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Son múltiples los beneficios teóricos de un sistema penal acusatorio que tiene como principios fundamentales la oralidad, la inmediación del juez con las pruebas y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento.

Se trata de un procedimiento garantista, que se considera una evolución respecto del viejo sistema penal inquisitivo, lento y poco respetuoso de la sociedad y las víctimas, como también arbitrario con los procesados. En el proceso acusatorio se vigila con mayor celo el principio de legalidad, la presunción de inocencia y la posibilidad de contradicción entre las partes. Es, en pocas palabras, el mejor escenario que existe hoy para que un juez, de forma independiente, decida quién tiene la razón y cuáles son las consecuencias.

A pesar de lo anterior, en nuestro medio el sistema penal acusatorio tiene falencias de grandes dimensiones. Unas de ellas son puramente presupuestales, otras estructurales y algunas de carácter práctico. Pero también, sobre la administración de justicia se cierne un peligro más grave que la arbitrariedad producto de la debilidad institucional. Se trata de la intervención descomedida y desbordada de algunos medios de comunicación, que transmiten sin criterio alguno las diligencias judiciales como si se tratara de una telenovela y abren sus micrófonos para trasladar los pormenores del debate judicial a sus espacios. Y aunque en apariencia su participación se enmarca en el principio de publicidad que brinda transparencia a los procesos, lo cierto es que en la práctica están afectando la administración de justicia, presionando a los operadores judiciales y acabando con el equilibrio que el proceso se esfuerza en mantener entre la fiscalía y la defensa.

¿Quién se atreve hoy a dejar en libertad a un procesado que la opinión considera culpable? ¿Habrá imparcialidad en el juicio de aquellos cuya audiencia esté siendo transmitida en vivo y en directo? Lo cierto es que los jueces, para no ser investigados, no sólo deben consultar la ley y la jurisprudencia, sino también la reacción de la opinión respecto del caso que vienen estudiando. Ellos saben la capacidad que tiene la prensa para impulsar destituciones e investigaciones en su contra. No es falso lo que digo. Basta saber que las partes del proceso penal no sólo contratan abogados, sino también estrategias de comunicación. Por eso vemos a testigos e imputados saliendo en televisión, tratando a como dé lugar de sumar seguidores a su causa y bandidos hablando horas enteras acusando a todo el mundo, asunto irrelevante desde el punto de vista judicial, pero absolutamente indispensable en una contienda que ya saben se gana ante la opinión y no en los tribunales. Sólo la presión mediática sobre los procesos explica por ejemplo la constante filtración de pruebas y el cambio repentino y constante de operadores judiciales. Todos, en este desorden, se convierten en idiotas útiles de la destrucción de la justicia y víctimas de sus propias actuaciones.

El reality judicial que estamos presenciando tiene muchos responsables. Pero sólo los medios pueden impedir que continúe este infame espectáculo. Autorregulación y ética son la fórmula adecuada para cubrir los procesos judiciales sin interferir en la justicia y, al mismo tiempo, garantizar la información y transparencia necesaria en aquellos casos que resulten de interés para el pueblo colombiano.

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