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Honduras eligió presidente en medio de retrasos, dudas e intromisiones internacionales. Los hondureños votaron el 30 de noviembre de 2025 y no obtuvieron los resultados hasta el 24 de diciembre, cuando se proclamó al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura como ganador. Sin embargo, las demoras y el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump al Asfura, generaron desconfianza tanto en el gobierno actual como entre los electores.
La presidenta Xiomara Castro —quien debe entregar el cargo a Asfura este 27 de enero— anunció la aprobación de un decreto del Congreso que ordena un recuento de votos. Lo justificó alegando irregularidades en las elecciones y cuestionando la mediación de Trump durante el proceso.
Lo que parece un acto de resguardo electoral ha generado polémica. El decreto fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y por varios países latinoamericanos, que lo consideraron poco fundamentado y carente de respaldo legal, según un comunicado del CNE.
El gobierno de Castro afirmó que, si el CNE se niega a cumplir el decreto, el Congreso se encargaría del recuento.
“Se trata de una confrontación entre poderes —el Legislativo y el Judicial— en un contexto electoral particular, pero no excepcional. Este tipo de choques ha sido recurrente en Honduras desde los años noventa. Quienes afirman que esta situación pone en riesgo la democracia hondureña pasan por alto que estos conflictos han ocurrido repetidamente y que su lectura responde a conveniencias políticas que a una evaluación objetiva del sistema democrático”, explicó Miguel Gomis, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, afirmó a Infobae que el organismo carece de facultades legales para ordenar un recuento una vez declarados oficialmente los resultados. Enfatizó que ni la Constitución ni el marco jurídico autorizan al CNE a reabrir escrutinios después de la proclamación de los ganadores, ni acatar disposiciones del poder Legislativo que interfieran en decisiones electorales firmes.
“La cuestión aquí no es su legitimidad, sino su constitucionalidad. Y, en mi opinión, la respuesta es no: no creo que sea constitucional, ni existe vía alguna para que el Congreso —y menos aún la Presidencia— interfiera en las decisiones del tribunal electoral”, aseguró Gomis.
Varios países latinoamericanos expresaron lo mismo en un comunicado conjunto, denunciando el decreto por “afectar la institucionalidad democrática”. Firmantes como Argentina, Bolivia y Paraguay ratificaron su reconocimiento al resultado oficial del CNE, avalado por observadores internacionales que confirmaron la voluntad popular del 30 de noviembre, declarando a Asfura presidente electo.
De acuerdo con el CNE, una vez contabilizado el 99,85% de las actas, la ventaja de Asfura se estrechó de más de 40.000 votos a 20.003 alrededor de las 9:00 p. m. hora local. Esta actualización le otorgó el 40,24 % de los sufragios (1.341.766 votos) frente al 39,64 % de su rival Salvador Nasralla (1.321.763), durante la segunda jornada del escrutinio especial.
Sin embargo, estos resultados se dieron a conocer casi un mes después de las elecciones, lo que generó dudas sobre su transparencia. Incluso Salvador Nasralla, candidato de derecha que disputaba la presidencia con Asfura, denunció fraude y exigió un recuento de los votos.
“En Honduras, el proceso de conteo de votos suele ser mucho más lento que en otros países, por múltiples razones, y es una situación habitual. El problema es que, en numerosas ocasiones, se ha visto obstaculizado por cortes de electricidad, fallas en internet y sospechas o denuncia de fraude: algunas infundadas, otras con sustento, como en 2017. En ese contexto, resulta comprensible que existan suspicacias”, explicó Gomis.
El CNE precisamente justificó la demora en los resultados electorales en problemas técnicos en el conteo y transmisión de actas. Defendió que la situación estuvo lejos de configurarse como un fraude.
En ese contexto, las dudas sobre el proceso electoral no se limitaron a los retrasos en el conteo, sino que derivaron en una disputa institucional abierta. Según el experto, este panorama también está ligado a la injerencia de Trump, denunciada por Castro. Destacó el perdón presidencial a Juan Orlando Hernández —en un momento clave—, que generó la impresión de un gesto transaccional con el Partido Nacional (al que pertenece Asfura).
Además, Trump respaldó públicamente a Asfura en redes sociales, presentándolo como la mejor opción para Honduras y advirtiendo aranceles y consecuencias económicas si no ganaba, al contrastar el gobierno saliente de izquierda con la derecha de Asfura.
Castro se pronunció en su cuenta de X sobre las declaraciones de Trump, llamándolo a un “diálogo directo y franco” respecto a las elecciones hondureñas. Criticó sus apoyos públicos a Nasry Asfura, al afirmar que “influyeron negativamente en el proceso democrático y perjudicaron a nuestra candidata”.
A pesar de las dudas, la polémica y las acusaciones —que no son nuevas en el panorama electoral hondureño, pues se remontan a décadas y no comenzaron con Asfura—, este martes 26 de enero Nasry Asfura se proclamará presidente. Queda por preguntarse hasta qué punto influye la injerencia estadounidense y cómo pueden garantizarse elecciones más confiables para la ciudadanía.
“No creo que se esté cuestionando la democracia más de lo que ya lo estaba. Dicho de otro modo, existía previamente una marcada debilidad institucional, por lo que esta situación no empeoró de manera sustancial una realidad que ya estaba presente”, concluyó Gomis.
Nasry Asfura, quien asumirá el gobierno hasta enero de 2030, enfrenta retos mucho más profundos que la mera polémica por su elección. Los principales desafíos de su mandato en Honduras giran en torno al desempleo, la inseguridad y el sistema de salud. Él mismo ha subrayado que estos temas exigirán un “trabajo constante y fuerte” en alianza con el Congreso, como le dijo a NTN24.
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Por Laura Henao Arévalo
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