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Críticos del Gobierno descalifican sus políticas sociales orientadas a los pobres tachándolas de populistas, sin mayor conocimiento del término.
A diferencia de otras regiones, el populismo surgió en América Latina con la expansión de la urbanización. Se sustentó en la movilización de las clases medias con el fin de sostener caudillos y estuvo presente en la mayor parte de países. Los más pobres no fueron su prioridad. En el país, el proyecto populista fue decapitado por la oligarquía el 9 de abril de 1948.
La ciudadanía como tal es inexistente en gran parte de nuestra población. El ejercicio de sus derechos y obligaciones es impensable frente a necesidades vitales insatisfechas. Además, su expresión electoral es limitada dada la persistente abstención, a pesar de la venta del voto de los pobres. Pero este clientelismo no llega a los reductos de miseria. Por eso, una eventual obligatoriedad del voto sería un contrasentido, pues es impensable su cumplimiento en estos sectores, fuera de que atentaría contra libertades de por sí menguadas.
No parece, entonces, que el supuesto populismo, orientado hacia los pobres, sea una herramienta electoral clara, aunque tiene efectos políticos imprevisibles. Su uso por parte del Gobierno y las dificultades de cumplir con sus objetivos reflejan debilidades institucionales e improvisaciones en las políticas. El presidente ha usado un abanico de políticas para satisfacer su afán de figuración, liderazgo y búsqueda de un lugar en la historia.
Su perfil de componedor lo llevó a formar la Unidad Nacional, en contraste con la obsesión polarizante de su antecesor, que incrementó la intolerancia en un país tradicionalmente violento. Pero las fisuras de esta unidad estimularon ese abanico de políticas.
La inequidad social en el país —no sobra repetirlo— es una de las mayores del planeta. Por eso, el supuesto populismo está lejos de compensar los constantes beneficios de minorías opulentas. Tributación laxa y selectiva, exenciones de impuestos, regalos “productivos” a los ricos, gabelas en zonas francas, ventajas a usufructuarios —de buena fe— de tierras usurpadas y políticas complacientes con magnates son hechos que contrastan con las limitadas y promocionadas “dádivas populistas”, que además son objeto de resistencias de todo tipo.
Todo esto muestra las contradicciones entre los discursos oficiales contemporizadores con contenido social y la implacable aplicación de las ineluctables leyes del mercado.
¿Cómo pueden compaginarse, así, vergonzosos intercambios de costosos favores entre las élites de los poderes públicos mediante reformas a la justicia, con las buenas intenciones de políticas como la Ley de Víctimas? ¿Cómo puede progresar el loable afán de lucha contra la corrupción con funcionarios cuyas limitaciones frenan el ya paquidérmico transcurrir institucional? ¿Cómo puede resucitar la intención inicial del Gobierno de mejorar el mediocre sistema educativo dada su miopía frente a la prioridad de la educación? En fin, ¿cómo podrá, entonces, el presidente satisfacer su anhelo de pasar a la historia?
Francisco Leal Buitrago
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