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El primer ministro griego Yorgos Papandreu pudo terminar la semana con un respiro. No sólo consiguió que el parlamento lo autorizara a adoptar las reformas fiscales con las que busca ahorrar US$40.000 millones, también logró que la Unión Europea (UE) apoyara un nuevo rescate económico similar al aprobado el año pasado (US$158.000 millones) a cambio de la participación del sector privado en la financiación y la aprobación de las medidas.
“El apoyo de los líderes europeos fue concedido porque reconocen el esfuerzo y los sacrificios de los griegos. Saben que estamos haciendo todo lo que podemos”, manifestó el gobernante a la prensa tras obtener el aval comunitario.
Pero el lunes comienza una nueva semana crítica para su gobierno, cuando presente el plan de austeridad a consideración de los parlamentarios. No se avecina un trámite fácil, pues el proyecto contempla el aumento de los impuestos, recortes en pensiones, subsidios estatales y sueldos públicos por cerca de US$40.000 millones, despidos en las entidades oficiales y privatizaciones con el objetivo de recaudar US$70.000 millones.
De hecho, los partidos de oposición advirtieron que a toda costa bloquearán el proyecto. “Apoyamos las privatizaciones, las reformas estructurales, el aprovechamiento de los activos del Estado y el freno al despilfarro para reducir el déficit y la deuda. Pero no podemos apoyar unas políticas erróneas, que profundizan la recesión”, le dijo Yanis Mijelakis, portavoz del conservador Nueva Democracia (ND), que cuenta con 86 escaños.
En el mismo sentido se han expresado los ultraderechistas de LAOS (15 parlamentarios), los comunistas (KKE, con 21 representantes) y la Coalición de Izquierdas (9 diputados), mientras que otras agrupaciones, como la disidencia conservadora Alianza Democrática (5 escaños) aún no han revelado su intención de voto.
Actualmente los socialdemócratas del PASOK, el partido oficialista, cuentan con la mayoría parlamentaria (155 escaños de los 300 que componen al parlamento griego). Pero el triunfo para las reformas no está garantizado. Por una parte, las disputas internas están causando fisuras en la unidad, lo que se refleja en el anunció de voto negativo de dos de sus representantes.
Por otra, la oposición busca que las medidas fiscales se aprueben no por mayoría simple (151 votos) sino por la disposición parlamentaria para los proyectos de relevancia nacional, que exige una aprobación de 180 votos.
Otro riesgo podría darse una vez que el Parlamento apruebe la reforma. Así lo advirtió Jean-Claude Juncker, presidente de la UE, en la cumbre del grupo realizada ayer en Bruselas: “Es evidente que hay que verificar que el texto aprobado tenga una aplicación inmediata en la realidad griega, pero una cosa es aprobar una ley y otra cosa es aplicarla”.
El lunes comenzarán las negociaciones entre gobierno y oposición para sacar adelante el requisito comunitario. De ellas depende no sólo la aprobación de un nuevo salvavidas, sino el futuro de la misma economía griega, que afronta un déficit fiscal del 10,5% de su PIB (US$34.400 millones) y una deuda que asciende a US$485.000 millones.