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El gasto del Gobierno se ha multiplicado con los apoyos a la población más vulnerable, a la vez que ha renunciado a recaudar el impuesto a los bienes de primera necesidad y ha aplazado el calendario tributario.
El gasto público en verdad ha sido moderado, con traslados de los fondos de pensiones territoriales que son una deuda que debe honrar, al tiempo que el Banco de la República está multiplicando la liquidez y el Fondo Nacional de Garantías extiende el apoyo a las deudas de empresas. El posible mayor rubro de financiamiento del Gobierno es un préstamo flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) en dólares que está en estudio.
El Gobierno ha tomado medidas tímidas y limitadas para enfrentar las necesidades, como la “contribución” de las pensiones mayores de $10 millones por tres meses y otra discriminatoria e inconstitucional de imponerles recortes a los servidores públicos que ganen más de $10 millones.
Se trata de impuestos que sólo pueden aprobarse por el Congreso y por eso se les cambia el nombre. En efecto, el principio fundamental de la democracia es la tributación con representación, que el Gobierno está violentando por decreto. Estaría de acuerdo con que las pensiones hasta ahora exentas sean sujeto de tributación y también con que exista un impuesto progresivo a la renta de todos los empleados, públicos y privados, pero no con darles mordisquitos a sus ingresos.
Bien podría el Gobierno enviar un proyecto de urgencia a los legisladores para acopiar recursos que se requerirán hacia adelante, y así responder por las deudas que se están contrayendo con los bancos privados que compran los títulos del Gobierno (que es un buen negocio) y la del FMI que está en dólares, es costosa y contiene riesgo cambiario.
Para comenzar, se deberían eliminar las gabelas contenidas en la “Ley de Crecimiento”, como la reducción de la tarifa de renta de las empresas, el traslado de los impuestos municipales y el IVA a los bienes de capital. Las utilidades de las empresas el año entrante serán pequeñas, así que la medida no tendrá impacto inmediato. Se podría compensar con la reducción de los aportes de las empresas a las cámaras de comercio, que se han convertido en sitios lucrativos para politicastros.
Seguidamente se debería agregar progresividad al impuesto de renta de las personas y aprobar un impuesto a la riqueza permanente y no temporal, como acostumbran a hacer nuestros congresistas. El catastro se debe actualizar para que los propietarios de tierras contribuyan al fisco nacional como cualquier otro ciudadano. Todas estas medidas podrían contribuir con 5 % del PIB a las exiguas arcas del Estado, y con ese colateral aumentaría la capacidad de endeudamiento y gasto del Gobierno.
Es importante reactivar la producción del país para que los gastos que se están ejecutando y los que se tengan que hacer en el futuro no den lugar a la inflación, que es un impuesto a los salarios. Sin embargo, se debe hacer con medidas estrictas que protejan a la población del coronavirus, como jornadas sucesivas de trabajo para no causar aglomeraciones en el transporte —que debe ampliarse—, reestructuración de las líneas de producción, además de medidas de protección adecuadas para cada uno de los trabajadores. Las pruebas rápidas de contagio deben aumentarse para poder aislar a los infectados. Me temo que el Gobierno no se haya asegurado de la existencia de tales condiciones en su decisión de reabrir la economía.
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