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Entre 2012 y 2020, el laboratorio Pronabell S.A.S. ganó aproximadamente $63.414 millones en ventas de un polémico producto conocido como Dololed. La empresa farmacéutica vendió en esos años el medicamento fitoterapéutico, compuesto en su totalidad por caléndula, para aliviar cualquier tipo de dolor. Sin embargo, en 2018, un grupo de científicos alertó que esa publicidad no era tan cierta y la empresa estaba engañando a los compradores, pues el producto tenía un químico sintético que ponía en riesgo la salud. A pesar de las pruebas científicas, las autoridades encargadas de velar por la calidad de los productos y la seguridad de los pacientes nunca sancionaron a Pronabell.
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Pero eso podría cambiar, pues el Consejo de Estado acaba de aceptar una demanda que busca justicia en un caso que causó escándalo en 2020. Se trata de un recurso judicial que radicó una ciudadana ante el alto tribunal en junio de 2024 en contra de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que, en enero del año pasado, resolvió archivar la investigación por publicidad engañosa contra Pronabell. Según la demanda, las autoridades que tenían que velar por la calidad de los productos y la seguridad de los consumidores no hicieron su trabajo y se quedaron cortas en sus decisiones para responsabilizar a quienes adulteraron el medicamento y mintieron en su publicidad.
El proceso que ahora estudiará el Consejo de Estado se conoció en 2020, a raíz de una publicación de El Espectador. En ese momento, este diario contó que una investigación de la Universidad Industrial de Santander reveló que varias muestras de distintos lotes de Dololed no eran 100% naturales, sino que contenían diclofenaco, un químico sintético usado para aliviar dolores e inflamaciones. La Procuraduría entró en el debate y pidió investigaciones para determinar qué había pasado y quiénes eran los responsables. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la SIC abrieron investigaciones, mientras que el laboratorio resolvió defenderse demandando a la Universidad.
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El resultado de ambas pesquisas dejó más preguntas que respuestas. Por un lado, el Invima señaló que no pudo demostrar la responsabilidad del laboratorio en la “contaminación” Dololed con diclofenaco y, en consecuencia, archivó la investigación en 2022. La conclusión de la entidad fue rápidamente criticada por expertos, pues la razón para cerrar el caso fue que el medicamento que había testeado el Invima, y que recogió directamente del laboratorio, no tenía diclofenaco. Sin embargo, el Instituto ya tenía un informe en el que, luego de recoger muestras en diferentes droguerías de Bogotá, Funza, Armenia, Montería, Natagaima, Ibagué, Villavicencio y Bucaramanga, en Barranquilla y en Medellín, la conclusión era que sí tenían esa sustancia sintética.
Mientras esa investigación avanzaba, lo propio hizo la SIC, que abrió en 2021 un proceso administrativo para sancionar a los laboratorios Pronabell por publicidad engañosa. Aunque en 2023 la Superintendencia le impuso a la empresa una multa de $348 millones, en segunda instancia el proceso fue archivado. La razón: como el Invima no responsabilizó al laboratorio Pronabell por la adulteración del medicamento, la SIC no podía hacer nada diferente que cerrar el proceso. Según la demanda contra esta decisión, los argumentos de la Superintendencia para archivar el caso Dololed fueron “parciales, arbitrarios, caprichosos e irrazonables”.
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Además de pedir que la alta corte tumbe la decisión que archivó el caso, la demandante pidió que se declare que la empresa sí es responsable de publicidad engañosa y de la adulteración del medicamento con el químico. También, que la farmacéutica priorizó llenar sus arcas a través de mentiras, que cuidar la salud de los consumidores a los que, según la demanda, les mintió sobre los componentes de Dololed. La determinación del Consejo de Estado de estudiar la demanda es clave para el proceso. No solo porque está a meses de prescribir, sino porque sería el único proceso que ha avanzado en el sistema judicial para responsabilizar a quienes contaminaron el medicamento con un químico sintético y no lo informaron.
Que el Consejo de Estado entre a revisar este proceso se da justamente cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que, en lo que tiene que ver con productos fitoterapéuticos, existe un serio peligro a la salud de los colombianos. Por primera vez, un fallo judicial determinó que existe una vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y la salubridad pública de los consumidores y usuarios que compran estos productos, confiando ciegamente en que sus productores, y quienes deben mantenerlos en regla, están diciendo la verdad. Según la sentencia, el caso Dololed es prueba de las grietas del sistema, la desprotección de los pacientes y las debilidades del sistema para sancionar a quienes mienten. Por eso, la decisión que pueda tomar el alto tribunal es crucial en esta historia.
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