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A pocos días de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el mandatario colombiano anunció que el país dejará de usar los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir los cultivos de uso ilícito de coca. La decisión, publicada en su cuenta de X el pasado 22 de enero, se da luego de una investigación académica que señaló que, durante años, las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que hace parte de la Unodc, sobreestimaron el número de hectáreas de coca cultivadas en el país. El informe, titulado Los Datos de la Coca: el registro del cultivo y su destrucción, fue publicado por Plano Negativo, laboratorio creado en 2023 entre la agencia de investigación Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad.
El Espectador habló con los investigadores del documento, que también se refirieron a la reciente decisión del presidente Petro de excluir la metodología de la Unodc. El primer punto que destacó el historiador Óscar Pedraza, codirector de Plano Negativo, es que el país, antes de cerrarse a estos estudios, debería contar en paralelo con más investigaciones que comparen las cifras. “La falta de transparencia y posibilidad de contraste de la información es un problema que está en el centro de la forma en que se utilizó la metodología original del Simci. Esa es una de las grandes preguntas: los datos no salían completos y había muy poca discusión que permitiera mejorar la recolección de información de los cultivos de coca”.
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En una publicación en X, Petro calificó como “pésimamente construido” el indicador de potencial de producción de cocaína utilizado por la Unodc y, en esa misma línea, señaló que “dado el oscuro método estadístico utilizado, el Gobierno nacional no lo volverá a usar”. El mandatario agregó que fue una “injusticia” la descertificación en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos en septiembre de 2025. La decisión del gobierno Trump fue seguida, el mes siguiente, por la inclusión de Petro en la Lista Clinton, y la nueva determinación de excluir los datos de la ONU, que han sido tomados desde 1999, podría complicar la cooperación antidrogas y tensar de nuevo la relación de Colombia con Washington, según fuentes enteradas del tema.
En el último reporte de la Unodc, de octubre de 2024, la agencia señaló que Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas de coca y que la producción potencial de cocaína pura creció un 53 % entre 2022 y 2023. El pasado 19 de enero, en un Consejo de Ministros, el presidente ordenó al director de la Policía, el general William Rincón, divulgar mensualmente los reportes sobre cultivos de coca. Según datos del Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía, solo hasta agosto de 2025 se registraban 262.179 hectáreas sembradas, una cifra que el Gobierno asegura es un 15 % inferior a las reportadas por la ONU años atrás. “Se ha entregado a la DEA todos los estudios, y todos muestran cómo hemos logrado disminuir a cero la tasa de crecimiento”, señaló Petro.
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Por más de 25 años, los informes anuales de la Unodc se han basado en mediciones y encuestas rurales que se dividen en cuatro regiones de Colombia, las cuales se visitan cada año y se revisan con imágenes satelitales. La ONU destacó que en los últimos diez años, la industrialización de los enclaves cocaleros duplicó el número de toneladas que sacan de cada lote de coca, pasando de 4,1 tm/ha en 2013 a 8,5 tm/ha en 2023. Por su parte, el Siima se basa en un monitoreo satelital permanente y con reportes mensuales. Con la culminación del contrato entre Colombia y la Unodc para la medición de los cultivos de uso ilícito de coca en diciembre pasado, y la renovación en entredicho, el modelo de la Policía sería la alternativa.
Más allá de la decisión del Ejecutivo, los investigadores de Plano Negativo destacaron que las cifras sobreestimadas de la Unodc han alimentado una narrativa exagerada de la problemática de la coca en el país. “Hay un problema de transparencia que no solo compete a Colombia, sino también a todas las instituciones nacionales e internacionales que hacen parte. Lo importante es que la sociedad colombiana piense qué ha significado que durante 25 años se haya construido un discurso de intervención militar basado en unos datos que no son ciertos. Las cifras tienen una capacidad política y son funcionales para diferentes intereses. Pueden ser un lugar de conflicto o una posibilidad”, destacó el investigador Pedraza.
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De las intervenciones militares que destacó el estudio se encuentra el Plan Colombia, una estrategia de cooperación con Estados Unidos implementada a partir del 2000 por el gobierno de Andrés Pastrana para combatir el narcotráfico y los grupos armados. De acuerdo con Hannah Mészáros, escritora y codirectora de Plano Negativo, uno de los casos más destacados durante esta política fue el de Putumayo, “donde encontramos en el 2000 una cifra tan exagerada del Simci de casi 70.000 hectáreas de cultivos, y nosotros solo encontramos un poco más de 6.000. Luego de estas cifras, la Policía fumigó más de 70.000 hectáreas en el departamento”, que de acuerdo con su investigación, no tenían cultivos de uso ilícito de coca.
Otro problema que señalan los investigadores es relacionar a los cultivos de coca como principal factor de la deforestación en Colombia, invisibilizando otras problemáticas como la ganadería en zonas como Guaviare. Según el estudio, estas economías están estrechamente ligadas a los episodios de erradicación forzada que han transformado la Amazonia. “La ganadería, tanto en su aspecto legal como ilegal, es normalizada. Hay ganado por fuera de la frontera agrícola, cerca de Chiribiquete. El estigma solo a la coca por mucho tiempo se volvió funcional para no discutir qué estaba pasando con la deforestación en Colombia”, puntualizó el topógrafo Paulo Murillo, investigador del informe y profesor de la Universidad del Tolima.
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A la espera de una respuesta de la ONU sobre las críticas a sus mediciones, los investigadores de Plano Negativo señalaron que el objetivo de su informe es que se abran espacios para cuestionar la narrativa que han llevado las Naciones Unidas sobre la problemática de la droga y, desde esa apertura, reconocer los impactos que han dejado estas políticas en comunidades campesinas. La investigadora Mészáros concluyó que, al no existir esa transparencia en los datos oficiales: “Es muy difícil entender cuál ha sido la dimensión del daño ambiental en el agua, el subsuelo y en la salud. Son estudios que no se han hecho, y es una deuda con las personas que han sufrido los efectos de la violencia de la erradicación”.
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