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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha concentrado la atención nacional e internacional durante los últimos días luego de que se difundieran en redes sociales videos de disparos letales contra dos civiles en Minneapolis, primero el 7 de enero contra Renée Nicole Good y el sábado 24 de enero contra Alex Jeffrey Pretti. Agentes federales durante operativos migratorios dispararon contra ambos.
Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del Sistema de Atención Médica de Veteranos (VA) en Minneapolis, murió durante las protestas contra ICE en Minneapolis. Fue derribado por un agente y luego recibió varios disparos, como muestras los videos captados por los transeúntes. Declaraciones gubernamentales han alegado que el enfermero amenazaba al agente con un arma, pero, aunque hay imágenes que muestran que un uniformado recuperó un arma durante el forcejeo, no hay evidencia de que el ciudadano estuviera poniendo en riegos a los agentes.
El Departamento de Seguridad Nacional, ente rector del ICE y la Patrulla Fronteriza, confirmó que Pretti fue declarado muerto en el lugar de los hechos. La agencia federal justificó los disparos como “defensivos” por parte de un agente, al tiempo que tildó a los manifestantes de “alborotadores”: unas 200 personas en el sur de Minneapolis que, según su versión, buscaban “obstruir y agredir” a las fuerzas del orden, según cita The Guardian .
Otras imágenes captadas por ciudadanos, han mostrado a los agentes intimidando peatones exigiendo identificación, rompiendo vidrios de carros ante la negativa de los ciudadanos a descender del vehículo, entre otras acciones. Ante este uso de la fuerza que muchos critican por excesivo por parte de los agentes, es prudente preguntarse: ¿qué pueden hacer las instituciones, como el Congreso y la justicia, para garantizar que esto no suceda más?
Según el experto Dorian Kantor, analista de seguridad internacional y director de Kantor Consulting, en estos casos la responsabilidad principal recae en el Departamento de Justicia, a través de su División de Derechos Civiles. En muchos de estos casos, el FBI actúa como organismo investigador, ya que el gobierno federal puede abrir una investigación penal cuando existen sospechas de violaciones de derechos civiles o delitos cometidos por un agente durante un operativo.
“Aunque las fiscalías estatales pueden procesar a agentes federales por delitos como homicidio, en la práctica el gobierno suele invocar la inmunidad federal cuando el agente actuó en funciones oficiales, lo que muchas veces frena o traslada esos casos a la justicia federal”, afirmó Kantor.
Es importante destacar la creciente presión social y el descontento ciudadano ante estas prácticas, cada vez más agresivas por parte de los agentes bajo la administración de Donald Trump. Dichas acciones no solo han afectado a migrantes en situación irregular, sino también a ciudadanos estadounidenses que se convierten en víctimas, resaltan medios como The New York Times .
“Va a haber mucha presión social y muchos reclamos para que se regule esta situación. Uno de los problemas del sistema de common law que utiliza Estados Unidos es que muchas de estas normas no están claramente formuladas y quedan en un limbo jurídico, por lo que claramente habrá un llamado a establecer reglas más precisas», afirmó Alejandro Bohórquez, profesor FIGRI de la Universidad del Externado en Colombia.
Según el periodista Charles Thomas en The New York Times, lo que ocurre en Minneapolis —con homicidios de civiles a manos de agentes federales— representa “la ruptura más profunda de Donald Trump con la democracia estadounidense”. Esto expone las grietas del plan migratorio trumpista, que carece de ideales y reglas claras, y se sostiene solo en demostraciones de poder.
“Esto puede marcar un punto de quiebre importante en la forma en que la sociedad se organiza. Estados Unidos tiene una larga historia de movilización social y lo que se empieza a vislumbrar es una movilización muy fuerte, especialmente de quienes no están de acuerdo con el trato que consideran cruel hacia los inmigrantes”, explicó Bohórquez.
Según Kantor, el problema de estos casos es institucional: el Departamento de Justicia decide si investiga o no, y nadie puede obligarlo. Si el gobierno sostiene que el uso de la fuerza fue legítimo, resulta muy improbable que haya consecuencias penales.
Asimismo, las pruebas deben cumplir ciertos estándares como contar con evidencia balística, autopsia forense, grabaciones de cámaras corporales y de vigilancia, peritajes sobre uso proporcional de la fuerza, testimonios de testigos presenciales y reconstrucción técnica del operativo.
¿Cómo puede actual el Congreso?
Por su parte, a nivel estatal, los fiscales generales y los tribunales pueden iniciar investigaciones, pero el gobierno federal puede trasladar los casos a la justicia federal o invocar la inmunidad funcional del agente. Sin embargo, esa inmunidad no anula automáticamente los procesos estatales: todo depende de si el agente actuó dentro de sus funciones y de si hubo un uso excesivo y evidente de la fuerza, según Kantor.
“En principio, los tribunales sí pueden limitar el despliegue de fuerzas federales de carácter paramilitar en comunidades locales si se demuestra que hubo violaciones a derechos constitucionales o una interferencia indebida con competencias estatales”, explicó el analista.
El Congreso ahora controla formalmente el financiamiento de agencias como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y podría reducirles asignaciones, condicionar fondos a reglas estrictas sobre uso de la fuerza y transparencia, o incluso congelar programas específicos como unidades tácticas o compra de armamento militarizado para forzar cambios o rendición de cuentas.
“Sin embargo, en el contexto político actual estas opciones son prácticamente inviables. Ambas cámaras del Congreso están bajo control republicano y alineadas con la Casa Blanca, y no existe una coalición mayoritaria dispuesta a utilizar el presupuesto como instrumento de contención”, afirmó Kantor.
El presupuesto del DHS vence el 31 de enero de 2026, con varios congresistas republicanos ya anunciando su oposición al proyecto de financiamiento, lo que eleva el riesgo de un nuevo cierre parcial del gobierno federal.
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Por Laura Henao Arévalo
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