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Después de todo lo que hicieron por elevar el debate climático internacional a las más altas instancias de la diplomacia, la Unión Europea y los gobiernos de Estados miembros claves se encontrarán pronto frente a una paradoja fundamental. Quienes han sido vanguardia y norma del mundo, van camino a un año de escaramuzas y largos conflictos políticos en el intento de hacer realidad sus ambiciones climáticas. (Recomendamos: Lea aquí todos los artículos de la serie Pensadores globales 2022).
El 14 de julio, sin hacer mucho aspaviento, la Comisión Europea reveló una de las respuestas de política climática más importantes desde la firma del Acuerdo de París, en 2015. El plan Objetivo 55 de la Comisión propone un modelo audaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55 % de aquí a 2030 y alcanzar la emisión neta nula en 2050. El plan, que incluye un conjunto preciso de propuestas de políticas adaptadas a una variedad de geografías, sistemas sociales, combinaciones energéticas y niveles de riqueza, es realmente impresionante y muestra en forma clara cómo será la implementación del Pacto Verde de la UE en la práctica.
A diferencia de su homólogo estadounidense, el Pacto Verde europeo no nació del activismo de base. Aunque es una respuesta a demandas a las que los votantes dieron su apoyo en las últimas elecciones de la UE, la base de la iniciativa es el ejecutivo europeo. La Comisión tiene el mérito de haber movilizado la experiencia tecnocrática y legislativa necesaria con más rapidez que cualquier otra institución en el mundo. Y como el Pacto Verde europeo definirá la política económica en el mayor mercado común del planeta, tiene potencial para sentar nuevas normas en el ámbito internacional y definir los contornos de la futura economía descarbonizada.
La UE lleva años ejerciendo esta forma de poder blando en áreas como el grado de emisión de los vehículos, la eficiencia de los electrodomésticos y muchos otros temas críticos. A medida que el Pacto Verde europeo siga tomando forma, es posible que este “efecto Bruselas” se extienda a otras cuestiones técnicas (por ejemplo, la normativa para los vehículos eléctricos) y acelere el abandono mundial del motor de combustión interna (cuya eliminación en Europa está prevista para 2035).
Objetivo 55 es un paquete concreto de medidas que ya está financiado, al menos en sus primeras etapas. Junto con el propósito de la UE de que las fuentes renovables representen el 40 % de su combinación energética en 2030, las metas de emisión del plan envían una señal clara a otras economías avanzadas para que también piensen en grande y eleven sus ambiciones.
La UE también es un líder mundial en finanzas sostenibles. Su taxonomía de actividades sostenibles ofrecerá una muy necesaria claridad sobre el tipo de inversiones a las que se puede considerar “verdes”. Mediante la codificación de nuevos estándares, es de prever que la taxonomía de la UE influirá en los mercados de capitales de todo el mundo.
Los diplomáticos europeos han sido muy exitosos en alentar a otras grandes potencias a subir la vara de sus ambiciones climáticas. En este sentido, la implementación del Pacto Verde será una importante prueba para Europa. En un momento en que las tensiones sinoestadounidenses alcanzan máximos históricos, todavía no está claro qué papel tendrá Europa en la próxima fase de la diplomacia climática. Mucho dependerá de su capacidad para hablar con una única voz colectiva, en vez de confiar pasivamente en los vínculos bilaterales y comerciales ya existentes de sus Estados miembros. Para hacer sentir su influencia en la escena internacional, Europa tiene que actuar en bloque. ¿Podrá hacerlo?
El desafío por delante
Durante los primeros seis meses de 2022, Francia tendrá la presidencia del Consejo Europeo (en coincidencia con sus elecciones presidencial y legislativa, que se realizarán en abril y junio, respectivamente). Necesitará actuar con tacto para hallar un equilibrio entre intereses diferentes y hacer los ajustes que demanda el hecho de que la canciller alemana saliente, Angela Merkel, ya no estará presente en la política europea. Una de las principales tareas de Francia será promover el Objetivo 55 dentro de sus fronteras y entre los Estados miembros. Para que el Pacto Verde se haga realidad, Francia tiene que ayudar a adaptar las metas de la Comisión a una variedad de contextos políticos nacionales.
Aunque superar estos desafíos políticos no será fácil, la dirigencia europea debe recordar algo muy sencillo: el Pacto Verde es una invitación a repensar el contrato social. En vez de imponerlo como una política única y uniforme para todos, hay que presentarlo como un pacto ciudadano. Y puesto que demanda legislación, es una oportunidad para un debate abierto sobre cuestiones cruciales de justicia social y equidad. En tanto, la ola de apoyo a la acción climática es cada vez mayor. Es elocuente que una encuesta que se hizo hace poco en Francia haya mostrado que para nueve de cada diez votantes de derecha la cuestión medioambiental trasciende las divisorias partidarias, lo que se suma a una andanada de resultados similares en todo el continente.
Un modelo para tener en cuenta es la Convención Ciudadana por el Clima que se creó en Francia como respuesta a las protestas de los “chalecos amarillos” en 2018. El compromiso del gobierno francés de implementar las propuestas de la convención ha sido disparejo, pero las encuestas muestran que casi todas ellas tienen el apoyo de la mayor parte del país. En esto vemos obstáculos institucionales obvios que es preciso superar, pero también un potencial para aprovechar. Otros esfuerzos similares, por ejemplo en Irlanda, Escocia y otros países, además de una inminente iniciativa mundial, son señales de que están dadas las condiciones para la innovación democrática.
Como demuestra la crisis energética en la que está sumida buena parte de Europa, los precios del carbono ya generan grandes inquietudes, aunque su contribución al problema solo haya sido marginal. Cuestiones como esta se volverán a plantear una y otra vez durante la implementación de Objetivo 55. Las autoridades tendrán que hacer frente a toda clase de dilemas cada vez que aumentos en los precios del carbono se trasladen a sectores que afectan en forma directa la billetera de la ciudadanía; por ejemplo el transporte y la calefacción. Si a estos desafíos se les suma la necesidad de recapacitar sectores enteros de la fuerza laboral europea, sobre todo en las economías más dependientes de los combustibles fósiles, comienzan a verse los contornos de las próximas batallas políticas en Europa.
En el núcleo de la cuestión está el debate sobre financiación y endeudamiento. La gestión de la deuda compartida y de la deuda soberana de los Estados miembros seguirá siendo una de las cuestiones políticas más importantes (y difíciles) en la agenda europea. Cuando comiencen a abrirse las nubes de la pandemia en Europa, habrá presión para que se regrese a la normativa fiscal que pone límites a los cocientes de endeudamiento de los Estados miembros. La línea divisoria ya está trazada. Mientras países como Francia, Italia y España son partidarios de flexibilizar las normas, un bloque “frugal” —liderado por Austria y apoyado por Países Bajos, República Checa y Suecia— se opone con firmeza a esas modificaciones.
En cualquier caso, la continuidad del crecimiento económico en Europa será muy diferente de lo que imaginan los modelos actuales. Un modelo de emisión neta nula plantea dudas importantes. ¿Cómo será la nueva trayectoria de crecimiento? ¿Será necesaria una caída del consumo privado? ¿Habrá un lugar más importante para la inversión, en particular la inversión pública? Y en caso de ser así, ¿de dónde saldrán esos recursos?
Es evidente que los gobiernos europeos tendrán que compatibilizar un programa de inversión capaz de implementar el Pacto Verde con un plan viable para la consolidación del déficit. Es decir que tendremos que reconsiderar el significado de la financiación y el endeudamiento, comenzando el año entrante. En lo peor de la crisis del covid-19, los Estados miembros de la UE se mostraron una auténtica solidaridad mutua en la decisión de reforzar el gasto público, que en buena medida se financió con deuda mutualizada. El fondo de recuperación fue un avance histórico. Pero la contienda política que se avecina implicará para Europa una prueba de magnitud mucho mayor.
Hay obvias razones para excluir las inversiones climáticas del cálculo del cociente deuda/PIB, y para repensar las normas fiscales a corto plazo, cuando la prioridad real es preservar el planeta para las generaciones futuras. La transición a la emisión neta nula es un desafío extraordinario, pero también es el momento de brillar para Europa. Hay que aprovecharlo lo más posible.
* Copyright: Project Syndicate, 2021.
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