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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no le creyó al general (r) Miguel Maza Márquez. El alto uniformado, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán, tocó la puerta de la justicia transicional desde 2018 por ese caso, pero se la cerraron esta semana por su renuencia a hablar sobre el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP). Una y otra vez, la JEP le ha dicho que no hay espacio para revisar la sentencia en su contra, por una razón fundamental: el exoficial retirado no está en capacidad ni disposición de realizar ningún aporte de verdad, el requisito inquebrantable que debe cumplir quien quiera entrar a la Jurisdicción Especial.
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Entonces, ¿en qué queda este general, que estuvo en el teatro de operaciones en una de las épocas más violentas y que, por lo mismo, podría esclarecer detalles inéditos del conflicto armado en el país? La pregunta tiene dos respuestas, pues así está dividida la realidad judicial de Maza. Por un lado, el general había pedido pista en la JEP para que ese sistema estudiara la condena que en su contra emitió la Corte Suprema de Justicia en 2016, en la que lo sentenció a 30 años de prisión. Lo hizo al considerarlo coautor del asesinato del candidato a la Presidencia del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, y del concejal de Soacha Julio César Peñaloza.
Sin embargo, para la JEP esa opción nunca fue clara. En 2020, la Jurisdicción Especial le explicó al general (r) que no tenía competencia para reabrir el magnicidio de Galán, pero podría admitirlo por uno de los delitos por los que fue condenado: concierto para delinquir. A cambio, el general (r) debía presentar un compromiso de verdad y reparación a las víctimas. La respuesta no le gustó a Maza Márquez, quien por ese entonces decidió retirarse de la JEP de manera voluntaria. Ahí fue Troya. No le aceptaron el retiro y le aclararon que debía quedarse porque su comparecencia era obligatoria al haber sido integrante de la Fuerza Pública. Él insistió en su renuncia.
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Su abogada incluso le dijo a la JEP en 2022: “Mi prohijado no está en capacidad ni en disposición de realizar ningún aporte adicional de verdad o reparación, así como tampoco cuenta con ningún aporte de verdad adicional que pueda presentar ante la Jurisdicción Especial para la Paz”. En sus escritos aseguraba que era la propia justicia especial la que impedía que Maza Márquez aportara verdad: “Al excluir injustificadamente su jurisdicción frente al homicidio de Galán, impide que mi representado aporte información frente a este suceso, pese a que tal información, en manera alguna, comprometa su responsabilidad”.
Aunque ante la JEP argumentó que no tenía la obligación de quedarse, porque él había pedido pista allí como civil, en paralelo se le abrían otros caminos en la justicia ordinaria. Mientras insistía en salir de la JEP, el exministro Andrés Felipe Arias, sin querer, le mandó el salvavidas que necesitaba. La llegada a la Corte Constitucional de la condena contra Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro llevó a una sentencia que ordenó que todo aforado condenado en única instancia debería tener la posibilidad de impugnar su sentencia y acceder a la segunda instancia (una garantía jurídica que no existía en Colombia hasta antes de 2020).
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Sin pensarlo dos veces, Maza pidió salir de la JEP para impugnar su condena ante la Corte Suprema. Solo hasta esta semana el enredo judicial terminó de resolverse: la Jurisdicción le cerró las puertas y se quedó sin escuchar el testimonio de uno de los más altos oficiales de seguridad del país que tenía en sus manos la protección del candidato presidencial que más posibilidades tenía de salir presidente en las elecciones de 1990. La propia Sala de Definición de Situaciones Jurídicas dijo que Maza no mostró “ningún interés en entrar en un proceso restaurativo encaminado a satisfacer, real y efectivamente, los derechos de las víctimas”.
Hasta ahí no llega el paso del general por la Jurisdicción Especial. Los relatos como el de Maza son primordiales para la reconstrucción de lo sucedido durante 50 años de guerra. Por eso la JEP quiere, al menos, que hable de lo que conoce del exterminio de la Unión Patriótica. Aunque ha comparecido en ese caso en varias ocasiones, no sin desplantes, el general (r) ha negado tajantemente cualquier participación de él.
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Eso sí, ha dicho, por ejemplo, que Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha podrían haber tenido fichas de sus carteles en la entidad que él dirigía y que integrantes de batallones de inteligencia también fueron parte de grupos paramilitares. El magistrado que lleva el caso de la UP, Gustavo Salazar, le presentó documentos oficiales que darían cuenta de cómo el DAS sí participó en operaciones de inteligencia en las que se elaboraban listas de personas cercanas al partido que serían blanco de seguimientos. Él, categóricamente, desconoció todas las pruebas.
Al final de la sesión, incluso le dijo a Salazar que no había asistido a citaciones anteriores por su salud. “Me encontraba muy enfermo”, aseguró, y aclaró: “Pero estoy de acuerdo con estas investigaciones”. La JEP tiene todavía la competencia para juzgar al oficial retirado por hechos ocurridos mientras fue oficial. No se sabe aún si la Sala de Reconocimiento lo va a vincular como un máximo responsable del exterminio de la UP. Por ahora el paso de Maza por la justicia transicional solo recuerda al de los miembros de dictaduras del cono sur, que a pesar los reclamos de las víctimas, e incluso tras ser condenados, han optado por defender el honor y hacerle el quite a la justicia.
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