invertido en el proyecto inmobiliario. La justicia me ha reconocido como víctima, me ha venido dando la razón y espero que las entidades gubernamentales entiendan la importancia de los predios no solo para Ciudad Bolívar, sino también para Bogotá”
Hace apenas cuatro meses, en septiembre de 2025, un juzgado de Bogotá ordenó devolver 21 bienes que le habían decomisado a los Triana. El juez del caso argumentó que devolvió los bienes porque la Fiscalía, luego de cinco años de haberlos decomisado, nunca presentó la demanda de extinción de dominio. Romano le dijo a El Espectador que un tribunal tiene pendiente definir si levanta o no las medidas cautelares que impuso el ente investigador sobre los dos lotes. Lo cierto es que nadie más intentó comprarle a la SAE la cantera que está dentro de La Azotea tras el asesinato de “Pedro Pechuga” frente a su familia y esquema de seguridad.
Un narco y urbanizadores piratas
El más reciente movimiento de un expediente judicial relacionado con La Azotea ocurrió el pasado 19 de enero en Bogotá. Un juzgado penal de la capital del país condenó a siete años de prisión a una excorregidora del barrio Mochuelo Bajo, de la localidad de Ciudad Bolívar. El fallo señaló que la exfuncionaria torció un proceso administrativo con el fin de entregarle ilegalmente una parte del predio al hijo del fallecido excongresista Rafael Forero Fetecua, quien fue conocido en los años ochenta por ser uno de los mayores urbanizadores piratas del país.
Otra de las personas que, según Romano, le reclamó por la propiedad de La Azotea fue Ignacio Álvarez Meyendorff, exnarcotraficante del cartel del norte del Valle que estuvo preso en Estados Unidos. Romano denunció ante la Fiscalía que, en noviembre de 2019, Álvarez Meyendorff le hizo esa solicitud acompañado de un viejo conocido suyo: Gregorio Tirado, un comerciante inmobiliario que ya había sido denunciado ante la Fiscalía por el propietario de La Azotea tras intentar estafar a varias personas con la venta de lotes. Seis meses después de esa reunión, Tirado Ruiz fue asesinado frente al estadio El Campín. Según el diario El Tiempo, se movía en el negocio de las esmeraldas y acumulaba denuncias por estafas vinculadas a tierras.
Las teorías sobre el asesinato de “Pedro Pechuga”
Cuando “Pedro Pechuga” radicó su solicitud ante la SAE, en abril de 2024, este ya vivía en estado de alerta permanente. Cinco meses antes, mientras estaba en las oficinas de Esmeraldas Santa Rosa (de la cual era uno de sus principales accionistas), un sicario intentó matarlo; sin embargo, solo fue alcanzado por las esquirlas de los vidrios de su despacho. A partir de allí, la Fiscalía empezó a indagar sobre quién pudo perpetrar el ataque. Además del clan Triana, las autoridades indagan si participó un excapo narcotraficante, quien ha sido mencionado por el presidente Gustavo Petro como el cerebro de un plan para asesinarlo: Julio Lozano Pirateque, alias Patricia.
Al igual que Horacio Triana, Lozano Pirateque habría reclamado la participación accionaria que le dejó a Hernando Sánchez en la empresa Esmeraldas Santa Rosa. “Ese movimiento de acciones se dio meses antes de que Lozano Pirateque fuera extraditado a Estados Unidos, en 2010. Al parecer, cuando Pirateque volvió a Colombia, en 2016, no se las devolvieron. Desde entonces, todo lo que esté vinculado a Hernando Sánchez es blanco de Lozano Pirateque. Incluido Pedro Pechuga”, dice un funcionario judicial que investiga este capítulo de la mafia colombiana.
La Policía tiene serias sospechas de que Lozano Pirateque realizó una jugada a dos bandas para recuperar sus bienes y, de paso, entregarle al Clan del Golfo a Sánchez, quien desde 2021 estaba en la mira de la organización del extraditado criminal con alias “Otoniel”. Este hecho quedó en evidencia en un audio revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en el que el líder del Clan del Golfo ordenaba a sus hombres asesinar a Hernando Sánchez. Lozano Pirateque le dijo en 2025 al diario El Tiempo que no tenía vínculo con ninguno de los asesinatos y que permanece en la legalidad.
Lo cierto es que este episodio de Pedro Pechuga revela un capítulo hasta ahora desconocido de la violenta disputa entre esmeralderos, narcos, urbanizadores piratas y políticos por un codiciado megapredio en el sur de la capital.
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