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Hace un par de días, la Mesa de Rectores de Colegios Privados de Bogotá lanzó una alerta que prendió las alarmas entre los padres de familia: para 2026, entre 35 y 36 instituciones privadas cerrarían sus puertas en la ciudad. La noticia no cayó muy bien entre las familias, que empezaron a preguntarse si los planteles donde estudian sus hijos podrían verse afectados. Sin embargo, como explica Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, “un colegio no puede cerrar de la noche a la mañana. Es un proceso largo y regulado”.
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Carlos Ramos, delegado de los colegios privados de Puente Aranda (Bogotá), recuerda que en este proceso hay un actor clave: las secretarías de Educación. Estas entidades territoriales certificadas tienen a su cargo la inspección, vigilancia y control de las instituciones de educación, tanto públicas como privadas. Además, son las responsables de autorizar la apertura y operación de colegios y jardines privados. Todo esto se hace a través de un documento fundamental: la licencia de funcionamiento, que es el acto administrativo que otorga el reconocimiento oficial.
Entonces, añade Óscar Sánchez, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, cualquier ajuste que quiera hacer un colegio privado debe tramitarse ante las secretarías. “Ya sea una modificación a la licencia, la ampliación de su planta, reducción de grados e incluso el cierre”, explica. Ese proceso debe iniciarse, por regla general, seis meses antes de terminar el año escolar. Es decir, si una institución de calendario A planeaba hacer cambios para 2026, debía informarlo a más tardar en junio de 2025 y, dependiendo del trámite, se definía el tiempo necesario para que ese ajuste entrara en vigencia.
En el caso específico del cierre de colegios, Bonilla, actual directora ejecutiva de la Fundación Ábacos, enfocada en la educación económica y financiera, dice que Bogotá tiene descentralizadas estas funciones, de modo que son las Direcciones Locales de Educación, ubicadas en 20 localidades, las encargadas de las labores de control, vigilancia e inspección en cada zona. Por eso, cuando un colegio toma la decisión de cerrar sus puertas, el primer paso es informar a estas entidades para dar inicio a un proceso administrativo.
Durante esta primera etapa, advierte Sánchez, “debe garantizarse el derecho fundamental a la educación de los niños y niñas matriculados”, y los padres de familia deben ser informados de que la institución ha entrado formalmente en un proceso de cierre. En ese contexto, el Consejo Directivo es citado a una serie de reuniones, de las que debe quedar un acta en la que se expliquen las razones del cierre y los convenios establecidos con otros planteles educativos para asegurar la continuidad escolar de los estudiantes.
Después de esas reuniones, la institución debe entregarle a la Secretaría de Educación todos los archivos académicos y administrativos acumulados durante sus años de funcionamiento. “Debe compartir toda la historia del colegio: matrículas, seguimientos, expedientes, el historial de los alumnos y la información necesaria para garantizar la protección de datos”, añade Ramos, rector del colegio San Alejo. Una vez se cumpla ese paso, la Secretaría debe verificar que las familias hayan definido la continuidad educativa de sus hijos, ya sea mediante convenios con otras instituciones privadas o a través del sistema público.
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Con toda esa información, la Secretaría de Educación da inicio al proceso administrativo, que puede tardar hasta dos años, dependiendo del nivel de organización interna del colegio. Durante ese tiempo, se reúnen los elementos necesarios para que la licencia de funcionamiento pierda su fuerza jurídica y administrativa. “Es clave recordar que un plantel no sale del Directorio Oficial de Colegios mientras su licencia siga vigente”, aclara Bonilla. De hecho, en la actualidad existen instituciones que dejaron de operar hace más de dos años, pero que aún figuran en el directorio porque su licencia no ha sido cancelada.
Y, ¿qué pasa si un padre o acudiente no está de acuerdo con la medida? Sánchez indica que las familias pueden acudir a las entidades oficiales para presentar una queja o solicitar acompañamiento. Pero también es enfático en asegurar que nadie puede obligar a un colegio privado a mantenerse abierto, especialmente en un contexto donde deben sortear varias dificultades financieras. “No todos cuentan con el músculo económico para absorber estos cambios”, señala. A su juicio, los más golpeados son los colegios de clase media.
La crisis que se ha intensificado en los últimos años en los colegios privados de Bogotá
Desde hace varios años, Bogotá atraviesa un proceso silencioso, pero sostenido, de cierre de colegios privados, como lo describe Bonilla. Cifras del Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá (DUEB) muestran que, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el número de colegios privados pasó de 1.508 a 1.374, lo que equivale al cierre de 134 establecimientos en apenas dos años.
La principal razón, como hemos explicado en estas páginas, es la caída en el número de estudiantes matriculados. Todo apunta a que estos cierres seguirán aumentando, impulsados por el acelerado cambio demográfico de las últimas décadas, pues las familias tienen cada vez menos hijos.
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Un informe de la OCDE, publicado en 2024, muestra que la fecundidad total se redujo a la mitad en el mundo, al pasar de 3,3 hijos por mujer en 1960 a 1,5 en 2022. En Bogotá, según la Secretaría de Educación, esa tendencia se refleja en una caída del 51 % en los nacimientos entre 2009 y 2024.
A este panorama se suman las presiones económicas de los hogares y el crecimiento de modalidades como la educación en casa, que, advierte Mauricio Katz, director de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación, no está reglamentada en Colombia y no es recomendada. “Consideramos que los niños y las niñas deben contar con espacios de socialización y diálogo”, cuenta.
Bonilla también llama la atención sobre la reducción de la ola migratoria, un factor que ha empezado a sentirse en las matrículas. Entre 2022 y 2023, se registró la primera disminución en una década de la población venezolana en el país, un movimiento que comenzó a impactar al sector educativo en 2024. Anota que “mientras que en 2023 había cerca de 622.000 estudiantes venezolanos, en 2024 la cifra cayó a 600.000”.
Esta situación, para Ramos, se ve agravada por el aumento del salario mínimo en un 23 %, un ajuste que, anotan desde la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, no estaba en los cálculos financieros de muchos colegios. En busca de salidas a esta crisis, la Mesa Nacional de Educación Privada, la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados y el Ministerio de Educación han sostenido varios espacios de diálogo. Las peticiones del sector son claras: revocar la resolución que fija el tope de incremento en las matrículas o modificarla para permitir que los gobiernos escolares revisen la pertinencia de los servicios contratados antes de que termine 2025.
Desde el Ministerio, Katz asegura que la Oficina Jurídica ya prepara una respuesta, aunque insiste en que los criterios de la resolución “están ajustados”. Por eso, no ve viable elevar el porcentaje autorizado, que quedó en un 9,10 %. Si la situación no mejora, advierten desde la Mesa Distrital de Colegios Privados, al menos 100 instituciones podrían dejar de operar antes de que termine este año.
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